Opinion · Dominio público

Lawfare: debate abierto

Maite Milagros Alvado

Investigadora y abogada argentina

“En un instante descubrí que a quien estaban juzgando no era a Lula. Lo que estaban juzgando era mi gobierno. Era la forma que habíamos tenido de gobernar”.

La frase del ex presidente de Brasil Luiz Inacio Lula Da Silva, resume este fenómeno político, mediático y judicial, de carácter contemporáneo y regional, que avanza a paso firme contra las democracias y el Estado de Derecho. Su descripción, caracterización, y análisis jurídico ha generado posturas encontradas entre quienes han intentado interpretarlo.

Algunos interrogantes pueden ordenar la lectura: ¿hay un mal uso de las leyes y abuso del derecho o, más bien, no se efectiviza la aplicación del derecho vigente? ¿Es una “guerra judicial” o, lisa y llanamente, una nueva forma de persecución política? ¿Es, en definitiva, el nuevo disfraz del Leviatán moderno?

El vocablo anglosajón lawfare es, cuanto menos, un oxímoron: en tanto y en cuanto se utiliza una palabra de connotación positiva –como es ley o derecho- con una negativa –guerra-, arrojando una definición de “guerra legal”, cuando, en realidad, lo primero que se deja de lado es la ley, la carta magna de cada país y todos los derechos y garantías en ellas consagrados. Por eso, cabe aguzar los sentidos para comprenderlo desde varios ángulos.

 El campo de batalla: ¿uno solo?

El objetivo de estas líneas no es discutir jurídicamente sobre lo obrante en cada expediente judicial, ya que otra de las características de este fenómeno –además de la inaplicabilidad de la constitución vigente- es la irrazonabilidad y arbitrariedad de los procesos y las sentencias judiciales. Llevar la discusión única y exclusivamente al plano jurídico, sacándolo del político/económico, es legitimar y simplificar el fenómeno.

En tanto categoría analítica, el lawfare abre la posibilidad de llevar a cabo una hermenéutica de los múltiples problemas que atraviesan las democracias occidentales latinoamericanas en el siglo XXI. Este complejo dispositivo debe ser desencriptado a través de una mirada geopolítica de la actualidad sin caer en una visión parcial, que simplifique y torne monocausal el abordaje

Mientras escribo estas líneas, se están desarrollando las elecciones presidenciales en Brasil. Lula, líder del PT y principal candidato a ganar, fue encarcelado mediante un proceso judicial arbitrario e ilegal, donde se violaron los principales derechos y garantías del debido proceso. Todo ello, claro está, acompañado de un show mediático tendiente a, por un lado, legitimar el accionar de los jueces, impregnándolos de un poder sobrenatural, cual “héroes” de ciencia ficción; y, por otro lado, deslegitimar y esmerilar –minuto a minuto, durante meses-la figura del líder político, para que la opinión pública, irritada y nuevamente cayendo en el descreimiento de la política en general, y de los políticos en particular como en décadas pasadas, pida y exija “justicia, ya”.

La forma en que opera el lawfare abre una cadena significante fundamental: un sistema tripartito, político-jurídico-mediático, que tiene como objetivo final la restricción de movimientos y partidos políticos populares de centroizquierda.

De manera similar se han gestado los casos de Cristina Fernández de Kirchner en Argentina y de Rafael Correa en Ecuador. Brasil, Argentina y Ecuador: tres  países donde los gobiernos populistas supieron gobernar en las últimas dos décadas, generando no sólo un profundo cambio en las estructuras sociales y productivas de cada uno de ellos, con mayores conquistas de derechos e inclusión social, con progreso económico independiente y soberano, sino también los notables intentos por trabajar mancomunadamente a nivel regional. A eso se sumó la puja en torno del rol que América Latina quiere ocupar respecto del mundo. Una serie de consignas lo sintetizan: No al Alca; No al FMI; Sí al Unasur y Sí a la Patria Grande.

Ese costo es el que hoy están pagando. En este sentido, los gobiernos populistas no son –ni han sido históricamente- funcionales al hegemón dominante. La región fue testigo –y víctima- del “Plan Cóndor” y la injerencia de EEUU desde los años sesenta y siguientes en la política y la economía. La otrora creación de un “enemigo interno”, sumamente peligroso y que se debe destruir para “proteger a toda la humanidad”, se replica con variantes: en aquel momento, los “subversivos”. Hoy, se despliega el fenómeno de lawfare con un mismo objetivo  de fondo aunque en un contexto diferente: en varios países de Latinoamérica simultáneamente, apoyado por EEUU y organismos financieros multinacionales, actúan deslegitimando la actividad política y a los líderes populares, persiguiendo y encarcelando a militantes políticos y organizaciones sociales, violando vastos derechos humanos consagrados en tratados internacionales, con el único fin de que estos no vuelvan a gobernar.

