Opinion · Dominio público

El legado del uno de octubre

Jaume Asens

Teniente alcalde de Barcelona

Como decía el filósofo Walter Benjamin, “mientras actuamos vamos claramente por delante de lo que es nuestro conocimiento”. Por ello, los seres humanos necesitamos el transcurso del tiempo para hacer inteligibles nuestras vivencias o acciones. Un año después del 1-O es seguramente un buen momento para empezar a hacer balance, o escribir la historia, de un período que quedara fijado en la memoria de todas y todos nosotros. En los hechos de octubre, la historia se condensó y aceleró de forma vertiginosa creando una gran fractura emocional entre buena parte de la sociedad catalana y el Estado español. Fueron acontecimientos cargados de sentido y nuevas coherencias difícilmente comparables con otras efemérides. De hecho, el 1-O fue el punto de inflexión de una de las movilizaciones más masivas, y sostenidas en el tiempo, que se han visto nunca en Europa. Un antes y un después de una batalla democrática absolutamente inaudita alrededor de unas urnas.

En primer lugar, se abrió una nueva era política con un fuerte empoderamiento ciudadano. A pesar de la prohibición del referéndum, casi la mitad de la población catalana decidió desafiar al Estado para defender su derecho a decidir sobre su futuro. Los días previos al 1-O ya se movilizaron miles de personas de colectivos tan diversos como los estibadores del puerto, los sindicatos, los estudiantes, los actores, los bomberos, los juristas o los agricultores con sus tractores. Una de las imágenes más impactados de aquella revuelta cívica fueron las caceroladas que noche tras noche repicaban desde los balcones de miles de casas para todos los municipios catalanes al grito de “queremos votar”. Una melodía ensordecedora que nos transportaba a luchas previas, como las protestas del 15-M o del “No a la Guerra”. A pesar de todas las dificultades, fue precisamente la sociedad civil organizada quien salvó las urnas con su propio cuerpo. Entre las entidades que participaron destacaron las AMPA o los llamados Comités de Defensa del Referéndum (CDR). Durante el fin de semana miles de vecinos de cada municipio ocuparon las sedes electorales para hacer debates, actividades lúdicas y resistir ante una posible clausura policial.

En segundo lugar, la reacción del Gobierno del PP provocó uno de los episodios de violencia institucional más grave que se ha vivido en período democrático en Europa. Se pretendía convertir una reivindicación legítima en una cuestión criminal en manos de jueces, fiscales y policías. Y para ello, no se dudó en imponer una especie de estado de excepción encubierto que superó muchas líneas rojas. De hecho, el propio Fiscal Jefe trató a los millones de catalanes que querían participar en esa cita como presuntos delincuentes que se situaban fuera de la ley. A partir de aquí, las semanas previas al 1-O quedó expedita la vía para enviar a diez mil policías de todo el Estado a Catalunya, prohibir debates, decomisar carteles, dípticos y papeletas, cerrar webs, intervenir correos postales, entrar en imprentas o entrar en redacciones de ciertos medios de comunicación para identificar a periodistas. También se produjeron detenciones de cargos públicos, registros en varias consejerías, se empezó a citar a los casi mil alcaldes investigados por la Fiscalía, se bloquearon las cuentas de la Generalitat y se produjo un asedio policial sin orden judicial ante la sede de la CUP.

Por otra parte, durante aquella jornada, se produjeron unas escenas de violencia policial nunca vistas hasta entonces. La Policía Nacional y la Guardia Civil entró en los colegios electorales para decomisar urnas y papeletas, causando destrozos y provocando más de mil heridos entre las personas que esperaban pacíficamente para votar. Se vieron ataques de ansiedad y pánico, el uso de gases lacrimógenos, agresiones policiales con las manos, las botas o las escopetas, cargas indiscriminadas sin previo aviso, personas lanzadas escaleras abajo o arrastradas por los cabellos. E incluso, una de las personas perdió la visión en un ojo a causa del disparo de una bala de goma. Fue un resultado cruento que mostraba el desprecio de los agentes hacia la prohibición de este tipo de armas aprobada por el Parlament de Catalunya. Estas actuaciones provocaron la indignación de numerosas entidades de derechos humanos, como AI o Human Right, y de organismos internacionales como el Consejo de Europa o el Relator especial de la ONU. Desde el ayuntamiento de Barcelona se impulsó un servicio de urgencia para atender a todas las víctimas, acompañarlas judicialmente y personándose en todas las causas abiertas para depurar las responsabilidades penales de los agresores.

Visto en perspectiva, aquel primero de octubre el Gobierno del PP fue derrotado en las calles. Había repetido hasta la saciedad que ese día no se podría votar y el hecho es que, a pesar de las incidencias, más de dos millones de catalanes lo hizo. Se subestimó la capacidad de resistencia y movilización de buena parte del pueblo catalán. Y la respuesta policial generó una profunda desafectación en importantes capas sociales con el Estado. Además, en la defensa de los colegios electorales o en la posterior “aturada de país” [parada de país], se constituyó un frente democrático y antirepresivo muy potente, que superaba las costuras del independentismo. Precisamente, fue en esta confluencia entre partidarios y contrarios a la independencia donde fuimos más fuertes como pueblo.

Desde un punto de vista social, es innegable el valor democratizador y comunitario de aquella cita. Muy probablemente, si alguna vez se produce el referéndum acordado en Catalunya, como defendemos cerca del 80% de la sociedad catalana, será en parte gracias a este precedente. Este análisis, sin embargo, no excluye otro igual de evidente. Y es que muchos catalanes, tan catalanes como los que sí fueron a votar, ese día no se sintieron interpelados por el motivo que fuera. Un país diverso no se puede permitir, tampoco, dejarlos atrás. Es aquí donde, pasado un año, la hoja de ruta unilateral tiene preguntas sin resolver. Y es que si bien es cierto que las causas judiciales contra los líderes independentistas han hecho el ridículo ante el espejo europeo, también lo es que votar no es suficiente y que la ola de reconocimiento de Europa para con una supuesta Catalunya soberana no llegó. Hacernos cargo de esta realidad es imprescindible, también, para construir horizontes inclusivos y realizables.

Un año después del 1 de octubre, la herida aún sigue abierta y las dudas sobre lo que significó aquel acontecimiento nos siguen interpelando. Y lo hace con especial intensidad a la luz del posterior encarcelamiento o exilio de buena parte de sus protagonistas. Con la intención de reencontrarnos, tanto los que participamos como los que no, desde el Ayuntamiento de Barcelona hemos organizado una serie de exposiciones, actividades y mesas redondas con la participación de artistas y personalidades destacadas tanto de Catalunya como del resto del Estado. Alberto San Juan, Marina Garcés, Jordi Amat, Marcel Mauri, Santiago Alba Rico, Txell Bonet, Ana Pardo de Vera, David Fernández, Jordi Évole, Vicky Rosell, Pérez Royo o Alfonso Pérez Esquivel son algunas de las voces que esta semana se están dando cita en La Model para tratar de revisar con perspectiva aquel 1 de octubre de 2017.  Queremos que entre las paredes de La Model resuene un debate crítico que permita recuperar consensos amplios en torno a los derechos. Queremos recuperar lo mejor del legado del 1 de octubre para poder dibujar horizontes de esperanza y fraternidad que permita a Catalunya y al resto de pueblos del mundo decidir su propio futuro.