Opinion · Dominio público

Transparencia y trazabilidad contra la desinformación y las noticias falsas

Yolanda Quintana

Secretaria General PDLI www.libertadinformacion.cc

En la PDLI tenemos una máxima: sin libertad de información, no hay democracia. Desde este principio, nos dedicamos a vigilar y denunciar los ataques y amenazas contra este derecho fundamental, que es la condición imprescindible para que la ciudadanía tenga conocimiento de los asuntos públicos y, por tanto, capacidad para participar plenamente en la vida política.

A principios de 2017 señalamos a las campañas de desinformación y a la difusión interesada de noticias falsas como un riesgo emergente (aunque no nuevo) de este derecho, tras el debate global abierto por la acumulación de evidencias de cómo este tipo de prácticas había estado en el centro de la estrategia comunicativa del recién elegido presidente Trump.

Promovimos entonces un espacio de debate, en el que expertos, periodistas y medios reflexionamos sobre cómo abordar este problema. Como cierre de ese encuentro, por parte de la PDLI presentamos un decálogo con propuestas para garantizar “un entorno informativo fiable y responsable”.

Entre otras medidas, abogábamos por un periodismo de código abierto como “uno de los mejores antídotos contra la publicación de noticias falsas”. Así, instábamos a que los medios facilitasen, “en la mayor medida posible, la trazabilidad de sus informaciones y contenidos: mostrando las fuentes, cómo se ha obtenido la información, el método de elaboración y la autoría”.

También recomendábamos que se impulsan “herramientas” que permitieran al público, “por sí mismo, verificar la fiabilidad de un contenido, cabecera o sitio web”.

Por unos estándares de transparencia y trazabilidad de las informaciones

Detrás de esas propuestas estaba la voluntad de impulsar y extender algunas prácticas parciales que algunos medios habían ensayado, en particular en el campo del periodismo de datos y de investigación, como compartir con el público los documentos originales y/o las bases de datos que sustentan la información elaborada que se está leyendo.

Teníamos la certeza de que esas fórmulas para una mayor transparencia de las noticias, junto con la mejora de las competencias de la audiencia (la llamada “alfabetización mediática y digital”) eran el camino que debíamos promover.

Sin embargo, entonces, no era tan claro cómo llevarlo a la práctica de forma integral: es decir, abarcando, tal como entendíamos que debía hacerse, toda la trayectoria en la vida de una noticia. Por decirlo en términos de consumo alimentario, “de la granja a la mesa”.

En la PDLI habíamos estudiado algunas herramientas que tuvimos opción de adaptar para su implantación en España, como el sistema en el que los lectores evaluaban la veracidad de las noticias y su credibilidad quedaba calificada con un código de colores. No hace falta argumentar mucho lo problemático de este tipo de soluciones (de hecho en Francia, donde se implantó, generó un gran debate) y cómo favorecen efectos perversos. Pero este tipo de respuestas fallidas o parciales ilustran muy bien la dificultad de trasladar a un producto concreto un objetivo o una idea.

TJTool, una herramienta ideada por Virginia Pérez Alonso, y que lanza Público, tiene el mérito de haber aterrizado y trasladado esos principios generales en pos de la trazabalidad de las noticias a una aplicación tan sencilla y visual como completa: da cuenta de por qué se cubre un tema, a qué fuentes se ha recurrido, qué documentos la apoyan o desde dónde el periodista la escribe, entre otros datos. En función de la mayor o menor transparencia que cada uno de estos elementos confieran a la noticia, se obtiene un porcentaje final que resumen el grado de trazabilidad de la información.

Entre otros efectos, la implantación de esta herramienta generará, necesariamente, unas mejores prácticas periodísticas.

Vuelvo de nuevo a la metáfora alimentaria: durante muchos años, las autoridades sanitarias han intentado promover la reformulación de los productos menos sanos, animando a que la industria los fabricase con menos sal, azúcar o grasas, con poco éxito. Sin embargo, no ha sido hasta que un reglamento europeo ha obligado a informar más claramente de las cantidades de estos compuestos en el alimento (junto con la mayor sensibilización y formación de la población) cuando se han empezado a dar pasos concretos en la dirección adecuada.

