Opinión · Dominio público

Las pensiones en la encrucijada

IGNACIO ZUBIRI

Debido al envejecimiento, en el medio y largo plazo no se podrán pagar pensiones parecidas a las actuales con cotizaciones similares a las actuales. Incluso si se crea mucho empleo, es muy poco probable que crezca la base de las cotizaciones (la participación de los salarios en el PIB), por lo que cualquier futuro aumento significativo del coste de las pensiones, en porcentaje del PIB, no se podrá financiar con cotizaciones a los tipos actuales. Si, como sugiere la Comisión Europea, las pensiones aumentan desde el 8,9% del PIB actual al 15,5% en 2050, habrá que reducirlas más del 40% para poder financiarlas con cotizaciones.
Ante esto hay dos opciones. Primero, reducir los gastos, de modo que los trabajadores soporten todo el coste adicional del sistema por la vía de reducir sus jubilaciones. Segundo, repartir el coste adicional entre generaciones, tipos de renta y contribuyentes. Para lograrlo habría que aumentar los ingresos y reducir las prestaciones, respetando razonablemente los derechos de los trabajadores.

En esta elección, las instituciones internacionales y el Gobierno optan por reducir las pensiones. La reducción que propone el Gobierno, pese a ser sustancial (previsiblemente, entre el 15% y el 25%, según se incluyan cinco o diez años más en la base, puede ser insuficiente y sólo anticipar más reducciones posteriores. Además, todos tienen prisa por bajar las pensiones para, dicen, favorecer la salida de la crisis. Esto es una excusa para forzar la reforma que quieren, porque la incidencia sobre la crisis de una reforma que tendrá efectos dentro de 20 años resulta dudosa.
Bajar las pensiones no es una cuestión técnica. Es una posición ideológica basada en los supuestos de que no se pueden subir las cotizaciones y no se deben pagar pensiones con impuestos. Aunque es discutible que no se puedan subir las cotizaciones, lo mejor sería financiar parte de las pensiones futuras con impuestos. Y hay buenas razones para hacerlo. Los sistemas públicos no existen para que el Estado actúe como una empresa de seguros que iguala ingresos y gastos. Existen para garantizar determinados niveles de bienestar a la población jubilada. Si los niveles de bienestar que decide la sociedad no se pueden pagar con cotizaciones, es legítimo que se paguen con impuestos. De hecho, la idea de que todas las pensiones se paguen con cotizaciones es ajena a la historia pasada de las pensiones en España y contraria a lo que hacen muchos países. Más aún, los recursos necesarios para mantener las pensiones no son exagerados. El coste de las pensiones en 2050 será sólo algo superior a lo que hoy gastan Francia o Italia. E incluso si todo el coste adicional se financiara con impuestos, la presión fiscal resultante sería similar a la que tiene hoy el promedio de la UE-15.

Los defensores de bajar las pensiones públicas dicen que los trabajadores deben compensar lo que pierden comprando pensiones privadas. Esto sería injusto, porque les haría pagar dos pensiones, la de los jubilados actuales y parte de la suya. Además, es inviable, porque la mayoría de la población no tiene dinero para comprar pensiones privadas a niveles significativos. Por ello, la pensión pública será la única que tendrá la mayoría de la población. Más aún, dada la escasa rentabilidad que han obtenido los planes privados y su vulnerabilidad a las crisis económicas, no está claro que, aunque pueda, nadie deba confiar su pensión a un sector privado que sólo ha demostrado que sabe cobrar comisiones altas. Quienes tienen un plan privado se sorprenderán de lo poco que recibirán cuando se jubilen, especialmente si transforman su capital en una renta vitalicia. A pesar de esto, la reforma va a dar a las instituciones financieras el argumento ideal para vender más planes de pensiones.
La reforma más razonable debe repartir entre generaciones y tipos de renta el coste adicional de las pensiones. Para ello debe:

1. Aumentar los recursos del sistema. Se debe abandonar la idea de que las pensiones se financien sólo con cotizaciones. El Estado debe aportar impuestos, bien estableciendo una pensión universal de vejez (financiada con impuestos y parte de las cotizaciones) o bien comprometiéndose a cubrir con impuestos cualquier déficit del sistema. Además, se debe potenciar el Fondo de Reserva, reducir el fraude en las cotizaciones y, en el medio/largo plazo, pasar cotizaciones de desempleo a pensiones y, si es necesario y posible, utilizar la deuda.

2. Ajustar el nivel de las pensiones. Estaría muy bien dedicar todo el tiempo adicional de vida al ocio, incluso si la esperanza aumentara a cien años. Pero el ocio adicional lo pagan otros en un contexto en el que hay problemas financieros. Elevar la edad de jubilación –obligatoria o incentivadamente– a los 67 años es una forma justa de que los jubilados futuros soporten parte del coste adicional de las pensiones (cobrarán pensiones incluso durante más años que los jubilados actuales). Además, se deben elevar a 37 los años para cobrar una pensión completa y el porcentaje de pensión a cobrar debe ser proporcional a los años cotizados, eliminando el mínimo de años para recibir alguna pensión. Con estas medidas, los trabajadores tendrían pensiones similares a las actuales aunque trabajando más tiempo. Por contra, no se debe aumentar el número de años incluidos en la base reguladora porque implica una reducción de la pensión pública que no podría recuperarse trabajando más.

Ignacio Zubiri es catedrático de Hacienda de la Universidad del País Vasco

Ilustración de José Luis Merino