Dominio público

Renovación de la Justicia: de esos polvos, estos lodos

Eduardo Santos

Consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra

Un juece, vestido con toga, en una concentración por la independencia judicial, en San Sebastián, en 2018. EFE
Un juece, vestido con toga, en una concentración por la independencia judicial, en San Sebastián, en 2018. EFE

La cosa comenzó en 2003, en plena mayoría absoluta que permitía al PP pergeñar una estrategia a largo plazo. En lo que alguna doctrina, en aquel momento, no dudó en calificar como "diarrea legislativa", se sucedieron la contrarreforma penal y procesal, el empoderamiento de la Audiencia Nacional y la creación de los juicios rápidos (que, Aznar dixit, iban a barrer la pequeña delincuencia de las calles). Pero también se diseñó un mecanismo de control de nombramientos en la cúpula del Poder Judicial.

Un control que acaba siendo mucho más amplio que los propios nombres elegidos. Y es que la combinación de aforamientos y competencias de la propia Audiencia Nacional hace, que con tener en tus manos la designación de una cantidad reducida de jueces y magistrados, controles políticamente todas aquellas causas que pueden alterar el statu quo político constitucionalista. Ruiz Gallardón vino a consagrar definitivamente ese sistema, alterando el funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial y creando una Comisión Permanente. Dicha Comisión, que funciona en la práctica como el Consejo en pleno, es elegida discrecionalmente por su todopoderoso presidente. El Consejo queda así vacío de atribuciones.

El propio PP descubrió, en el año 2018, que aquella reforma había ido demasiado lejos: el monstruo se había independizado de su creador. Aquella estrategia decidida en 2003 había reaccionado químicamente con un estamento judicial que no pasó por el filtro democrático de la transición a partir de 1978, y nada acostumbrado a otra cosa que no sea una interpretación literal de la Ley, huérfana de su sentido constitucional en lo referido a los derechos fundamentales. Así, una cúpula reducida de jueces se sentía tocada por el designio divino: poseedores del mantra de la independencia judicial - versión "a mí no me tocas" -, inmunes a todo control político democrático, reforzados por una máquina mediática que ve cualquier intento de rendición de cuentas como una inadmisible injerencia (siempre por parte de la izquierdas)...

Esa cúpula dictaba  sus normas al ejecutivo y al legislativo, reconvenía a placer a todo el que le viniera en gana, y ocultaba manejos como los de una Comisión Permanente presidencial que viene efectuando nombramientos sin ningún tipo de control para los próximos años. Y esa cúpula tenía como principio  general de la interpretación del derecho, por encima de cualquier otra consideración, la Unidad de España, elevada a la categoría de principio fundamental del Estado. Con la bandera muy presente, y los derechos fundamentales más bien ausentes, la nave zozobra.

Ciudadanos, el partido menguante, solicitó que "a los jueces los eligieran los jueces"; algo que no era sino otorgar cobertura política a la endogámica batalla a la que han sucumbido las asociaciones judiciales, deseosas de poder copar el consejo bajo el poderoso ideograma de la independencia.

Frente a eso, tanto Podemos como el Partido Socialista y la corriente de Estado del Partido Popular pactamos una reforma de la Ley. Proponíamos volver al sistema anterior, en que los jueces siguen proponiendo sus candidatos (atención, esto siempre es así), y las Cámaras los siguen nombrando por mayoría reforzada. Entendíamos (al menos por nuestra parte) que la ruptura del bipartidismo iba a generar mayor necesidad de acuerdos y consenso, y por tanto una mayor pluralidad democrática en el Consejo. Entendíamos que se conseguiría un Consejo más parecido a la sociedad y menos parecido a lo que hay en la cúpula judicial exclusivamente. Al mismo tiempo, propugnábamos la desaparición de la Comisión permanente, acabando con el presidencialismo; y establecíamos una mayor transparencia en los nombramientos, solicitando además que se tuvieran en cuenta los criterios de mérito, especialidad y paridad (otra de las grandes brechas) de forma motivada.

En aquella reforma pactada, establecíamos además la posibilidad de comparecencias ante el Congreso de los miembros del Consejo, a petición de dos grupos parlamentarios, para dar cuenta a la ciudadanía de cuestiones de actualidad. Queríamos que el Consejo diera a conocer su postura ante la opinión pública... y que los grupos políticos pudieran también mostrarla, reforzando esa visión plural de la Justicia. