La justicia efectiva, entendida en el sentido más amplio, irradiándose en todos los ámbitos más allá de la mera acción de los tribunales, debería ocupar un espacio mayor en la lucha contra el terrorismo yihadista y estar latente en cualquier toma de decisión que pueda redundar en su prevención y en cualquier aspecto relacionado con los adheridosa su causa. Sin justicia, siendo nuestro campo de visión el internacional, jamás van a poder hacerse avances verdaderamente sostenibles en este ámbito.

Los desplazamientos de quienes, primero, viajaban a Iraq o Siria para unirse a las filas del Estado islámico y, después, comenzaron a retornar, se han situado entre los lógicos motivos de preocupación de cualquier agenda de seguridad. Si bien el cruce de fronteras hacia un lugar de combate extranjero distaba de ser algo nuevo, estosviajes presentaban elementos novedosos, tantopor elingentevolumen de personas ypaíses afectados comopor referirse a un actor terrorista tan abominable como el Daesh. En las fechas en que se autoproclamó el Califato (2014), el Estado islámico contaba aproximadamente con 40.000 extranjeros combatiendo en sus filas, procedentes de un centenar largo de países; más de 5.000 de Europa Occidental. Estas cifras, junto a la expansión territorial que llegó a tener, sin precedentes tratándose de un grupo terrorista, encendieron con razón todas las alarmas, pues llegó a abarcar partes importantes de Iraq y Siria y articuló una estructura desde la que ejercíaun control terrorífico sobre la población. Los sangrientos conflictos armados que tuvieron lugar para erradicar su dominio en la zona solo recientemente pudieron darse por terminados: en Iraq, en diciembre de 2017, y en Siria, en marzo de este mismo año. El hecho de que el Daesh haya mudado tan rápidamente su carcasa con motivo de su derrota, de estructura pro-estatal a red terrorista encubierta de nuevo, no quiere decir que no siga teniendo presenciaallí (y en otros muchos lugares...), ni que la situación no pueda volver a cambiar, para empeorar otra vez. Baste con tener en cuenta que las causas que dieron lugar a aquellos conflictossiguen sin solucionarse. Aunque las razones que explican la propia existencia del Daesh y su capacidad para atraer adhesionesno puedan reconducirse a un solo plano, pues son múltiples y variadas, sí puede citarse la relevancia de ciertos aspectos:decisiones tan desafortunadas como la invasión ilícita de Iraq en 2003 y algunas de sus secuelas, entre las que destacan las políticas sectarias impuestas tras la ocupación, sin respetar los necesarios equilibrios étnico-religiosos; grandes desigualdades socio-económicas; o factores psicológicos, entre ellos, el resurgir global de fortísimos sentimientos identitarios.

Precisamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (CSNU) adoptó dos Resoluciones para afrontar el fenómeno de estos desplazados como una amenaza a la paz y seguridad internacionales, en 2014 y 2017. A través de la primera, daba nombre a la categoría de los combatientes terroristas extranjeros (CTE), a fin de detener el flujo de los yihadistas que viajaban hacia aquellas zonas, y, entre otras medidas, adelantaba la barrera punitiva, obligando a los Estados a tipificar como delitos conductas que hasta entonces no lo eran en la mayoría de los códigos penales internos; por ejemplo, el caso de viajar,  o intentarlo, a un Estado distinto del Estado de residencia o nacionalidad "con el propósito de cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o proporcionar o recibir adiestramiento con fines de terrorismo". A su vez, a través de la segunda Resolución se persiguehacer frente a los problemas más acuciantes en relación con el retorno de los CTE, en particular en los frentes de las fronteras e intercambio de información; las medidas judiciales y cooperación internacional; e iniciativas relacionadas con su regreso y traslado.

En el transcurso de las guerras indicadas se cometieron violaciones graves del Derecho internacional humanitario y del Derecho internacional de los Derechos Humanos por todos los actores intervinientes, algunas de atrocidad extrema, como las del Daesh, que incluían, junto a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad, el genocidio contra los yazidíes y seguramente también contra otras minorías religiosas. Aunque todos los crímenes deberían someterse a enjuiciamiento, al margen de la filiación de sus presuntos autores, solo las vinculadas al Daesh concitaron el grado necesario de repulsa para que el equilibrio de fuerzas dominante en el escenario geopolítico actual permitiese al CSNU alumbrar una Resolución estableciendo un Equipo de Investigaciones en relación con los crímenes cometidos en Iraq.A pesar de la importancia de esas Resoluciones adoptadas por el CSNU, es posible detectar algunas incongruencias entre las obligaciones que se derivan de ellas. En síntesis, al fijarse la atención sobre los CTE desde una óptica primordialmente antiterrorista, se produce un descuido relativo de la articulación de medios para hacer efectiva su responsabilidad por los crímenes de atrocidades masivas cometidos, lo cual puede contribuir a que la agenda internacional se circunscriba excesivamente a los aspectos de seguridad, a costa de otras dimensiones igualmente necesarias.

