El término de persona mayor o de la tercera edad se suele aplicar a la gente de 65 o más años, a los jubilados y a los que cobran una pensión y con frecuencia se vincula al envejecimiento, fragilidad y discapacidad. Sin embargo, el envejecimiento no ocurre de una manera uniforme y tiene un inicio y una progresión que varía entre individuos.

El envejecimiento se inicia al finalizar la fase de crecimiento y madurez, aunque hay quien opina que es un fenómeno que está presente desde el mismo momento de la concepción. Nuestros órganos están dotados con una población de células muy potentes (células madres) que se ocupan de reparar los daños que puedan ocurrir y solo cuando se sobrepasa la capacidad de reparación se producen una serie de modificaciones morfológicas y funcionales, reconocibles como envejecimiento, que pueden abocar a distintas enfermedades como ciertos tipos de demencia y cánceres, procesos osteoarticulares y algunas patologías cardiovasculares, entre otras. Los mecanismos responsables del envejecimiento a nivel biológico no son completamente conocidos y, lamentablemente, existen prejuicios y estereotipos con el término lo que hace que los mayores sean más vulnerables y su integración en la sociedad sea más difícil. Por este motivo, en este artículo utilizaremos el término de personas mayores en lugar de envejecimiento.

El incremento de la población de personas mayores es un fenómeno global consecuencia de un aumento de la esperanza de vida y también de una disminución simultánea de la natalidad. España es uno de los países con una vida media más elevada, actualmente de 85,6 años para la mujer y 80,0 años para el hombre, y se estima que para el 2033 será de 87,7 años para la mujer y 82,9 años para el hombre. Según el Avance de la Estadística del Padrón Continuo del INE del 1 de enero de 2019, en España hay un total de 47.007.367 habitantes, de los cuales las personas de 65 y más años es del 19,3%, esto es casi 1 de cada 5 españoles). Estudios realizados por la ONU, estiman que para el 2050 nuestro país sera el más añoso, con un 40% de su población de más de 60 años (Population Ageing and Development 2009: www. unpopu-lation.org) mientras que en el mundo habrá 2 billones de ciudadanos de 60 o más años, lo que supone el 22% de toda la población.

El progresivo agravamiento del desequilibrio poblacional se debe a la baja tasa de natalidad (nacimientos por cada mil habitantes) y el bajo índice de fecundidad (media de hijos por mujer), que en España eran de tan solo 8,41% y de 1,31, respectivamente, en el 2017, colocándose muy por debajo de la tasa de reemplazo de la fertilidad del 2,1. Los flujos migratorios serían un tercer factor que influencia la edad media de la población, pero estos pueden fluctuar dependiendo de las políticas migratorias y no son motivo de análisis en este artículo.

El aumento de la edad media de la población plantea interrogantes con respecto al futuro del mercado de trabajo, de la vivienda y el transporte, de la salud pública y la sanidad, de la estructura familiar y las relaciones intergeneracionales, y todas ellas necesitan soluciones claras y eficaces. Por otro lado, hay que tener en cuenta la disminución de la población en edad de trabajo que hace que la tasa de dependencia, definida como la relación entre la población de más de 66 años y el colectivo de entre 16 y 66 años, siga aumentando. Según el INE, en España, la tasa de dependencia pasaría del 25,6% en 2018 al 45,7% en 2068, y alcanzaría un máximo del 51,6% en 2052 (Boletín Económico 1/2019. Banco de España). La comunidad internacional, consciente de la importancia de la integración de la gente mayor en la vida social y económica de la sociedad, ha mantenido varias reuniones desde 1982 en que tuvo lugar la primera Asamblea Mundial sobre Envejecimiento en Viena y posteriormente en una segunda en Madrid en 2002 donde se reenforzó la necesidad de un plan de acción de soporte y desarrollo de la gente mayor. Pero más allá de declaraciones de buenas intenciones, una integración plena y efectiva del ciudadano mayor en la sociedad necesita de actuaciones concertadas y claras en diversas áreas que se comentan a continuación.

Pensiones justas y dignas. Prácticamente la totalidad de las personas mayores recibe alguna prestación económica del sistema público de pensiones; sin embargo, hay una gran variabilidad en la cuantía y no se tienen en cuenta las diferencias en el coste de la vida del lugar de residencia, lo que en algunos casos conduce a situaciones de pobreza. Es necesario que todas las personas mayores tengan asegurada una pensión suficiente para llevar una vida digna de acuerdo con los estándares del medio en que viven. Hay quien sugiere que la financiación de las pensiones exclusivamente por la seguridad social no es un modelo sostenible y ofrece como alternativa los planes de pensiones privados. Si bien es cierto que el incremento de la tasa de dependencia puede comprometer la viabilidad de las pensiones al ser la seguridad social la única fuente de ingresos, también se ha de admitir que todo plan de pensiones privado está diseñado para la obtención de beneficios de los inversores. Es pues obligatorio buscar otras alternativas como pueden ser: (i) la financiación de las pensiones por los impuestos, para lo que sería preciso mejorar los salarios y crear empleos estables evitando así la precariedad laboral, (ii) una respuesta social y política adecuada a la desindustrialización y concomitante aumento de la robotización con reajuste de las relaciones de mercado, (iii) y la continuación del trabajo productivo de las personas mayores que, gozando de un buen estado físico y mental, deseen permanecer en el mercado laboral. Una combinación de estas medidas abocaría a un nuevo paradigma social y asegurarían unas pensiones dignas y sostenibles.

