Traducción por Francesca Emanuele

A principios de la década de 1970, un grupo de sandinistas se encontraba en las montañas de Nicaragua luchando para derrocar la brutal dictadura de la familia Somoza, respaldada por Estados Unidos durante 40 años. Cuando en 1971 una poderosa erupción volcánica golpeó Nicaragua, aquellos sandinistas comentaron con los campesinos que se toparon por el camino que la erupción había sido un castigo de Dios por no deshacerse de Somoza. Este pasaje de la historia sería más tarde relatado por el sandinista Omar Cabezas.

Después de que los sandinistas triunfaran en 1979, Estados Unidos emprendió una guerra sangrienta para recuperar el país usando una fuerza paramilitar terrorista llamada los contras, quienes regularmente asesinaban a civiles. El presidente George H.W. Bush dejó claro durante la segunda elección de los sandinistas en 1990 que, aunque él no era Dios, continuaría castigando a los nicaragüenses con un embargo comercial y una guerra, si no se deshacían de los sandinistas. Cansados de la guerra, la hiperinflación y el colapso económico, los nicaragüenses votaron a favor de la oposición: los sandinistas perdieron.

Actualmente, el Gobierno de Trump está repitiendo esta estrategia de castigo colectivo en Venezuela, con un embargo financiero paralizante desde agosto de 2017 y, desde enero, un embargo comercial. El embargo financiero ha impedido al Gobierno venezolano emplear cualquier medida para deshacerse de la hiperinflación o lograr una recuperación económica, al tiempo que las sanciones arrasan con miles de millones de dólares de la producción de petróleo. Se proyecta que el embargo comercial cortará alrededor del 60 por ciento de las escasas ganancias en divisas que le quedan al país, necesarias para comprar medicinas, alimentos, suministros médicos y otros bienes esenciales para la supervivencia de muchos venezolanos.

Al tratar de fomentar un golpe militar, una rebelión popular o una guerra civil, el Gobierno de Trump dejó claro que el castigo continuará hasta que el actual Gobierno sea expulsado. "Maduro debe irse", dijo una vez más a principios de marzo el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence.

Todo esto es ilegal en el marco de numerosos tratados que ha firmado Estados Unidos, incluida la carta de las Naciones Unidas, la carta de la Organización de Estados Americanos y otras leyes y convenciones internacionales. Para legitimar esta brutalidad, que probablemente ya ha matado a miles de venezolanos al reducir el acceso a bienes y servicios que salvan vidas, el Gobierno de Trump presentó las sanciones como un consenso de la "comunidad internacional"; similar a lo que hizo George W. Bush cuando formó una "coalición de voluntades" de 48 países para apoyar su desastrosa invasión en Irak en 2003.

Bajo esta narrativa, los Gobiernos —en su mayoría en América y Europa— que se han unido a Estados Unidos para reconocer un Gobierno paralelo en Venezuela son "democráticos"; mientras que aquellos que no lo han hecho o han declarado en contra del intento de derrocar al Gobierno actual son "autoritarios", con ejemplos como Rusia, China y Turquía, que son los que se mencionan con mayor frecuencia en las noticias.

Analicemos algunos de los Gobiernos que se han unido a Trump en esta operación ilegal de "cambio de régimen", y se han unido al embargo comercial al reconocer a Juan Guaidó como "presidente interino". El aliado más importante y sólido de Trump en América Latina es el presidente brasileño de extrema derecha, Jair Bolsonaro, quien es famoso por decirle a una congresista brasileña que no la violaría porque "no lo merecía", por varios comentarios racistas y anti-gay, y por apología a la violencia política. Irónicamente, dado que la principal justificación del Gobierno de Trump para el "cambio de régimen" en Venezuela es que la elección de Maduro fue ilegítima, el propio Bolsonaro llegó al poder en una elección de cuestionable legitimidad. Su principal opositor, el expresidente Lula da Silva —en aquel momento el político más popular del país— fue encarcelado después de un juicio en el que no se presentaron pruebas tangibles de ningún crimen cometido. El veredicto se basó en un testimonio logrado bajo coacción, emitido por un testigo que fue declarado culpable de corrupción, y cuya negociación para reducir su sentencia fue suspendida hasta que cambió su historia y esta coincidiera con lo presentado por el juez que condenó a Lula, Sérgio Moro. En varias ocasiones, Moro demostró tener una gran animadversión hacia Lula; incluyendo cuando filtró conversaciones interceptadas ilegalmente entre Lula y la presidenta Dilma Rousseff, su abogada, su esposa y sus hijos. Después de que estas y otras irregularidades e ilegalidades aseguraran la condena de Lula, éste fue encarcelado inconstitucionalmente antes de las elecciones presidenciales. Después de las elecciones en las el juez Moro ayudó a la victoria de Bolsonaro gracias a estos métodos, fue nombrado ministro de Justicia.

