Hemos vivido en la PAH un mes de setiembre memorable en el terreno institucional. El día 12, fuimos recibidas (junto con el resto de organizaciones que integramos el Grupo de Monitoreo del dictamen del Comité DESC de NNUU) por el CGPJ, algo impensable hasta hace muy poco tiempo. Allí se comprometieron a difundir dicho dictamen a los órganos judiciales y a impartir cursos sobre tratados internacionales y su aplicación judicial.

Seis días después, y tras una larga incertidumbre que duró hasta el momento de la votación, conseguimos que la Ley de Vivienda de la PAH fuera tomada en consideración por el Pleno del Congreso, dando así un gran salto en el camino a la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda, a terminar con los desahucios, a generar parque público de vivienda y a erradicar la pobreza energética.

Y por si esto era poco, ocho días más tarde, nos reciben el Ministro de Fomento José Luis Ábalos y la Secretaria General de Vivienda Helena Beúnza, alcanzando importantes acuerdos en el sentido de retirar los recursos pendientes en el TC contra leyes autonómicas de vivienda, sacar un decreto de medidas urgentes para intentar frenar los precios del alquiler, allanarnos el camino para lograr entrevistas con otros ministerios como Economía, Justicia o Transición Energética... También conseguimos abrir un cauce permanente de diálogo con Fomento a través de la señora Beúnza.

Hoy hemos conocido el acuerdo UP-Gobierno para los PGE 2019, y sus contenidos en materia de Vivienda. Aportarán avances positivos (en la actual situación cualquier avance lo es) si se pueden llevar finalmente a cabo, pero son claramente insuficientes para modificar la dramática situación que provocan más de 33.000 desahucios sólo en los 6 primeros meses de este año, y que nos llevarán, si no hay además otras medidas, a una cifra en torno a los 70.000 al final de 2018, sin embargo, nada se dice al respecto en el acuerdo. Es importante recordar que el Comité DESC de NNUU, emitió en julio de 2017 un dictamen en el que condenaba a España por vulnerar el Derecho a la Vivienda, por llevar a cabo desahucios a familias vulnerables sin alternativa habitacional. Es necesario saber que existe un mandato constitucional y legal que obliga al cumplimiento de los tratados internacionales como el PIDESC, que ha sido recordado incluso por el Tribunal Supremo en sentencia del pasado mes de julio.

Mejora parcialmente las condiciones del alquiler elevando a 5 años la duración mínima de los contratos y a 3 sus prórrogas, la situación tras la reforma de 2013 de PP es de 3 a 1, pero esto es insuficiente para dar respuesta y estabilidad a proyectos más largos de vida. En la Ley de Vivienda de la PAH hablamos de 10 años para contratos con grandes tenedores y prórrogas de 5.

Es positivo que se defina legalmente qué es una vivienda vacía, y quienes son grandes tenedores de vivienda, así como el enunciado de medidas a adoptar tras estas definiciones, es fundamental que se hagan rápido ambas cosas, con fin de poder disponer a nivel público y gravar fiscalmente a esas viviendas en manos de especuladores que las retiran del mercado para incrementar artificialmente los precios tanto de alquiler como de compra, porque son necesarias medidas para movilizar la vivienda vacía, o su uso temporal como parque público, que sí contiene la Ley de Vivienda de la PAH, y que son imprescindibles para pinchar las actuales burbujas en marcha.

En cuanto a la protección de las familias hipotecadas, ahora mismo hay dos alternativas claras: las contenidas en el bloque de enmiendas que UP presentó, a propuesta de la PAH a la ley de crédito inmobiliario, y que, aunque no se citan expresamente en el acuerdo, dado que esta ley está ahora mismo en trámite de enmiendas, esperamos que PSOE y UP consigan los apoyos necesarios para que se prueben, ya que son de probada eficacia para dicha protección. También están las contenidas en la Ley de Vivienda de la PAH, aunque su aprobación tardará algo más, pero entre ambas se puede garantizar la protección de que habla el acuerdo.

Es positivo que las socimis empiecen a pagar impuesto de sociedades, debieran hacerlo al mismo nivel que las demás sociedades, incrementando sus impuestos por número de casas injustificadamente vacías, una vez sea definido el concepto. Es necesario que, tras las definiciones legales de casa vacía y gran tenedor se utilicen parte de estas casas como parque público temporal, tal y como proponemos en la Ley de Vivienda de la PAH, y se establezca un impuesto o tasa por casa injustificadamente vacía que anime a sus propietarios a ponerlas en el mercado abaratando los precios de alquiler y de compra.

Es este un acuerdo lleno de positivas declaraciones e intenciones, un punto de partida necesario, consecuencia de las luchas de la sociedad civil encabezada por la PAH contra el sufrimiento impuesto por un marco legal, que paradójicamente era ilegal según el TJUE. Es un punto de partida válido, aunque insuficiente, que tiene que complementarse necesariamente con la aprobación definitiva de la Ley de Vivienda de la PAH, que necesita ser tramitada de forma urgente, rápida y con fidelidad al espíritu del texto, sin enmiendas que la desnaturalicen y con el objetivo inequívoco de lograr que el Derecho a la Vivienda vaya desarrollándose hasta ser una realidad.

Ahora vamos a estar muy atentas a cómo se desarrolla el acuerdo, cómo se plasman y aplican esos contenidos, porque ya estamos cerca de los 800.000 desahucios, y no vamos a permitir nuevas decepciones ni la continuidad de un sistema tan injusto como irracional y violador de los Derechos Humanos.