Dominio público

Venezuela: la crisis moral de la prensa española (I)

(Esta publicación forma parte de una serie de cuatro artículos)

Obviar el trecho que media entre la cobertura que la prensa española ha venido haciendo de la «crisis venezolana» y aquello que cabe analizar desde el punto de vista de su adecuación a la realidad histórica o los criterios morales más elementales es algo que requiere de un sutil talento para el autoengaño. Es poco probable que un par de párrafos alcancen a ofrecer una estimación ajustada de esa distancia. Aproximarse a ella resulta en cualquier caso imposible sin un intento de trazar, por una parte, los contornos de la historia reciente de la «lucha por la democracia» en Latinoamérica y, por otra, los de la situación económica y política en Venezuela. Sólo tras perfilar esos contornos resulta razonable echar un vistazo a los principios que rigen aquella cobertura.

La celebración de las victorias democráticas en Latinoamérica

El pasado 10 de enero, mientras Nicolás Maduro renovaba su cargo como presidente de Venezuela, Mike Pompeo, jefe de la diplomacia estadounidense, llamó por teléfono a un tal Juan Guaidó para felicitarle por su nombramiento como líder del inhabilitado órgano del legislativo venezolano. De acuerdo con datos publicados el día 20, el 81% de los venezolanos no sabía quién era Juan Guaidó. A pesar de ello, sus índices de aceptación no eran muy inferiores a los del resto de las figuras de la oposición, encabezadas por Leopoldo López, al que sólo un 63% de la población se mostró desfavorable.

Transcurridas unas horas desde la llamada de Pompeo, John Bolton declaró ilegitimo el gobierno del «dictador venezolano Nicolás Maduro». Definido por sus propios compañeros de filas como «el hombre más peligroso de la administración Bush», el Consejero de Seguridad Nacional no deja escapar la ocasión de subrayar que «lucha» es la noción que le interesa en la locución «lucha por la democracia», y ello siempre con la «opción nuclear» como trasfondo.

Por su parte, Jair Bolsonaro, que había manifestado el día 17 su intención de «restablecer el orden y la democracia» en Venezuela, declaró presidente a Guaidó el sábado 19. Después, el día 22, Mike Pence les dijo a los venezolanos: «Hola, Nicolás Maduro es un dictador y nosotros permaneceremos del lado de las fuerzas democráticas, que a partir de ahora encarnará ese tal Guaidó». Esa misma noche llamó a Guaidó para ponerle al corriente. Finalmente, el miércoles 23, Guaidó se «auto»proclamó presidente. Sólo un par de días más tarde la evidencia acumulada era de tal magnitud y claridad que tan siquiera el Wall Street Journal evitaba las conclusiones obvias.

Pero volvamos a Pompeo, Bolton, Bolsonaro y el resto de los adalides de la «paz», la «libertad», la «democracia» y los «derechos humanos». ¿A qué se refieren cuando usan estos términos? La historia reciente puede ayudarnos a responder a esta pregunta.

Tan pronto como llegó a sus oídos la noticia de la gestación de un nuevo golpe de Estado en Venezuela, Albert Rivera exigió que España «no se quedara a la cola» en la celebración de la democracia oficiada por Bolsonaro y la administración Trump. Este entusiasmo democrático traería a la memoria de cualquiera con cierta familiaridad con la historia reciente de Latinoamérica el modo en que Lincoln Gordon, embajador estadounidense en Brasil, aplaudió el golpe militar que instaurara en 1964 la primera de las dictaduras ultraderechistas que barrieran el continente. Gordon se refirió al alzamiento militar como «una gran victoria para el mundo libre» en su lucha por la «democracia» y, en un desacostumbrado alarde de sinceridad, añadió que esa lucha era también una lucha destinada a «mejorar sustancialmente el clima para las inversiones privadas». Bolsonaro, que se sienta ahora a los mandos que sus añorados camaradas abandonaron hace treinta y cuatro años, entiende que la dictadura cometió graves errores. En concreto, considera que sus secuaces no mataron a suficientes personas: «debieron matar a 30.000 más».

