Dominio público

¿Estados miembro?

Diana Riba

Eurodiputada de ERC

La Unión Europea ha supuesto un avance fundamental para este rincón del mundo. Después de dos guerras mundiales, millones de muertes y décadas de dictaduras, la creación de este entramado institucional ha logrado mantener unos altos niveles de estabilidad, paz y prosperidad poco cuestionables. Dijo uno de los padres europeos, Jean Monnet, que ‘fundar Europa significa lograr la paz’ y así ha sido, en buena medida, durante las últimas décadas.

Lo que sí que resulta más cuestionable es si realmente ha existido un cambio de paradigma en los países que querían formar parte del proyecto europeo; un cambio en el cual tenían que pasar de ser viejos Estados Nación a nuevos Estados miembro. Las diferencias entre estos dos modelos de Estado son enormes. Los primeros se caracterizaban por ser Estados territorialmente celosos, centralistas y, a menudo, belicistas. En cambio, los segundos representan un nuevo estadio en el cual la soberanía pasa a ser compartida con otras instituciones superiores y sus malentendidos -internos y externos- ya no deben canalizarse a través de la violencia y la represión como antaño, sino del dialogo, la democracia y la diplomacia.

Desgraciadamente, la actitud de demasiados países de la Unión nos confirma que los viejos vicios de los Estados Nación siguen bien vivos. La Unión Europea está sufriendo un repliegue nacional de sus integrantes; una rebelión de unas élites (a menudo, ancladas en la extrema derecha) que siempre estuvieron recelosas de compartir el timón de la nave. El difícil contexto económico e internacional y la globalización, entre otros factores, han provocado que emerjan fuertes voces antieuropeístas y ultranacionalistas en los centros de poder que piden recuperar el control (¿Let’s take back control’, recordáis?). Lo hemos visto en el Reino Unido, Hungría, Polonia, Italia y también en España, entre muchos otros.

Si nos centramos en el caso español, observamos que este euroescepticismo creciente no se traduce solamente en el surgimiento de partidos de carácter fascista, como es el caso de Vox. De hecho, Vox es tan solo la punta del iceberg. Esta desconfianza hacia, como dirían algunos, "aquellos que nos quieren gobernar desde fuera", se hace evidente en la actitud que muestran importantes poderes del Estado, como el judicial, y una buena parte de la clase política española. No se habló suficiente, por ejemplo, de cómo el eurodiputado del PP, González Pons, pidió que se suspendiera el Tratado de Schengen si la euroorden no conseguía que el President de Catalunya exiliado en Bélgica, Carles Puigdemont, fuera entregado a España.

En este sentido, la estrategia internacional que ha seguido la justicia española para forzar la entrega de los miembros del gobierno catalán en el exilio también ha sacado a la luz este euroescepticismo institucional del cual les hablo. Lo pudimos ver en un primer momento cuando el juez instructor, Pablo Llarena, manipuló el sistema de euroórdenes al emitirlas y retirarlas como si de un juego de mesa se tratara. Pocas semanas después, durante la campaña de las elecciones europeas, PSOE, PP, Cs y Vox (casi la totalidad del espectro político español) también cuestionaron el sistema de euroórdenes y no faltaron críticas feroces al gobierno y a la justicia de Alemania porque no participaron del montaje judicial que el Estado español ha construido para seguir "descabezando" el movimiento independentista catalán.

En pocas semanas o incluso días, podríamos tener un nuevo capítulo de esta serie de despropósitos. El Tribunal Supremo emitió una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para saber el alcance de la inmunidad del eurodiputado electo Oriol Junqueras al cual, el Estado español, le ha prohibido recoger su credencial manteniéndolo encarcelado. Si el juez Marchena decidiera retirar la cuestión prejudicial o dictara sentencia antes de tener una respuesta por parte del tribunal europeo, estaríamos ante la enésima muestra de cómo las instituciones españolas menosprecian las instituciones europeas y manosean sus procedimientos a su antojo. Tal desprecio no sería solamente hace el tribunal de Luxemburgo, sino hacia la misma democracia europea, ya que se están vulnerando los derechos políticos de dos millones de ciudadanos que votaron a unos representantes los cuales, por capricho de un Estado, se les imposibilita ocupar su escaño.

Hace falta decir que las reticencias hacia los entes supranacionales no se limitan a la Unión Europea. El Estado español no parece que tenga, por ejemplo, más aprecio por organismos como Naciones Unidas. El pasado mes de mayo, el grupo de trabajo de la ONU sobre detenciones arbitrarias pidió liberar a los presos políticos catalanes -entre ellos, también Oriol Junqueras- porque consideraba su encarcelamiento "arbitrario y contrario a los principios de la declaración universal de derechos humanos". A día de hoy, siguen en prisión.

El triunfo del Brexit; la aparición de personajes como Orbán o Salvini; la vuelta hacia la supremacía nacional; y, en general, la existencia, nuevamente de actitudes autoritarias como la que ha adoptado el Estado español con la disidencia política, nos muestran que algo está fallando. Los viejos vicios de los Estados Nación están rebrotando.

Es a menudo en las crisis que nace la inventiva y las grandes estrategias. Por lo tanto, aprovechemos esta crisis de confianza para iniciar una reforma que vaya en la dirección de hacer una Europa más federal y en la cual la voz de los ciudadanos, representada por el Parlamento Europeo, sea decisiva. Una Europa donde la justicia social y el principio democrático sean la base de cualquier decisión comunitaria. Una Europa que no calle ante las vulneraciones de derechos fundamentales. En definitiva, hagamos una Europa que no anteponga los intereses de los Estados a los derechos de los ciudadanos. Solo así tendrá sentido este gran proyecto político.