Dominio público

Sin transición justa no habrá transición energética ni climática

Joaquín Nieto

Director de la Oficina de la OIT para España, miembro de la delegación de la OIT en la COP25 como Observadores de Naciones Unidas.

El logo de COP25 durante la Cumbre del Clima, en el recinto ferial Ifema, de Madrid. REUTERS/Nacho Doce
El logo de COP25 durante la Cumbre del Clima, en el recinto ferial Ifema, de Madrid. REUTERS/Nacho Doce

En la tarde del jueves 12 de diciembre la sociedad civil y delegaciones en la Cumbre del Clima de Madrid pudieron asistir a un hecho asombroso: el Coro Minero de Turón, símbolo de las históricas luchas mineras, entonaba el himno minero Santa Bárbara para celebrar el cierre de las minas del carbón. Un acontecimiento tan insólito solo puede entenderse si añadimos que ese cierre se ha hecho a través de un proceso de transición justa, es decir con diálogo y protección social y con creación de actividades económicas alternativas para las personas y comunidades afectadas. Porque sólo con justicia social y climática se pueden hacer posibles las transformaciones que demanda la agenda climática para responder con éxito en sociedades complejas como las nuestras a la mitigación y adaptación al cambio climático, uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo, y evitar así un colapso socio-ambiental de consecuencias catastróficas.

La brecha entre la globalización de los derechos sociales y la globalización de la economía y la  crisis económica, han dejado a nuestras sociedades maltrechas en todo el mundo: 200 millones de desempleados, 70 millones de ellos jóvenes que buscan un empleo y no lo encuentran; 800 millones de pobres, 300 millones de ellos en situación de pobreza extrema; 5.000 millones de personas, casi el 70% de la población mundial, sin acceso a la protección social; las llamadas clases media cada más  empobrecidas y una desigualdad escandalosa... nos muestran un panorama desolador. Además, la recuperación económica no parece venir acompañada de una recuperación social simultánea. En este panorama, los cambios tecnológicos, en una sociedad que se siente especialmente maltratada, generan inquietantes incertidumbres sobre su futuro. Todo esto hace que aflore un descontento social y que la sociedad reacciones con una especial sensibilidad respecto a cualquier cambio de status quo que pueda percibirse como una amenaza a su bienestar.

Es en este contexto en el que la acción contra la emergencia climática, a pesar de constituir una demanda de las generaciones emergentes y una de las agendas más prometedoras de nuestro tiempo, encuentra especiales dificultad para avanzar. Porque los cambios que esta agenda requiere son enormes e implican modificaciones en las estructuras y cimientos de nuestros modos de vida, y nuestras formas de producir, trabajar y consumir. Algunos de estos cambios requieren por ejemplo medidas como la eliminación de las subvenciones a los combustibles fósiles, que ocasionan casi automáticamente el aumento del coste del transporte y de los precios de los carburantes. Si observamos cuáles han sido los desencadenantes de las más importantes movilizaciones de los últimos tiempos -como el levantamiento de las comunidades indígenas en Ecuador o las manifestaciones los chalecos amarillos en Francia- nos encontramos con ese tipo de problemas. Si bien son fenómenos complejos y las subidas de los precios de los combustibles o el transporte público no eran decisiones políticas inspiradas por la responsabilidad climática, sino por criterios de austeridad en la corrección del déficit público, no se puede desconocer su vinculación con la agenda climática. El resultado objetivo es que hoy por hoy este tipo de movilizaciones están siendo mucho más masivas, virulentas y relevantes, que las manifestaciones juveniles y ciudadanas que demandan una acción política urgente y contundente frente al cambio climático.

Por ello es indispensable tender puentes entre justicia social y cambio climático a través de la transición justa, lo que implica un proceso de transición energética con protección social, lucha contra la pobreza, creación de muchos más empleos de los que se destruyen, formación continua y lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad social.

El Secretario General de Naciones Unidas, António Guterres, lo señaló con claridad cuando afirmó en la COP25 de Madrid, con ocasión de la presentación de la iniciativa internacional Acción Climática para el Empleo, que sólo a través de la transición justa podremos dirigir la acción frente al cambio climático en una forma que sea realmente inclusiva. También fue muy claro el Director General de la OIT, Guy Ryder, cuando abordó su dimensión laboral en estos términos: si el cambio climático es una consecuencia de la actividad humana, entonces esa actividad es en su mayoría actividad laboral o vinculada al trabajo; por ello la transición justa laboral y el trabajo decente deben ser, como dice el Acuerdo de París, un elemento central de las políticas de mitigación y adaptación al cambio climático, involucrando a los actores centrales del mundo del trabajo: gobiernos, sindicatos y organizaciones de empleadores.  Porque, por poner un ejemplo, los 24 millones de empleos que según las estimaciones de la OIT se pueden crear en los próximos años aplicando políticas climáticas -que son la única manera de dar esperanza a las personas afectadas por los 6 millones de empleos que se pueden perder por el cese de las actividades vinculadas a los combustibles fósiles- sólo se podrán crear con políticas concertadas entre los gobiernos e interlocutores sociales a través del diálogo social.

El hecho de que la mencionada iniciativa de Acción Climática para el Empleo haya conseguido involucrar a más de 45 países de todo el mundo, que al adherirse se han comprometido a adoptar planes nacionales de transición justa, es prometedor. Como prometedora está siendo la experiencia española en el proceso de transición justa en los cierres de las minas y de las centrales térmicas de carbón, que celebraban los mineros del Coro de Turón.

Pero esto es sólo el principio y lo más importante -la transformación con criterios de transición justa de sectores tan decisivos como la automoción y el transporte, la edificación y el sistema agroalimentario- está todavía por hacer. Porque sin transición justa no habrá transición energética; y sin transición energética será imposible hacer frente a un cambio climático de consecuencias catastróficas que amenaza a nuestra sociedad con un colapso socio-ambiental en un horizonte cada vez más cercano.