Opinion · Dominio público

¿Caridad o justicia?

Miren Etxezarreta

Doctora en economía y economista crítica

Pasada ya la algarabía de las elecciones, aunque todavía queden muchos rescoldos con la formación de los diversos gobiernos, parece llegado el momento de volver sobre los temas habituales que afectan a la vida cotidiana. Entre ellos me parecen destacables las iniciativas a las que estamos asistiendo acerca de los procesos de racionalización de las plantillas de algunas de las  instituciones financieras más importantes de este país. Sobre todo me voy a referir al despido, ya aceptado,  de 2.023 trabajadores de la Caixa.

Que está transcurriendo con relativa placidez. Es curioso que cuando 700 trabajadores de la industria son despedidos, por ejemplo, generan un intenso malestar social protestas, huelgas, comentarios en los medios, mientras que si un número considerablemente mayor de trabajadores (que lo son, aunque les gusta más denominarse empleados), son cesados desde las entidades financieras no son noticias muy comentadas.

Mientras son abundantes  los comentarios de los dirigentes políticos y sociales sobre la precariedad laboral y sobre la necesidad de eliminar, o por lo menos modificar sustancialmente las leyes de las legislaturas anteriores sobre la reforma laboral, al mismo tiempo que se expresa, incluso por algunas entidades patronales, la preocupación por la desigualdad y la pobreza en nuestra sociedad, y por las instituciones políticas y civiles la necesidad de mejorar la situación respecto a ambos aspectos,  el hecho de establecer fuertes ERES que afectan a miles de trabajadores, a lo más se publican como noticias normales, pero es bastante difícil encontrar algún comentario evaluativo sobre los mismos. Que una empresa financiera como la Caixa, que en 2018 presentó oficialmente unos beneficios de 1.985 millones de euros, con un 17,8% de aumento sobre 2017, decida despedir a más de dos mil trabajadores y cerrar  821 sucursales, parece suponer únicamente una noticia sobre el Plan estratégico de la entidad para 2019-2021. ¿No chirrían bastante estas actitudes?

Los sindicatos implicados han aprobado el acuerdo, con la excepción de CCOO que parece oponerse al mismo, pero sólo porque discrepa de la normativa para la movilidad forzosa. Es verdad que si se lee el acuerdo se puede percibir que los despidos van a suponer indemnizaciones relativamente generosas. Es bastante lógico que los trabajadores las acepten por sus ventajosas condiciones y por el temor a que si no lo hacen así la situación puede ser mucho menos favorable en el próximo futuro. Pero que los sindicatos no piensen en el impacto social que ello supone es difícil de entender.

La potencia económica de estas entidades les permite comprar los despidos. De hecho en las cuentas del segundo trimestre de 2019 ya han hecho un cargo de 890 millones para este programa, que, seguramente serán cargados en las cuentas como gastos normales de explotación que disminuirán el importe a pagar de impuestos. Como, además,  estiman ahorrar 190 millones de euros anualmente con esta actuación, el gasto está plenamente justificado…

Pero estos despidos no son gratis para el resto de la plantilla, aquellos a los que se les permite mantener su empleo: habrá cambios en los horarios de apertura, es decir en los horarios de los trabajadores, una reorganización geográfica de la fuerza laboral, un aumento, – sí, aumento con menos plantilla-, de sucursales modernas (store y business bank) y un aumento de empleados asignados al modelo de servicio remoto  (in touch)… ¿están de acuerdo los que continúan empleados o han de aceptarlo para seguir manteniendo sus empleos?  ¿Creen los sindicatos que es el importe de la indemnización todo lo que cuenta?

¿No importa que las empresas más potentes de este país decidan despedir a parte de su plantilla simplemente porque lo han decidido en su Plan Estratégico? ¿No se puede tener en cuenta que todavía en este país hay más de tres millones y medio de parados, que la mayoría de jóvenes, muchos de ellos con un magnifico nivel de preparación, o están parados o tienen contratos de vergonzosa precariedad? ¿No se tiene en cuenta el efecto demostración que la actuación de estas entidades punteras tiene para otras más modestas? No sólo entre las más modestas: al tiempo que se escriben estas líneas se anuncia un expediente similar en el Banco de Santander, de momento con una propuesta de eliminar más de 3.000 empleos, y para el que pudiera escribirse un comentario muy parecido a este, lo que obviamos por no ser todavía conocida en detalle.  La actuación de la Caixa justifica y normaliza los despidos en empresas con importantes beneficios, sin más razón de existir que la voluntad de la entidad.  Y esto a pesar de que las entidades financieras españolas tienen la proporción de empleados por cada 100.000 habitantes más baja a nivel internacional (solo por encima de Japón).

Toda la supuesta preocupación por la España vaciada ¿cómo se combina con el cierre de 821 sucursales (el 40% de las mismas), muchas de ellas sin duda en las zonas rurales? , probablemente la reforma implica que los clientes habrán de desplazarse más lejos para operar y habrán de realizar más operaciones por sí mismos, eso sí, con fórmulas más modernas que ahorran mano de obra, haciendo la vida más difícil a los más vulnerables (las personas menos familiarizadas con internet y las que viven más lejos de las sucursales).