Dominio público

Mi 20-N y las asignaturas pendientes

Odón Elorza

Diputado Socialista por Gipuzkoa

Para aquel grupo de jóvenes universitarios radicales que vivíamos intensamente el final de la dictadura a golpe de asambleas en la Facultad de Derecho de San Sebastián, la desaparición de Franco nos parecía que supondría la apertura de un proceso político  desbordante para ganar la libertad y la democracia.

Sin Franco al frente del Estado para mantener un régimen dictatorial odiado en Europa y sufrido en España, con miles de jóvenes y sindicalistas movilizados por todo el país a ritmo creciente, estábamos convencidos de que nadie ni nada nos podría frenar.

Soñábamos con ser protagonistas de la lucha por una transición histórica y contábamos con el empuje de nuestras ilusiones intactas así como el oxígeno y la referencia de   proximidad que nos aportaba el territorio de Francia y las experiencias de Portugal y Chile. Y llegó, por fin, el 20N. Así que tras comprobar en la tele, a las diez de la mañana, que Franco había muerto al ver las lágrimas de Arias Navarro y de otros destacados franquistas, nos dirigimos a las calles de la Parte Vieja a celebrar aquel día y lo que intuíamos que iba a llegar. En tan señalada fecha, con los grises apostados con sus vehículos en el Boulevard de San Sebastián, el poteo por los bares del barrio viejo donostiarra estuvo acompañado durante horas de abrazos entre grupos y gentes, lágrimas de emoción y cánticos de lucha.

En mi caso, entendí que había que comprometerse para contribuir en la tarea de construir la democracia. Aquel emocionante 20N de 1975 me empujó a tomar la decisión y, tras haber dudado de si hacerlo en el PCE, me decidí a afiliarme al PSOE, compromiso que materialicé el inmediato 20 de diciembre en el despacho del abogado Txiki Benegas.

La muerte del dictador había estado precedida de movilizaciones y revueltas callejeras en San Sebastián y en el conjunto de Euskadi para rechazar y denunciar ante el mundo las últimas sentencias de Franco que condenaban a pena de muerte a miembros de ETA y FRAP. El régimen franquista venía cavando su propia tumba ante el unánime rechazo internacional. Éramos conscientes de que nos enfrentaríamos a los nostálgicos del franquismo en su estrategia por restringir y tutelar la democracia, pero teníamos la fuerza de la juventud y de las convicciones para luchar todo lo que fuera preciso y poner fin a la dictadura con el nacimiento de una democracia homologada. Y se logró aunque no fue posible la ruptura soñada.

Porque Franco dejó algunas cosas atadas y restos del franquismo que dificultaron la consolidación de la democracia con los ruidos de sables y los ecos cuartelarios que, animados por las acciones terroristas de ETA, fueron motivo de alarma en los convulsos años de la transición. La aprobación de una Constitución reformista en 1978, con sus límites y los aciertos de González, Carrillo y Suárez, fue un paso decisivo, aunque aún hubo quienes en forma de peligroso sainete acabaron asaltando el Congreso un 23F y pusieron en el disparadero a gente importante que dudó qué hacer durante unas horas en aquella madrugada.

No puedo evitar revelar un hecho de interés que aconteció en San Sebastián la noche del intento de Golpe de Estado del 23-F de 1981. La ciudad no conoció que a iniciativa de un concejal Socialista, Carlos García, responsable de la Guardia Municipal, se repartieron armas a los Guardias voluntarios que aquella noche patrullaron por la ciudad para controlar cualquier movimiento que se pudiera producir en la calle y en determinados acuartelamientos en apoyo a los golpistas. Una larga noche en la que tres concejales donostiarras del PSOE tomamos la decisión de asumir nuestra responsabilidad y permanecer toda la madrugada en la Comisaría de la Guardia Municipal atentos a los acontecimientos y conectados -ante la espantada- con autoridades políticas de mayor rango.

Han pasado 43 años del 20N y el dictador todavía es noticia por el caso de la exhumación de sus restos, que siguen depositados en el altar central de la basílica de El Valle de los Caídos. Hay que sacarlo de allí por razones de dignidad democrática y de respeto y reconocimiento a los 16.000 republicanos cuyos restos, hacinados en columbarios escondidos, fueron depositados contra su voluntad y la de sus familiares en un mausoleo que representa la exaltación del ideario nacional-catolicista del régimen. La familia Franco, los nostálgicos de la extrema derecha y la complicidad del PP y Ciudadanos han complicado en 2018 una asignatura pendiente desde la transición a la democracia.

Por otra parte hay que ampliar y perfeccionar la Ley de Memoria Histórica que llevó al Parlamento el Presidente Rodriguez Zapatero en 2007. Se trata de abrir de una vez, con fondos del presupuesto del Estado, las 2300 fosas existentes para exhumar los restos maltratados y olvidados de miles de hombres y mujeres asesinados por el franquismo, reparar tanta injusticia y entregar esos restos a sus familias con el objetivo de que les den un entierro digno que ayude a cerrar heridas.

En la actualidad, nuestro sistema democrático muestra debilidades que exigen la  necesidad de reforzar la democracia, más aún tras los casos de corrupción y las políticas de un PP apoyando la involución. Urge una reforma consensuada de la Constitución que ayude a iluminar zonas opacas, a recoger los nuevos fenómenos de la globalización, garantizar derechos básicos y corregir capítulos que a los 40 años de su aprobación han quedado desfasados.

La mayoría de la ciudadanía no había nacido o no pudo votar en 1978. Será inevitable un debate cívico de fondo, en el marco de la actualización constitucional, sobre la institución de una monarquía reinstaurada por voluntad de Franco, aprobada como salida sucesoria por Las Cortes en 1969 y ratificada con la aprobación en referéndum de la Constitución. Una Casa Real que podría asumir gestos como la revisión de la condición de inviolabilidad para el rey, contemplada en el artículo 56,3 de la CE, protección que algunos confunden con impunidad. Además, en el siglo XXI, una monarquía parlamentaria debiera cumplir con el principio democrático de transparencia fiscal sobre sus ingresos, bienes y patrimonio con absoluta normalidad. Y no lo pido por mi pensamiento republicano sino como simple ciudadano demócrata.

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