Otros Gobiernos latinoamericanos en la "Coalición de voluntades de Trump" le deben a Washington algunos favores por ayudarlos a hacerse con el poder. Probablemente el ejemplo más extremo es el del Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández. Su partido llegó al poder en 2009 con el derrocamiento, a través de un golpe militar, del presidente elegido democráticamente, Mel Zelaya. El Gobierno de Obama, junto con miembros del partido republicano, ayudaron a legitimar el golpe y las "elecciones" que vinieron después. Hillary Clinton, entonces secretaria de Estado, describió luego en sus memorias las maniobras que realizó para evitar que el Presidente electo democráticamente regresara a su cargo. En 2017, Hernández retuvo el poder robando descaradamente las elecciones (básicamente, mediante la alteración de los totales de votos). Esta fue la ineludible conclusión de periodistas y observadores de todo el espectro político. Incluso uno de los líderes más fanáticos de la Coalición de voluntades de Trump, el actual Secretario General de la OEA, Luis Almagro, rechazó los resultados y demandó la realización de nuevas elecciones. Por supuesto, no pasó nada, pues el equipo de Trump aceptó los resultados.

Colombia tiene quizás el segundo líder más belicoso de la coalición de Trump, después de Bolsonaro. El presidente Iván Duque es el protegido del expresidente, y ahora kingmaker, Álvaro Uribe. Los cables diplomáticos de Estados Unidos que se hicieron públicos el año pasado mostraron una preocupación generalizada entre los funcionarios estadounidenses sobre los vínculos de Uribe con narcotraficantes. En la década de 1990, la Agencia de Inteligencia de Defensa de Estados Unidos descubrió que Uribe se "dedicada a colaborar con el cártel [de la droga] de Medellín a altos niveles del gobierno". También se cree que Uribe ha tenido vínculos estrechos con los escuadrones de la muerte. Él renunció al Senado colombiano el año pasado en medio de una investigación criminal en curso. Uribe ha respaldado durante mucho tiempo los esfuerzos de Estados Unidos para derrocar al Gobierno de Venezuela. En 2009, numerosos Gobiernos sudamericanos objetaron y bloquearon sus planes para expandir la presencia militar de Estados Unidos en Colombia.

El presidente de Argentina, Mauricio Macri, otro influyente miembro de la coalición de derechas, también le debe favores a Washington. El pasado junio, esta relación lo ayudó a obtener el mayor préstamo del FMI en la historia, $50 mil millones de dólares (el que posteriormente se incrementó a $56.3 mil millones, cuando a la economía argentina le fue mucho peor de lo que el FMI había pronosticado en el marco del acuerdo). Estados Unidos bloqueó los préstamos al Gobierno de su predecesora y adversaria de instituciones de préstamos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo. Esto fue muy significativo, ya que Argentina estaba teniendo problemas en su balanza de pagos hacia el final del mandato de la expresidenta Cristina Fernández. Un golpe aún más fuerte para su Gobierno provino de un juez de Nueva York con aparentes motivaciones políticas, quien prácticamente tomó como rehén a más del 90 por ciento de los acreedores de Argentina en 2012, al decidir que no se les podría pagar hasta que se pagaran primero ciertos fondos buitres con sede en Estados Unidos. Todos estos problemas con Estados Unidos se resolvieron rápidamente poco después de que Macri asumiera el cargo en 2015.

Los medios a veces señalan al presidente Lenín Moreno de Ecuador para demostrar que hay una presencia de "centro-izquierda" en esta suerte de sociedad ilegal y, en cierto modo, barbárica. De hecho, Moreno fue elegido en 2017 con el apoyo del expresidente, Rafael Correa, del partido de izquierdas Alianza PAIS. Pero rápidamente se apartó del legado de su predecesor, formó una alianza con oligarcas de derecha y usó medios extra constitucionales para consolidar su poder. Ahora está tratando de encarcelar al expresidente por lo que parecen ser falsas acusaciones. Moreno ha sido recompensado por Washington con $10 mil millones en préstamos de instituciones multilaterales, incluidos los $4,2 mil millones que obtuvo del FMI el mes pasado. Si $10 mil millones no suenan a mucho, considere que el préstamo, expresado como un porcentaje de la economía de Ecuador, sería equivalente a que Estados Unidos reciba $1,9 billones. No es de extrañar que Lenín Moreno se haya unido a la Coalición Trump.