Partidas simultáneas

Sin dudas, el lawfare se desarrolla de una manera mucho más sutil y bajo la apariencia de legalidad: el Poder Judicial, en tanto uno de los tres poderes del Estado moderno que debería velar por la Constitución Nacional e impartir justicia, es el principal actor de este andamiaje. El segundo, como ya se mencionó, son los medios masivos de comunicación. No cualquiera de ellos, sino, puntualmente, los que se han convertido en estructuras corporativas, como Globo en Brasil y Clarín en Argentina. Sus intereses superan el sector de las telecomunicaciones. Su agenda setting es una verdadera trinchera cuasi inexpugnable.   

Es una obra de teatro que se desarrolla en partidas simultáneas. A la par que lo descrito acaece, avanzan los gobiernos de derecha, aplicando sus políticas económicas y sociales con un claro anclaje neoliberal, dando forma a un combo letal: fuerte ajuste, endeudamiento, achicamiento de la capacidad reguladora del Estado y más pobreza. El mechero se enciende con final incierto, el pasado reciente es un precedente ineludible.

Alcanza con trazar un cuadro con dos líneas paralelas para explicitarlo. Mientras sentenciaban a Lula a prisión, se votaba la ley de “Reforma Laboral” -flexibilización- en Brasil. No es casual que mientras llamaban a indagatoria a Cristina Fernández de Kirchner el 3 de septiembre de 2018, en Argentina el dólar se disparaba a $40 pesos, reduciendo significativamente el ingreso de los argentinos y engordando el de los actores corporativos que bregan por una economía aperturista y primarizada, sin que queden al margen los capitales que especulativamente entran y salen aprovechando la oportunidad creada ad hoc por un gobierno de ejecutivos. No es casual que mientras Rafael Correa denunciaba públicamente la inconstitucionalidad del referendo sobre la reelección indefinida del Presidente, propuesta por Lenin Moreno, se iniciaba una fuerte persecución contra ex funcionarios de su elenco gubernamental. Se ejecuta así un timing político-judicial-mediático cuidadosamente sincronizado, que permite un avance inédito de las derechas.

No lo vamos a solucionar aquí, ahora. Pero sin dudas, mínimamente, podemos empezar a promover la discusión horizontal. No de juristas, no de doctrinarios, no de técnicos. Es imprescindible que el debate sea ciudadano, de igual a igual, con su léxico, con sus inquietudes, con sus demandas y con sus críticas.

Estamos atravesando nuevos movimientos globales, políticos, sociales, económicos, que requieren análisis. Pero de nada sirve un análisis para pocos, un análisis sectario, teórico, que se quede en palabras. ¿Qué está pasando en las democracias del siglo XXI? ¿Qué rol queremos tener como ciudadanos? ¿Participamos, nos involucramos y exigimos?; ¿o simplemente consumimos titulares express y criticamos cómodamente, sin profundidad alguna? ¿Queremos un gobierno que responda a las necesidades de todos y todas o simplemente nos quedamos en un individualismo competitivo funcional a este sistema? Es tarea de todos tomar consciencia de este fenómeno, comenzar a analizar con más profundidad y mirada crítica lo que va sucediendo en nuestra realidad, y comprender que el objetivo final no es Lula, Correa, o Cristina: el objetivo es el Pueblo, es lo colectivo. Quieren volver a demonizar la política. Quieren alejarnos de la participación ciudadana, acallarnos y censurarnos; disciplinarnos conforme lo que el hegemón requiere. Justamente es lo contrario a lo que el pueblo necesita: no más paritarias salariales, no más salud y educación pública, no más sistema previsional y de seguridad social, no más un Estado presente, aunque perfectible. Sí más deuda externa y dependencia económica. Sí más financiarización de la economía, sí más privatización, sí más ganancia para ese 1% más rico del mundo.

No es tarea fácil. En una sociedad posmoderna, donde se exacerba constantemente el individualismo y el exitismo por sobre lo colectivo; donde la violencia, la inseguridad y la injusticia han llegado a colapsar la paciencia del ser humano al punto de convertirse en verdugo del otro y pedir más presencia de fuerzas policiales en la calle –como si fuera la solución-; donde la inmediatez y la sobreinformación pueden generar las fakenews que luego amedrentan al votante en campañas electorales; pareciera que configuran el escenario propicio para el desarrollo de este plan político económico neoliberal, que no es más que el mismo de siempre, pero con nuevas herramientas. Ante este contexto, y sabiendo que el poder esta cada vez más concentrado, pareciera que para comenzar, la solución no debemos buscarla en otro lado más que en el despertar de los Pueblos.