Sistema sanitario público que cubra las necesidades sanitarias de las personas mayores y esté dirigido a tratar la cronicidad. El aumento de las personas mayores con una mayor prevalencia de enfermedades crónicas eleva el consumo de recursos y representa un reto al sistema sanitario público.  El 92% de las personas mayores tienen una enfermedad crónica, considerada como tal cualquier enfermedad o problema de salud de 3 o más meses de duración, y la mayoría tienen dos o más patologías asociadas (National Council On Aging). Nuestro sistema sanitario está centrado en la asistencia especializada (hospitalaria) y la asistencia primaria y comunitaria está infradotadas en presupuesto y personal para satisfacer no solamente las necesidades sanitarias de las personas mayores sino de todos los ciudadanos. El sistema sanitario actual está obsoleto y no es necesario insistir en que debe transformarse para responder de forma adecuada a la nueva realidad social de una población cada vez más añosa. Al ser la sanidad financiada por los presupuestos generales, es una exigencia para la administración de turno asegurar el acceso de todos los ciudadanos, incluidos los mayores, a una sanidad de calidad sin que tengan que ser penalizados a pagos extras por medicamentos y a buscar tratamientos en el sector privado.

Vivienda. Habitualmente los ciudadanos mayores no quieren perder su independencia y prefieren vivir en su propia casa y al ser posible cerca de familiares y amistades conservando los lazos sociales. En España casi el 90% de la población de 65 y más años tiene vivienda en propiedad y el deseo de continuar viviendo independientemente no representa un problema en la mayoría de los casos. Sin embargo, no todas las viviendas poseen las condiciones necesarias para vivir de manera independiente y segura. Las caidas son la causa más importante de lesiones y muertes en la gente mayor y una de las medidas más importantes para su control es la mejora de las condiciones habitacionales. Es pues necesario desarrollar planes de información y ayuda para mejorar las condiciones habitacionales de los mayores que deseen continuar viviendo en su propia casa.

El aumento de la vida media ha hecho más probable que en algún momento los cuidadanos mayores vivan aislados y en soledad, condiciones determinantes de una peor calidad de vida y de muerte precoz. En los últimos años se ha observado un incremento de los hogares unipersonales en personas de 65 y más años, aunque las proporciones en nuestro país son todavía menores que en otros países europeos. Para combatir el aislamiento de las personas mayores se necesitan ideas innovadoras y en este contexto se ha sugerido la creación de viviendas y espacios que puedan ser compartidos por personas de todas las edades, conocidos como convivienda intergeneracional (Ache PM, Fedrowitz M. The development and situation of co-housing initiatives in Germany. Built Environment. 2012;38(3):395. doi: 10.2148/benv.38.3.395), lo que facilitaría los intercambios entre personas de diferentes grupos de edad. Es aconsejable que la administración pública se involucre en este tipo de esquema habitacional facilitando su desarrollo, fomentando los vínculos comunitarios y evitando la discriminación y la segregación. En todo caso el diseño de este tipo de viviendas y espacios debe ser flexible y adaptable a las necesidades cambiantes de los usuarios. El beneficio social de la interacción entre generaciones compartiendo servicios y actividades es incalculable y la propia OMS ha impulsado la adaptación de ciudades y comunidades a las personas mayores, fomentando la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Adaptadas a las Personas Mayores y creando una plataforma para compartir información de forma interactiva.

Mientras que los esfuerzos han de dirigirse a mantener a los ciudadanos mayores dentro de la comunidad, aquellos que no puedan vivir independientemente o que requieran algún tipo de asistencia debido a debilidad física o enfermedad mental tienen la posibilidad de establecerse en residencias o instituciones especializadas donde puedan recibir los cuidados necesarios. En España hay 4,2 plazas de residencia por cada 100 personas mayores y, sin entrar a valorar si esta tasa es adecuada o no, las deficiencias en la calidad de los cuidados y en la alimentación en muchas de estas instituciones han sido motivo de repetidas denuncias por parte de familiares en los medios de comunicación. La ausencia de controles adecuados y la importante participación privada en este tipo de prestaciones, frecuentemente regidas por criterios puramente economicistas, debilitan un sector que es crítico para mantener la calidad de vida y la dignidad de los ciudadanos en la última fase de la vida. Se han de establecer pues los mecanismos adecuados para la regulación y control apropiados de estas instituciones impidiendo que inversores privados obtengan beneficio de los servicios públicos a costa de socavar la calidad de las prestaciones.