El presidente de Paraguay también tiene motivos para agradecer al padrino Estados Unidos. Su partido, el Partido Colorado, gobernó el país durante 61 años consecutivos, la mayoría bajo la dictadura de Alfredo Stroessner. En 2008, un obispo de izquierda llamado Fernando Lugo ganó la presidencia sorteando grandes dificultades. Sin embargo, fue derrocado tras un golpe parlamentario en 2012, al que se opuso casi toda Sudamérica. Pero una vez más Washington trabajó con la OEA para ayudar a legitimar el golpe. Así, hay otro presidente sudamericano feliz de unirse a la campaña liderada por Estados Unidos para colocar a un líder de derecha en Venezuela. Aún hay uno más, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, simpatizante de Pinochet, quien nombró el año pasado a dos aliados de la dictadura —la que fue respaldada por EEUU— para integrar su gabinete.

Así es como lo hacemos; hoy, al menos. Hace unos años, cuando la mayor parte de la región estaba gobernada por gobiernos de centro izquierda, Trump no habría conseguido que un solo gobierno en la región apoyara una operación ilegal de cambio de régimen. El secretario de Estado de Obama, John Kerry, descubrió esto en 2013 cuando manifestantes violentos de la oposición estaban en las calles de Venezuela, tratando de anular la primera elección de Maduro. No hubo absolutamente ninguna duda sobre los resultados de las elecciones, y casi todos los gobiernos del mundo los reconocieron. Kerry pronto se encontró completamente aislado; Washington cedió y aceptó la elección de Maduro.

Luego está Europa, que por varias razones históricas solo ha seguido ocasionalmente una política exterior independiente de Estados Unidos. Esto es especialmente cierto para América Latina, donde la Doctrina Monroe es generalmente respetada. Recientemente, la Doctrina Monroe fue invocada descaradamente en público por el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Con esto fue necesario doblar el brazo para derribar al presidente de España, Pedro Sánchez, quien se había opuesto de manera insubordinada a las sanciones de Trump contra Venezuela, incluso antes del embargo comercial y el reconocimiento de Guaidó en enero. Su ministro de Relaciones Exteriores, Josep Borell, le dijo a la prensa que su Gobierno había recibido "presión" de Washington. El gobierno liderado por los socialistas del PSOE de Sánchez también estuvo bajo una intensa presión por parte de los grandes medios de comunicación españoles —que han estado en total modalidad de "cambio de régimen" durante algún tiempo—, pues a finales de abril se llevarán a cabo nuevas elecciones. España fue particularmente importante para asegurar el apoyo europeo en este cometido, ya que otros países, incluida Alemania, a menudo consideran seriamente la opinión de España sobre la política en América Latina.

Incluso si el equipo de Trump tuviera una mayoría global —lo cual no es cierto, con solo 50 de 195 países en todo el mundo que respaldan el cambio de régimen venezolano— sus sanciones económicas mortales, el robo de activos, las amenazas militares y otras acciones para derrocar al gobierno de Venezuela serían igualmente ilegales o ilegítimas, como lo fue la invasión de George W. Bush a Irak, o los muchos esfuerzos de cambio de régimen liderados por Estados Unidos que han tenido lugar en este hemisferio. Esto no es sorprendente, si tenemos en cuenta quiénes están al volante: por ejemplo, el perenne defensor del cambio de régimen, John Bolton,  o el enviado especial Elliott Abrams, quien apoyó lo que luego la ONU descubrió que fue un genocidio en Guatemala, así como las atrocidades patrocinadas por Estados Unidos en El Salvador y Nicaragua en los años ochenta. El elenco de personajes que apoyan este intento de cambio de régimen, ya sea en Washington o entre algunos de sus aliados más cercanos, debe subrayar lo que ya es obvio: los esfuerzos de Estados Unidos por expulsar a Maduro no tienen nada que ver con la democracia o los derechos humanos.