Dominio público

DER II y Acto Delegado: una oportunidad perdida para frenar el cambio climático

Cecilia Sánchez Suárez

Jurista e integrante del área de Energía de Ecologistas en Acción

Desde la pasada década la Unión Europea (UE) ha estado apostando por el  uso de los biocombustibles para alimentar el sector del transporte. Estos han sido considerados como una fuente de energía más sostenible y limpia que el diésel y la gasolina, además de contar con la ventaja de no exigir grandes cambios estructurales en el mismo. Se trataba de la salida ideal para uno los sectores que más contribuyen al cambio climático.

Para ello impulsó especialmente los biocombustibles de primera generación, procedentes de cultivos alimentarios como la palma o la soja. Ello hizo entre 2003 y 2012 se multiplicase por diez su consumo en la UE, tras la implementación de la Directiva[1] de 2003 encargada de su regulación.

Esta política fue continuada con la Directiva[2] de 2009 (DER I), que asignó una cuota mínima del 10 %  en el uso de estos biocombustibles para su consumo en el sector del transporte.

Sin embargo, varios estudios como Mirage[3] o Globiom[4]  pusieron de manifiesto que los supuestos "combustibles verdes" eran muchísimo más contaminantes que los combustibles fósiles. Según el este último informe, quedó patente que las emisiones del biodiésel de aceite palma son tres veces más elevadas que las emisiones del diésel fósil. La tala indiscriminada de selvas o el drenaje y quema de turberas para la producción de esta materia prima, sigue provocando junto al aumento escandaloso de las emisiones,  una gravísima deforestación o pérdida de biodiversidad, (además de otros problemas como las continuas violaciones de derechos humanos). Indonesia líder en la producción de aceite de palma ha perdido una cuarta de sus bosque tropicales y ha pasado a estar dentro del ranking de los diez mayores países emisores de CO2.

La voz de alarma se reflejó tímidamente en la reforma en 2015, que redujo el uso de agrocombustibles en el transporte a un máximo de un 7%.

A  finales de 2018, fruto del proceso de reforma global de la normativa energética europea, se aprobó una nueva Directiva[5] sobre renovables (DER II) en cuyas negociaciones el Parlamento Europeo abogó por  la expulsión los biocombustibles del marco de las energías renovables sin logarlo, si bien es posible reducir voluntariamente el consumo de agrocombustibles por debajo del 7%.

Dicha directiva ha sido completada con la emisión de la Comisión Europea de un documento[6]  publicado el 13 febrero de 2019. En él se ha avanzado al calificar de "insostenible" el cultivo de palma por sus graves emisiones, lo que significa que no puede disfrutar de los subsidios para su producción. Pero ha retrocedido, en un intento de calmar las tensiones con los principales países productores, al establecer numerosas exenciones que en la práctica permitirán que se sigan utilizando estos combustibles. A ello se le suma la no calificación de insostenible al cultivo de soja, dos veces más contaminante que el diésel convencional.

Esto ha hecho que la coalición paneuropea de organizaciones ecologistas organizadoras de la campaña #NotInMyTank (#NoEnMiDepósito en España), de la cual forma parte Ecologistas en Acción, haya reconocido como "relativo" el avance que supone la clasificación del aceite de palma como insostenible en dicho documento.

Según el informe Renewables 2018 Global Status Report, la tendencia en el sector del transporte pasa por la electrificación, especialmente de los vehículos ligeros.

Cabe preguntarse si tiene sentido continuar agravando el cambio climático, la pérdida de biodiversidad y los problemas de derechos humanos cuando estamos a las puertas de cambios tan significativos en dicho sector. Quizás hemos desperdiciado la oportunidad para establecer un marco normativo más ambicioso con objetivos y medidas acordes con los pactos internacionales sobre calentamiento global suscritos que tanto nos urge.


NOTAS
[1] Directiva 2003/30/CE sobre el fomento del uso de los biocarburantes en el transporte.
[2] Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo  y del Consejo de 23 de abril de 2009 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables encargada de establecer los objetivos de producción de energía renovable para el año 2020.
[3] Estudio llevado a cabo por el Instituto Internacional sobre Políticas Alimentarias y concluido en 2011.
[4] Informe redactado por el IIASA, Ecofys y E4tech a petición de la Comisión Europea finalizado en 2015.
[5] Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo de 11 de diciembre de 2018 relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables
[6] Acto Delegado y su Anexo de 13 de febrero de 2019 disponible en : https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2019-762855_en