Opinion · Dominio público

La normalidad era el problema

Manuela Bergerot

Especialista en políticas de memoria

El 15 de noviembre de 1992 a las 7:50 de la mañana bajábamos la cuesta hacia el Instituto con las manos metidas en los bolsillos, queríamos llegar a clase aunque fuera para entrar en calor. Torrelodones siempre fue muy extremo.

Esa mañana en la puerta del insti había muchos coches oscuros con una sirena roja dentro, sin encender. No había carreras por entrar a clase, no había gritos adolescentes ni risas provocadoras. Sólo miradas a unos hombres que a medida que iban llegando un grupo de nuestros compañeros los iban metiendo en los coches, sujetándoles las manos por detrás y bajándoles la cabeza. No había resistencia.

Dos noches antes, tres de ellos junto con un amigo policía, se habían montado en el coche de éste y se fueron a dar un susto a los dominicanos que vivían en la discoteca abandonada Four Rouses, en Aravaca. Esa noche mataron a Lucrecia Pérez.

Lo que me llama la atención de nuestra reacción aquella mañana es que no nos sorprendiera tanto, llevábamos mucho tiempo conviviendo con la impunidad de sus canciones fascistas, sus símbolos y su odio. Y sobre todo, con la naturalización de todo aquello por parte del instituto, como reflejo de la banalización que la sociedad hacía del fascismo. Los alumnos que nos atrevímos a enfrentarnos a ellos, quitándoles sus banderas franquistas de clase y negándonos a entrar si seguían, no tuvimos respaldo por parte del instituto.

Durante los siguientes días, los que no entraron aquella noche en el coche porque no había sitio, se quitaron los tirantes, las botas y se dejaron crecer el pelo. No recuerdo que nos dieran charlas sobre convivencia, racismo o fascismo… Lo que recuerdo es que al tiempo empezaron a amenazarme y a dejarme mensajes en la carpeta: «la siguiente eres tú, sudaca».

Estuve un mes haciendo que salía de casa para ir al instituto, pero me escondía en el monte, fue cuando aprendí a escalar. Hasta que mi madre vió un día mi carpeta, tuve que contar la verdad, con el miedo de sentirme responsable del odio que suscitaba. Tampoco ahí se contó con recursos del instituto para solucionarlo, tuvo que ser por fuera.

La vida en el pueblo reafirmaba lo que nos habían enseñado los libros de texto del instituto: una cultura de la banalización del mal y jerarquías de poder materializadas en una convivencia marcada por el miedo de los vencidos, el silencio como herramienta de duelo colectivo y la experiencia de la violencia relegada a la intimidad. Una extraña convivencia donde los vencedores eran el alcalde del pueblo que en los años 90 entraba en el restaurante de mi familia con su capa de paño para celebrar la recalificación de bosques de encinas y enebros para construir chalés, eran los guardias civiles que acompañaban cada 20 de noviembre las marchas hasta el Valle de los Caídos como comitiva si no les tocaba trabajar ese día. Una convivencia donde el otro día, en un bar del pueblo, hombres adultos que como única herencia recibieron el oficio y el miedo de sus padres y madres, miraban la retransmisión de la exhumación de Franco y repetían el mantra para no despertar el mal: “mira que yo no soy de derechas, pero a los muertos hay que dejarlos en paz”.

¿De qué creéis que hablamos cuando nombramos ese cuarto pilar llamado Garantías de No Repetición? ¿de una guerra civil? ¿de un Golpe de Estado militar?. Garantizar este derecho a la población que ha sufrido graves violaciones de derechos humanos supone reparar a las víctimas y prevenir. Pero para prevenir primero hay que formar a ciudadanos concienciados en la defensa de los derechos humanos, y si en los libros de texto no hay rastro de una Historia de España donde se cuentan esos crímenes, no hay nada por lo que se sientan interpelados a defender y construir.

Abascal es un síntoma. Vox es el síntoma de una cultura con el listón de la impunidad a ras de suelo, exactamente al nivel de las fosas comunes. En las zonas rurales ni siquiera se las nombra, el miedo es presente y las sentencias grandilocuentes en redes sociales no llegan, sólo los programas de televisión donde se amplifican a los herederos del mal.

Y en las grandes ciudades, a pesar de que se hayan construido carreteras encima de las fosas, la velocidad del viaje no hace que dejen de existir. Porque no tenemos recursos para responder ante discursos de odio y violencia, porque no hubo un Estado que construyera una democracia sobre el derecho a la Justicia, sino que fomentó la desigualdad desde el derecho a enterrar a tus muertos.

Ahora reaccionan porque nosotras avanzamos y respondemos a un poder judicial que subestima la gravedad de las violaciones a las mujeres, porque la impunidad por las vulneraciones de los derechos humanos impregna la cultura de la violación, culpa y juzga a las víctimas por los daños que les han causado a ellas.

Para impedir que se sigan cuestionando consensos democráticos necesitamos que los Derechos Humanos sean una política de Estado y no una serie de políticas disociadas y espasmódicas. Para avanzar y vivir en convivencia y construir una cultura de paz frente al odio necesitamos saber qué pasó, quién lo hizo y determinar la responsabilidad.