Durante la dictadura franquista se cometieron, entre otros delitos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y robo de bebés, todo ello en un contexto planificado, masivo y sistemático de ataque a la población civil. En la actualidad más de 100.000 personas continúan en paradero desconocido. Estos hechos constituyen crímenes contra la humanidad, y por tanto no están sujetos a amnistía ni a prescripción, de conformidad con los instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por España, como la Convención contra la Tortura y la Convención contra las Desapariciones Forzadas. A las víctimas de estos crímenes contra la humanidad les asiste el derecho a la verdad, la justicia y la reparación, tal y como han tenido ocasión de recordar al Estado español diferentes mecanismos de las Naciones Unidas.

Si bien se han producido algunos avances legislativos en el ámbito de la memoria, son claramente insuficientes y el derecho a la tutela judicial efectiva que asiste a las víctimas de graves violaciones de derechos humanos no se ha visto satisfecho, puesto que las denuncias y querellas criminales interpuestas no han sido admitidas a trámite, arguyéndose por los tribunales españoles la Ley de Amnistía, el principio de legalidad y la prescripción de los hechos, a pesar de que la amnistía y la prescripción son institutos jurídicos cuya aplicación está prohibida en casos de graves crímenes internacionales y en cuanto al principio de legalidad no se incorpora la visión internacional del mismo tal y como se contempla en diferentes instrumentos internacionales ratificados por el Estado español.

¿Cómo se explica que los tribunales españoles invoquen este tipo de argumentos, si la justicia española había sido pionera en el enjuiciamiento de crímenes contra la humanidad cometidos durante las dictaduras chilena y argentina? La respuesta son las presiones políticas, el posicionamiento de la Fiscalía General del Estado y, consecuentemente, la falta de independencia de los tribunales.

La inacción de nuestros tribunales obligó a las víctimas del franquismo a buscar justicia fuera de España, recurriendo a los tribunales argentinos. Desde que en 2010 el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal nº 1 de Buenos Aires iniciara la investigación, las víctimas han formulado más de 400 querellas.

Este proceso no sería posible sin el reconocimiento y aplicación del principio de justicia universal, constitucionalmente reconocido por la República Argentina; el mismo que en su momento aplicaron los tribunales españoles para investigar los citados crímenes de las dictaduras chilena y argentina. La relevancia del principio de justicia universal es tal, que no sólo se erige como figura para evitar la impunidad de graves crímenes internacionales, sino que además se convierte en el único mecanismo para garantizar el derecho a la tutela judicial, cuando no es competente la Corte Penal Internacional y a las víctimas se les priva del acceso a los tribunales del territorio donde se cometieron los delitos.

Pero la lucha de las víctimas del franquismo es incansable, a pesar de ser objeto de  revictimización, dada la falta de cooperación del Estado español con la justicia argentina, y los consiguientes obstáculos que dificultan el avance del proceso penal en dicho país. Ejemplo de ello es la denegación por el Gobierno de España, el 13 de marzo de 2015, de las solicitudes de extradición cursadas por el juzgado argentino contra los presuntos responsables de los crímenes, así como la negativa a que prestasen declarasen por los hechos que se les imputan. Con este proceder, el Gobierno de España incumple de forma reiterada el principio general de derecho internacional autdedereautjudicare, bajo el cual tiene la obligación de extraditar al juzgado argentino o juzgar en un tribunal español.

El documental 'El Silencio de los Otros', ganador de los premios de la Paz y del Público de los documentales en la pasada Berlinale, se estrena en España este viernes 16 de noviembre, y relata esta persistente lucha de las víctimas del franquismo, de sus abogados y de las organizaciones de la sociedad civil, por obtener verdad, justicia y reparación. Se trata de un material audiovisual esencial para preservar la memoria, para garantizar la no repetición de crímenes que ofenden a toda la humanidad y para, en definitiva, denunciar una situación de impunidad incompatible con un Estado democrático.