(Esta publicación forma parte de una serie de cuatro artículos)

Obviar el trecho que media entre la cobertura que la prensa española ha venido haciendo de la «crisis venezolana» y aquello que cabe analizar desde el punto de vista de su adecuación a la realidad histórica o los criterios morales más elementales es algo que requiere de un sutil talento para el autoengaño. Es poco probable que un par de párrafos alcancen a ofrecer una estimación ajustada de esa distancia. Aproximarse a ella resulta en cualquier caso imposible sin un intento de trazar, por una parte, los contornos de la historia reciente de la «lucha por la democracia» en Latinoamérica y, por otra, los de la situación económica y política en Venezuela. Sólo tras perfilar esos contornos resulta razonable echar un vistazo a los principios que rigen aquella cobertura.

La situación económica en Venezuela

De acuerdo con el espíritu y la letra de la Carta Económica para las Américas, cuando en un país latinoamericano aparecía petróleo, «grandes empresas extranjeras asumían el control de facto de los recursos nacionales hasta tal punto que las élites gobernantes comenzaban a dudar que fueran realmente ellas las que aún dirigían su propio destino». Esto sucedió en Venezuela durante los años veinte. Desde entonces y hasta 1999, el petróleo venezolano fue controlado por gobiernos aliados de Estados Unidos. En 1999 cundió el pánico, pero no a causa de la nacionalización del petróleo en sí misma –eso no era nada nuevo–, sino a causa del nuevo gobierno, que podía ser desobediente y hacer cosas inapropiadas con los beneficios. La cuestión estriba en quién utiliza los beneficios para qué, y un gobierno que los emplea en programas sociales dentro y fuera de sus fronteras puede ser un incordio, hasta el punto que la oligarquía nacional puede declarar huelgas de capital sólo para que cesen semejantes despropósitos, tal y como sucedió en 2002.

Antes de entrar en materia es necesario dejar claro que resulta ridículo presentar a la economía venezolana como un ejemplo de economía socialista. Eso no fue así con Chávez ni, mucho menos, lo es ahora con Maduro. Menos de una tercera parte de la economía venezolana está fuera de las manos del sector privado. Por otra parte, el impulso a los esfuerzos cooperativistas no aparece ni mucho menos en el núcleo de la actual agenda económica. Finalmente, y al igual en todas las economías mixtas del planeta –esto es, todas las economías del planeta–, el poder político y el económico cohabitan a sus anchas. En el caso de Venezuela, al parecer, ello se ha acentuado con el desplome económico del último par de años, que la oligarquía venezolana ha aprovechado para arremeter desde los medios contra el gobierno, metérselo en el bolsillo, acurrucarse frente a su hoguera, o todo ello a la vez.
Sea como sea, la pregunta a realizar en este punto es, justamente, la relativa al modo en que se gestó ese desplome. No se trata de algo que quepa explicar en un par de párrafos, pero tampoco es física cuántica.

A Hugo Chávez debió resultarle ciertamente sencillo encontrar la melodía que el electorado venezolano necesitaba escuchar en 1998. Las tasas de pobreza e inflación estaban por aquel entonces saliéndose de las gráficas. Las de inflación eran, de hecho, las mayores de la región, y asimismo las mayores de la historia previa de Venezuela. [No, Maduro no se sacó de la chistera la profundamente enraizada tendencia a la inflación de la economía venezolana]. Así las cosas, no era difícil convencer al electorado de la conveniencia de hacer públicos los beneficios de la riqueza natural del país con mayores reservas petrolíferas del mundo. Resulta un poco embarazoso tener que mencionar lo obvio: esa melodía no le sonó tan bien a la pequeña oligarquía venezolana, ni tampoco a los inversores extranjeros. Como cabía esperar, pues, la persecución mediática del «régimen» no se hizo esperar.

A lo largo de la década que subsiguiera a la elección de Chávez los índices de pobreza cayeron del 50% al 25% y los de pobreza extrema del 25% al 7%. Por su parte, el PIB per cápita se duplicó holgadamente mientras la mortalidad infantil y el desempleo cayeron un 50%. No obstante, la historia de la economía venezolana durante de era Chávez es ciertamente compleja, e incluye una considerable cantidad de graves errores, entre los que cabe destacar el unilateralismo extractivista. Los esfuerzos por diversificar la economía y reducir su dependencia de la exportación de materias primas, si existieron, fueron totalmente ineficaces.

La economía venezolana depende esencialmente del petróleo. Su exportación proporciona al país la práctica totalidad de las divisas extranjeras –fundamentalmente dólares– que obtiene y sin las cueles no puede importar los bienes que necesita pero no produce. De este modo, la caída del precio del petróleo, agravada por la decisión de Arabia Saudí de sostener el exceso de la oferta, condujo en 2014 a la economía venezolana a una situación crítica. Nicolás Maduro llevaba apenas un año en el gobierno, y prometió que los programas sociales no cesarían a pesar de la caída del precio del petróleo. «A nadie va a faltarle de nada», dijo. No obstante, la política de control de cambios y precios que el gobierno venezolano ha mantenido desde 2003 a fin de garantizar el acceso universal a bienes indispensables no logró evitar el desabastecimiento, sino que muy probablemente lo fomentara. Las empresas que dominan la distribución de cada uno de estos bienes básicos disponen de la posibilidad de crear mercados alternativos al fijado por el gobierno, propiciando ciclos de desabastecimiento y alza de precios. Además, a pesar de estar obligadas a importar al tipo de cambio fijado por el Estado, pueden luego vender en el mercado interior al tipo de cambio extraoficial, echando leña al fuego de la inflación y obteniendo grandes beneficios.