El siguiente hito cardinal de la lucha por la democracia en Latinoamérica llegó el 11 de septiembre de 1973, día en que las fuerzas armadas chilenas bombardearon la sede presidencial. Los chilenos habían confundido la noción de democracia con la participación popular en la toma de decisiones. Por suerte, Henry Kissinger encontró arrestos para asistirles en la enmienda de su error pues, como explicó, había demasiado en juego como para que «se dejara a los votantes chilenos decidir por sí mismos». Kissinger se encargó de dirigir no sólo la brutal operación de «democratización» chilena, sino asimismo de extenderla desde Chile a Argentina, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela al capitanear la Operación Cóndor, que coordinara el asesinato de decenas de miles y la tortura y encarcelamiento de cientos de miles de latinoamericanos que no habían comprendido el significado de la voz «democracia».

La noble empresa de democratización se prolongaría después con la hilera de 40.000 cadáveres que resultaran del apoyo de la administración Carter al régimen de Anastasio Somoza en Nicaragua. La administración Reagan redobló el ímpetu democrático de Carter, y fue por ello condenada por el Tribunal Internacional de Justicia de las Naciones Unidas a causa de su promoción del terrorismo internacional. Una de las piezas claves de la embestida democrática de Reagan en Centroamérica fue su Secretario para los Derechos Humanos, Elliott Abrams, que logró «gran notoriedad tanto por sus desmentidos de las violaciones cometidas contra los derechos humanos como por sus justificaciones de las mismas». El pasado viernes día 25, anotemos al margen, la administración Trump anunció que Abrams será el encargado de «gestionar» la nueva crisis venezolana.

Los programas de expansión democrática de la administración Reagan constituyeron otro de los pilares fundamentales de su política humanitaria en Latinoamérica. Thomas Carothers, reputado experto académico en relaciones internacionales que participara en los referidos programas, señala en su favorable análisis de los mismos que, por algún motivo, los esfuerzos democratizadores de Estados Unidos en la región desembocaron sin excepción en el patrocinio del poder de las élites establecidas en «sociedades ciertamente antidemocráticas». En la época de Carothers los hechos resultaban completamente transparentes, pero lo cierto es que llevaban mucho tiempo haciéndolo. Así, en 1966, el historiador británico Gordon Connell-Smith concluía en su historia de las relaciones exteriores hemisféricas que la cháchara acerca de la promoción de la democracia en Latinoamérica no era más que la capa retórica con la que se cubría el objetivo real: «el fomento de las condiciones más favorables para la inversión privada en el extranjero». De hecho, no se trata, meramente, de las conclusiones de los expertos académicos, sino de las propias declaraciones de los planificadores de la política exterior estadounidense. En este sentido, ya en 1954, el Consejo de Seguridad Nacional de Eisenhower establecía que el primer objetivo de la política estadounidense en Latinoamérica era el de «crear un clima político y económico propicio para la inversión privada» y, particularmente, para la «repatriación del capital». Los planificadores advertían que para ello era necesario que Latinoamérica no sucumbiera a la «creciente demanda popular de mejoras inmediatas en los bajos niveles de vida de las masas».

