26/11/201025/11/2010

 

ANA MANERO SALVADOR

La actuación represiva llevada a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes en la capital del Sáhara Occidental ha puesto de manifiesto la absoluta indiferencia del Gobierno de Marruecos por el respeto de los derechos humanos más elementales. Esta situación de violencia ha sido observada con cautela y distanciamiento por el Gobierno español, que no ha hecho sino realizar declaraciones confusas que suponen, nuevamente, un intento de obviar la responsabilidad de nuestro país como antigua potencia colonial del Sáhara.
España abandonó el Sáhara Occidental a su suerte en 1976 incumpliendo su obligación, que no era otra que la de haber garantizado el ejercicio del derecho a la libre determinación por parte del pueblo saharaui, derecho consistente en asegurar y llevar a cabo la celebración de un referéndum de autodeterminación, tal y como Timor Oriental pudo realizar en 1999, gracias, entre otras razones, al apoyo de la antigua potencia colonial, Portugal.

En este sentido, resulta sorprendente la postura del Gobierno español. Uno de los ejes de la campaña electoral de 2004 que llevó a José Luis Rodríguez Zapatero a presidir el Gobierno de España fue la defensa del derecho internacional en la acción exterior. Esta postura adquirió cuerpo con la retirada del ejército español de territorio iraquí, ocupado tras la agresión iniciada en 2003 liderada por Estados Unidos y Reino Unido. Pero el derecho internacional no se acaba en Irak, sino que España tiene responsabilidades en el Sáhara Occidental. ¿Por qué razón?
El 24 de agosto de 1974, España anunció que celebraría un referéndum de libre determinación en el Sáhara, pero Hassan II hizo todo lo que estuvo en su mano para retrasar su celebración, aprovechando la situación de inestabilidad política que se vivía en España a comienzos de la Transición. En este contexto, la Asamblea General de Naciones Unidas solicitó un dictamen a la Corte Internacional de Justicia sobre la cuestión del Sáhara Occidental, en el que el tribunal manifestó que no existía un título de soberanía ni por parte de Mauritania ni de Marruecos sobre el Sáhara, sino que debía ejercerse el derecho de libre determinación de acuerdo con la resolución 1514 (XV) de la Asamblea General de Naciones Unidas.
C

omo respuesta a dicho dictamen, Hassan II promovió la ocupación de la antigua colonia mediante la Marcha Verde que, a pesar de las solicitudes de retirada por parte del Consejo de Seguridad (Resolución 380), prosiguió y dio lugar a los vergonzantes y nulos Acuerdos de Madrid. La ocupación militar del territorio

desencadenó un conflicto armado internacional entre la potencia ocupante –Marruecos– y el legítimo representante del pueblo saharaui –el Frente Polisario–.
El alto el fuego auspiciado por Naciones Unidas en el marco del Plan de Arreglo dio lugar al despliegue de la Misión de Naciones Unidas para el referéndum del Sáhara Occidental (Minurso) en 1991. Desde entonces, tanto
Hassan II como su hijo, Mohamed VI, han dinamitado el avance del proceso, manteniendo una postura de absoluta mala fe. Primero, hicieron naufragar el Plan de Arreglo planteando objeciones sistemáticas a la confección del censo, ante las que las autoridades saharauis se plegaban sistemáticamente. Y es que la comunidad internacional ha tratado de alcanzar soluciones que en absoluto son las justas y que suponían el desprecio de la letra del plan al dar cabida a la presencia de colectivos marroquíes, incluso colonos, a pesar de que las prescripciones eran claras: el censo debía contener únicamente la actualización del censo español de 1974, teniendo en cuenta las peculiaridades de la población saharaui, nacimientos, muertes y desplazamientos. Tras este fracaso, y en segundo lugar, el secretario general de Naciones Unidas promovió los llamados Plan Baker I y II.

El más conocido por todos, el Plan Baker II, preveía una autonomía temporal para el Sáhara, tras la cual se celebraría el referéndum. Fue aquí cuando Marruecos rechazó de plano la posibilidad de plantear la independencia en la consulta y dio al traste con el proceso. Desde entonces, Marruecos ha defendido la llamada "solución realista", en la que niega al pueblo saharaui su derecho y chantajea a la comunidad internacional, autoproclamándose adalid de la lucha contra el terrorismo islámico y la emigración irregular, sin que nadie se pregunte por el respeto de los derechos humanos en estos ámbitos.
Así pues, el Sáhara Occidental tiene una condición jurídica distinta y separada de Marruecos que tiene la obligación de respetar, entre otros instrumentos relativos a la protección de los derechos humanos, uno de los textos esenciales de derecho internacional humanitario: el IV Convenio de Ginebra, violado desde la ocupación y hecho trizas desde el lunes 8 de noviembre.

Por todo ello, el Gobierno de España, si realmente mantiene su compromiso con el derecho internacional, debe exigir a Marruecos el cese inmediato de la represión, así como impulsar el ejercicio del derecho a la libre determinación del pueblo saharaui. La apuesta por la realpolitik no es una alternativa, ya que España debe asumir de una vez por todas su responsabilidad siguiendo los pasos de Portugal en la situación hermana de Timor Oriental, que sentó a Indonesia a negociar, consiguió el ejercicio del derecho a la libre determinación y cumplió así con su histórica obligación de antigua potencia colonial.

Ana Manero Salvador es profesora titular de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad Carlos III de Madrid

Ilustración de Javier Olivares