Del mismo modo, el compromiso de tener que informar sobre la cara oculta de las noticias (cómo, por qué, por quién, dónde…se elabora) impulsará un mayor rigor periodístico y contribuirá a desterrar malas prácticas, como las piezas basadas en meros rumores.

Los periodistas y medios comprometidos con los principios de transparencia deberían considerar asumir el uso de esta herramienta (que es de código abierto) como algo propio.

Sin duda, esto requerirá de un proceso de debate abierto sobre los indicadores empleados y el peso que cada uno debe tener en la calificación final del porcentaje de trazabilidad de cada pieza informativa. El objetivo final sería llegar a un consenso sobre unos estándares comunes sobre la transparencia de las informaciones.

La PDLI se compromete, como impulsora de este tipo de soluciones, a favorecer este espacio común de reflexión, abierto a medios, periodistas y organizaciones profesionales.

Además, será necesario reforzar la formación de la audiencia. Por un lado, para que comprendan que esta herramienta no mide la calidad informativa, sino la transparencia: la aplicación muestra el código de las noticias ofreciendo al lector todos elementos sobre sus ingredientes y composición para que sea éste quien realice por sí mismo esa evaluación. Pero, para que esa valoración sea posible, y el público apoye, y al mismo tiempo exija, rigor informativo, se deben hacer campañas de formación y sensibilización como se llevan a cabo en otros ámbitos.

Periodismo responsable frente a ministerios de la verdad

El decálogo antes mencionado (Contra la posverdad: 10 fórmulas para combatir las noticias falsas) no es el único documento donde la PDLI ha plasmado sus principios sobre la responsabilidad de las empresas informativas y de los periodistas.

También en el manifiesto por un periodismo responsable recordamos que “la labor de los medios, fundamental para el desarrollo de la democracia, debe guiarse por principios éticos y de respeto por la verdad” y apelábamos a transparencia como mejor instrumento para combatir la desinformación y la manipulación.

Si nos preocupan las consecuencias para la democracia de estos fenómenos, no nos causan menos inquietud las supuestas soluciones que se tratan de impulsar desde el poder político.

En el último año se han lanzado propuestas para legislar sobre los contenidos en Internet tanto por parte del Partido Popular como del Partido Socialista. Recientemente el gobierno (su vicepresidenta y también, ojo, su ministro del Interior) dejaron caer su intención de “regular en materia de libertad de información”.

Desde la PDLI venimos defendiendo que esa regulación ya existe y que es aplicable al entorno digital: si una persona considera que una noticia que le afecta es errónea puede ejercer el derecho de rectificación, regulado por la ley orgánica 2/84. Si además entiende que se ha cometido una intromisión ilegítima en su honor o le causa un daño en su imagen, le ampara la ley orgánica 1/82 de protección del derecho al honor.

A pesar de este marco legal, nos encontramos bajo la amenaza persistente de un recorte de las libertades informativas con la excusa de combatir las noticias falsas.

Hay muchas razones por las que los medios deberían apostar por la transparencia y la trazabilidad de las informaciones: desde las complejas (como las éticas o filosóficas, como sostiene Adela Cortina, siguiendo a Habermas, no hay verdadera comunicación si ésta no es ética, y no lo será si no es transparente en cuanto a las condiciones e intención del emisor, entre otros requisitos) a las más pragmáticas, como recuperar la credibilidad y con ella el apoyo económico de los lectores, como se ha visto en Estados Unidos tras la victoria de Trump.

Impedir que la sociedad pueda llegar a justificar y entender que el poder político regule las informaciones y los medios de comunicación porque perciba que no hay otra alternativa, puede ser un incentivo adicional para no demorar más la adopción de soluciones como TJTool que ahora lanza Público.