Latinoamérica es, de hecho, el lugar en el que con más claridad puede apreciarse la planificación exterior de posguerra de la nueva potencia hegemónica, y ello tanto en el plano de la implementación como en el de las declaraciones. Así, en la Conferencia de Chapultepec, seis meses antes de que terminara la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos les explicaba a sus vecinos del sur los lineamientos generales de las que habrían de ser sus relaciones, identificando un problema que podría enturbiarlas y que sería combatido de forma contundente: la «filosofía del nuevo nacionalismo». Los planificadores estadounidenses se referían con esta expresión a una tendencia incipiente en Latinoamérica hacia «políticas diseñadas para lograr una distribución más amplia de la riqueza y elevar el nivel de vida de las masas» partiendo de una errónea concepción según la cual «los primeros beneficiarios de la explotación de los recursos de un país deberían ser las personas de ese país». Como antídoto contra estas erróneas concepciones geopolíticas, Estados Unidos presentó su Carta Económica para las Américas, haciendo explícito que en lo sucesivo el FMI se encargaría de determinar la estructura financiera de la región y que las medidas contra el movimiento de mercancías y capitales estadounidenses debían desaparecer, de forma que los inversores privados del norte habrían de gozar de un trato preferencial para operar en la región. La propuesta fue atinadamente percibida por los latinoamericanos como «un plan para el establecimiento del dominio» estadounidense en la región. Sin embargo, dado el desequilibrio de fuerzas, prevaleció.

La línea que desde entonces se prolonga hasta nuestros días es, esencialmente, recta. No obstante, hubo una década oscura en la que remitió esta noble batalla por la democratización de Latinoamérica. Fue la primera década del siglo XXI, marcada por tres acontecimientos dramáticos. El primero de ellos fue la expulsión de las bases militares estadounidenses en la región. Es famoso el modo en que Rafael Correa propuso en 2007 al gobierno estadounidense negociar la permanencia de su base militar en Manta, a condición de que se permitiera a Ecuador establecer una base militar en Miami. A pocos griegos o españoles debiera extrañarles que se sugiera la existencia vínculos entre el segundo y el tercero de esos dramáticos acontecimientos, a saber: la ruptura con la disciplina del FMI en la región y el drástico incremento del PIB per cápita, acompañado de una «inequívoca disminución de la desigualdad de ingresos». De hecho, tan siquiera cogería por sorpresa a los propios economistas de FMI, que consideran económicamente injustificable su receta para el desarrollo.

Esta desviación de la línea trazada desde la época de la Doctrina Monroe y el Destino Manifiesto debía cesar, y los mecanismos del poder estatal y corporativo estadounidenses se pusieron inmediatamente manos a la obra. El golpe de Estado de 2002 en Venezuela fue un primer intento de restablecer el orden. La operación fue aprobada por Elliott Abrams, que, como indicábamos, ha vuelto a ser designado para supervisar la nueva tentativa. Aquel primer intento falló a causa de un levantamiento popular contra los golpistas, pero aquella oscura década tenía que terminar y dar nuevamente paso a la celebración de la democracia. Así, cuando en 2009 volviera a emplearse el método habitual para deponer a Manuel Zelaya del gobierno de Honduras a causa de sus errores económicos –aumento del salario mínimo, fomento de la educación pública, respaldo económico a los pequeños agricultores y, sobre todo, moderadas reformas que dificultaban a los inversores extranjeros el ejercicio de su derecho a controlar la política fiscal–, la administración Obama reconoció en solitario a los golpistas como gobierno legítimo del país. Nuevamente, el embajador norteamericano recibió con entusiasmo lo que denominó «una gran celebración de la democracia». Desde entonces, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha venido denunciado centenares de detenciones arbitrarias y decenas de asesinatos de periodistas, activistas y líderes políticos. Asimismo, Amnistía Internacional ha documentado decenas de asesinatos y torturas a manos de las fuerzas de seguridad. Por su parte, Global Witness documentó más de 120 asesinatos de activistas medioambientales a manos de las fuerzas del Estado, guardias de seguridad y asesinos a sueldo. Mientras estas violaciones de los derechos humanos permanecen impunes y Estados Unidos continúa respaldando económicamente al régimen, Honduras se desploma hasta el fondo de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa y nuestra prensa libre sigue atendiendo prioritariamente a violaciones más graves de los derechos humanos, como el encarcelamiento de Leopoldo López por delitos menores, tales como tramar un golpe de Estado en 2014 y encabezar revueltas en las que pandilleros opositores asesinaron a decenas de personas.