Sería idóneo que un tribunal internacional, como la Corte Penal Internacional, pudiera hacerse cargo de perseguir estos crímenes. Pero por distintos motivos, primordialmente políticos, las vías para ello son hoy por hoy impracticables.El grueso de los juicios están teniendo lugar en Iraq, inclusive a CTE, lo cual no deja de encerrar una gran paradoja debido a que sus tribunales están enjuiciando conductas de atrocidades masivas,cuando sus tribunales ni siquiera tienen jurisdicción sobre crímenesde guerra, crímenes contra la humanidad o de genocidio y, por tanto, están aplicando solo los tipos penales de terrorismo, en donde determinadas conductas no encajan como debieran, como, solo a título de botón de muestra,los graves actos de violencia sexual cometidos por el Daesh como táctica de guerra.Es cierto que se está preparando una reforma del Código penal iraquí, pero para cuando tales crímenes estén tipificados y los tribunales puedan por fin aplicarlos, se habrán celebrado miles de procesos, bajo unas condiciones que no cumplen además con los estándares del juicio justo (algunos celebrados en tan solo diez minutos;muchos sin siquiera identificaciones fidedignas de los acusados, según diversos informes) ni con las garantías necesarias para la aplicación de la pena de muerte. De hecho, basándose en ello, la Relatora especial de las NU sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias ha afirmado el deber de ciertos Estados, que no tienen pena de muerte en sus ordenamientos internos, de solicitar la extradición de susCTE para juzgarlos ante sus tribunales. Sin embargo, para ello tendrían que superarse bastantesobstáculos de diverso tipo, no siempre sorteables. ¿Cómo se los traen? Para empezar, aun presumiendo que muchos Estados tengan voluntad de hacerlo (asunción lejana a la realidad hasta ahora), ¿cómo acceder a CTE que están en distintas manos,cuandoquienes los custodian ni siquiera están por la labor de entregarlos? ¿Cómo acceder a ciertos lugares de detención que son de acceso remoto o difícil, o cuyas rutas de salida están vedadas? ¿Cómo superar la indefinición existente con respecto al trato a dar a muchas mujeres, cuyo grado de implicación en delitos responde además a una casuística diversa? ¿Cuán difícil puede ser unificar criterios, más allá de lo humanitario, con respecto al trato de menores que están en campos como el de Al Hol, muchos de ellos apátridas? Cuando hay CTE retornados, tampoco han acabado los problemas; ya que pueden presentarse otros, ¿cómo probar su comisión de delitos en Iraq o Siria? Pese aque hay nuevas posibilidades en lamateria, como el juego de los medios electrónicos o la recogida de pruebas por nuevos actores en escenarios en conflicto, sigue habiendo enormes retos para garantizar la cadena de custodia hasta llegar a los tribunales y el cumplimiento de estándares internacionales.Cabe añadir que, al margen del vínculo de la nacionalidad o de cualquier otro nexo con los crímenes cometidos, podrá estar abierta la potencial aplicación dela jurisdicción universal, aunque para esto haya que vencer enormes resistencias, fundamentalmente de los gobiernos. Por ello, es previsible que continúe sin activarse de manera sistemática, si bien cabe observar un cierto repunte gracias a la acción, tan positiva, de países como Alemania o Suecia, precisamente en relación con crímenes cometidos, no solo por el Daesh, en Siria e Iraq.

Mientras los Estados se afanan con razón en profundizar en estrategias imprescindibles,como las relativas a larehabilitación y reinserción de CTE con perspectiva de género e incluso también desus niños y niñas (¡desafíos tremendos!), debe tenerse en cuenta que ahora mismo puede estarseabonando el terrenopara un posible resurgimiento del Estado islámico en una zona tan estratégica como volátil, donde debería ponerse especial cuidado en que la equidad presida cualquier decisión, pues cualquier incidente allí puede ser altamente inflamable y de consecuencias potencialmente globales. Sin embargo,junto a lo que parece un perenne retorno de problemas generados con anterioridad, como el sempiterno conflicto palestino-israelí o las tensiones entre chiíes y suníes, se han añadido otros más recientes o específicos, que interaccionan, comoel antagonismo entre Irán y Arabia Saudí; las luchas internas entre suníes; la carencia de una justicia transicional (post-conflicto)adecuada en Iraq; la inefable lógica que el presidente Trump imprime a su Administración, inclusive su manera de presentar la muerte del que fuera líder supremo del Estado islámico, Abu Bakr al-Baghdadi; que se haya incrementado el armamentodisponible en la zona; el hecho de que CTE (además de sirios  e iraquíes miembros del Daesh) estén o puedan quedar en libertad; o el empeoramiento de la situación en el norte de Siria debido a la acción militar turca del pasado mes de octubre y a una nueva traición a los kurdos, pueblo injustamente tratado donde los haya, que tendrá que continuar esperando el cumplimiento de promesas históricas, y cuyo apoyo a las fuerzas de la coalición internacional fue decisivo para lograr las victorias militares recientes sobre el Estado islámico. En definitiva, sin resolver ciertos agravios vinculados a estas situaciones, ¿puede acaso ponerse fin a largo plazo al problema del yihadismo violento?