Contribución activa a la vida laboral. La proporción de quienes continúan activos laboralmente tras cumplir los 65 años en España es muy baja comparada con otros países europeos y de la OCDE, tan sólo el 5,9% en 2017 en la población de 65-69 años, mientras que en China la población empleada de esta edad alcanza el 37%. Hay personas mayores que desean seguir contribuyendo a la sociedad de forma activa y no hay claros argumentos en contra de esta propuesta. La tesis de que la continuidad de las personas mayores en la vida laboral restaría oportunidades a la gente más joven no se sostiene como indica la creciente tasa de dependencia. Por otro lado, la sociedad tiene que enfrentarse a sistemas sanitarios crónicamente deficitarios en recursos y a pensiones y prestaciones sociales cada vez más elevadas y la aportación de la gente mayor puede ser de gran importancia. Está claro que un aumento de la contribución de las personas mayores a la vida laboral permitiendo jubilaciones flexibles y no obligatorias ayudaría a paliar estas necesidades y a contrarrestar la tasa de dependencia.

Educación continuada. Es bien conocido que el nivel de instrucción es más bajo en cuanto más avanzada es la edad, lo que representa un obstáculo importante para que los mayores puedan ser independendientes y continuar desarrollándose desde el punto de vista personal y social. Actualmente existen programas de formación continuada de indudable valor en algunas comunidades, en su mayoría promovidos por movimientos sociales, agrupaciones vecinales y por los propios usuarios. Sin embargo, es preciso establecer programas educativos amplios y debidamente financiados a nivel estatal y en todos los ámbitos, para que la gente mayor tenga la oportunidad de acceder a ellos.

Un tema de crucial importancia hoy día es la la brecha digital en los mayores, lo que les incapacita para realizar tareas rutinarias simples como acceder a la información digital o gestionar sus propias transacciones bancarias. En España hay un descenso en los porcentajes de personas que utilizan internet a partir de los 55 años y para paliar este déficit es necesario desarrollar programas educacionales específicamente dirigidos a los mayores en el uso de las nuevas tecnologías. Una adecuada conectividad digital de los mayores permitiría un mayor acceso a la educación continuada, a la posibilidad de la teleasistencia y a una disminución del aislamiento.

Participación política. La existencia de partidos políticos sólidamente establecidos y con políticas internas que favorecen la endogamia y la falta de transparencia plantea importantes dificultades para la participación de los mayores. En nuestro país la edad media de los parlamentarios ha sido de forma consistente de menos de 50 años de edad y a partir de los 60 años el porcentaje de parlamentarios ha sido menor que la del resto de la población. Así en la legislatura del 2016, tan solo el 10% de los diputados en el Congreso tenían 60 o más años de edad a pesar de que el porcentaje de la población de esta franja de edad representara casi el 23% (INE).

El argumento de que los mayores no están interesados en participar políticamente no es cierto como lo demuestra el elevado número de formaciones políticas y plataformas surgidas del activismo de la gente mayor tanto en España como en Europa. A pesar del creciente número poblacional de gente mayor y de su deseo expreso de participar en la gestión política no existe representación directa de los ciudadanos mayores ni en el Congreso de los Diputados ni en el Parlamento Europeo. Tampoco existe dentro de los partidos políticos una representación paritaria de los mayores como ya es práctica habitual con el feminismo. La madurez y el conocimiento que los mayores pueden aportar a la vida social y política es de valor incalculable y no se debe desaprovechar. Es pues una exigencia democrática y una necesidad social que los mayores tengan paridad dentro de los partidos y una representación política directa en los órganos de gestión. Dado que la contribución a la política de los mayores es esencialmente de carácter altruista y que la dinámica de partidos puede obstaculizar el desarrollo de programas que protejan los derechos de las personas mayores, otra alternativa es la creación de una plataforma donde puedan confluir las distintas organizaciones locales y autonómicas de la gente mayor. Este último tipo de estructura sería más flexible y podría ser más útil y eficaz que los propios partidos políticos.

La contínua inversión de la pirámide poblacional seguirá teniendo un impacto social y económico cada vez más importante y cuestiona el modelo de sociedad actual. Consciente de la creciente importancia social de la gente mayor, la ONU ha establecido una agenda de protección y fomento de sus derechos que han de implementarse para el 2030. Mantener pues la plena integración de los mayores en la sociedad es crítico y puede ser el estímulo necesario para la transformación del modelo social competitivo que actualmente tenemos en otro más cooperativo y humanista que permita desarrollar comunidades más sostenibles y cohesionadas. Esto será posible solamente si las personas mayores son empoderadas con las herramientas necesarias haciéndolas protagonistas de su propio destino.