Estos problemas internos se ven agravados por factores externos. Entre ellos, es preciso hacer mención de al menos dos. En primer lugar, la manipulación de tipos de cambio a través de compañías como DolarToday, dedicada al control cambiario desde Miami y acérrima opositora del gobierno venezolano. En segundo lugar, las sanciones económicas. En 2014 la administración Obama impuso sanciones económicas a Venezuela alegando razones de «seguridad nacional». Más tarde, en agosto de 2017, la administración Trump prohibió las transacciones con títulos de deuda y acciones emitidos por el gobierno venezolano y su compañía petrolera estatal (PDVSA), así como las transacciones con bonos del sector público venezolano y los pagos de dividendos al gobierno, lo que redunda, en resumidas cuentas, en un bloqueo comercial y financiero que obstruye la afluencia de los dólares necesarios para las importaciones de las que Venezuela depende. Las presiones económicas no han cesado en el año y medio transcurrido desde entonces. La última vuelta de tuerca tuvo lugar el pasado lunes 28, cuando la administración Trump anunció su ataque a PDVSA, cuadragésima empresa a nivel mundial por volumen de ingresos y núcleo de la economía venezolana. Las anteriores rondas de sanciones impedían ya a la empresa refinanciar su deuda o emitir nuevos bonos. Ahora, además, se congelan todos sus fondos en Estados Unidos y se le bloquea el acceso a su principal mercado, pues queda prohibida toda relación con ella a toda entidad estadounidense. Al día siguiente, el Departamento de Estado anunciaba su decisión de poner en manos de Guaidó las cuentas bancarias venezolanas en Estados Unidos.

John Bolton añadía una nueva nota al pie de la Carta Económica para las Américas al apuntar a la bonanza que la nueva situación habrá de suponer para las petroleras estadounidenses, libres ya para «invertir y explotar el petróleo venezolano». No obstante, como veremos, los más elevados principios rectores del quehacer periodístico permiten despachar esta nueva serie de delitos internacionales señalando, sencillamente, que «el apoyo estadounidense es clave para la viabilidad del plan que busca impulsar una transición hacia la democracia en Venezuela». Hablamos de delitos internacionales dado que estas medidas unilaterales constituyen una obvia violación tanto de la letra como del espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, así como de numerosos acuerdos internacionales. Por otra parte, el efecto de estas sanciones en la economía venezolana no es nada parecido a un bulo bolivariano. De este modo, Francisco Rodríguez, consejero económico del opositor Henri Falcón, publicaba en enero de 2018 un artículo haciendo explícitos los graves efectos de las sanciones sobre la economía venezolana. Estas medidas afectan siempre a los más débiles. Es el caso de los entre uno y dos millones –las cifras bailan, y parece verosímil que los más de cinco millones de los que ha llegado a hablar el gobierno venezolano estén «hinchados»– de colombianos desplazados en Venezuela. Su regreso a Colombia a causa del declive económico venezolano forma parte de la reciente «crisis migratoria». Su desplazamiento desde Colombia, que de forma consistente ha venido liderando el ranking mundial de desplazados y violaciones de los derechos humano, no. Hay razones para ello: Colombia no es, en la terminología de Kissinger, un virus que podría infectar a la región. En otras palabras, obedece y no pone en riesgo el buen clima para las inversiones extranjeras.

A pesar de la desastrosa situación económica, el gobierno venezolano ha mantenido sus programas sociales en los contextos de la sanidad, la educación y la vivienda, expandiéndolos de hecho para hacer frente a la escasez y la caída de las rentas. De este modo, hace tres años puso en marcha un programa de suministro de alimentos importados a través de los así llamados Comités Locales de Abastecimiento y Producción. En el contexto del desbocado proceso hiperinflacionario experimentado durante el último año, las constantes subidas del salario mínimo habrían sido por sí solas insuficientes para mantener a flote a la población, cuyo 50% más pobre ha salido adelante gracias a este programa. Para la prensa española, esto no es más que una estratagema para «el control de los votos a través de subsidios». No obstante, no es descabello sugerir que Venezuela ha venido mostrando en este punto un respeto por la Declaración Universal de los Derechos Humanos infrecuente en los países occidentales. Como es sabido, la Declaración incluye una serie de derechos socioeconómicos. Así, por ejemplo, el artículo 25 establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure (...) la salud y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios». Esto es lo que Jeane Kirkpatrick, la embajadora de Reagan ante las Naciones Unidas, definió como una «carta a Santa Claus».