La prostitución es un espacio en el que los derechos fundamentales quedan excluidos porque lo que se compra es la sumisión, la desigualdad, la renuncia de los derechos fundamentales de la persona prostituida.
La mayoría de las personas prostituidas son mujeres y niñas usadas sexualmente por hombres. Mujeres y niñas que vienen de un entorno de pobreza y vulnerabilidad, con frecuencia también de abuso, y llegan con la prostitución a un contexto igual de negativo o peor.
La prostitución es el paraíso del machismo, un espacio en el que queda en suspenso toda la normativa sobre igualdad, pues conlleva convertir a la mujer en objeto de consumo, y por tanto sus necesidades, deseos, opiniones o preferencias, su integridad como ser humano, quedan anuladas a un nivel extremo. El hombre se convierte en el único sujeto de derecho. Esa concentración de poder en el hombre es el principal estimulante sexual que interviene y las mujeres y niñas son adiestradas para ejecutar ese ritual de sumisión extrema. Eso es lo que se compra, la supremacía masculina. No se puede comparar esta situación con lo que se padece en trabajos pesados o desagradables. El síndrome de adaptación paradójica a la violencia, los estados disociativos, los problemas emocionales y físicos que padecen por vivir en una constante represión o disociación de su propio ser, no se padecen en ningún trabajo. Y eso sin mencionar las palizas y violaciones con violencia física que son del gusto de tantos puteros.
Así que, aunque en teoría los derechos fundamentales de las mujeres y niñas prostitutas sean los mismos que los de las demás personas, en la práctica, ellas se encuentran en una situación extrema de ausencia de derechos fundamentales. Y tampoco se puede comparar a lo que sucede en trabajos en los que los derechos sean precarios, pues se trata de una privación de derechos en un grado máximo. Por eso debe ser un objetivo prioritario del Estado garantizarles esos derechos y apartarlas de las situaciones de vulneraciones que viven cada día. Debe ser también un objetivo del Estado prevenir esas situaciones.
¿Se garantizarían sus derechos fundamentales otorgando naturaleza de trabajo a la prostitución? Teniendo en cuenta lo que se compra, la desigualdad, algo así es imposible.
Es urgente atender sus necesidades de todo tipo y entre ellas las económicas, preocuparnos de su infancia de niña prostituta, de su vejez, de su salud. En ese sentido, debemos reglar para abolir, crear normas eficaces que sirvan para que tengan en la práctica derechos y puedan salir de la desigualdad absoluta en la que viven. Pero no en el marco de un contrato de trabajo, porque cualquier contrato que atente a los derechos humanos es nulo en nuestro ordenamiento jurídico.
Obviar el atentado a los derechos humanos implícito en la prostitución, especialmente el derecho a la igualdad es volver a situarnos a las mujeres en la categoría de ciudadanas de segunda. También es incumplir el mandato Constitucional de remover los obstáculos para la igualdad. Por tanto, ni desde la intención de proteger a las mujeres y niñas en situación de prostitución, es acertado convertir la prostitución en contrato laboral, pues esa protección debe darse por otros cauces jurídicos y sociales. Además, en no pocas ocasiones no existe esa buena intención, sino el deseo de normalizar por completo la explotación sexual en beneficio de proxenetas y mafias.
Por último, el fenómeno de la prostitución no se acomoda a las normas laborales. Catalogarlo como trabajo, en mi opinión, no sería efectivo para proteger a las mujeres y niñas en situación de explotación, y generaría nuevas vulnerabilidades. ¿A qué edad tienen que empezar las niñas a prostituirse para conseguir cumplir la cotización para jubilarse como prostitutas? ¿Podrían aguantar hasta la edad a partir de la cual se tiene derecho a jubilarse ejerciendo la prostitución? ¿Vamos a aceptar que padres o madres autoricen a sus niñas de 16 años a prostituirse? ¿Será una nueva forma de pagar los viajes de fin de curso? ¿Será acorde con los derechos humanos que las empresas puedan incorporar en sus contratos la obligación de llevar a cabo servicios sexuales? ¿Deberá considerarse una propuesta de trabajo sexual cuando a una becaria el Jefe de Departamento le propone de manera insistente mantener relaciones sexuales?
La prostitución no es una cuestión de derechos laborales sino de derechos humanos. Y no afecta solo a las mujeres y niñas en situación de prostitución, sino a todas las mujeres, porque nos rebaja a la categoría de objetos o de seres que podemos llegar a convertirnos en objetos.
Comentarios
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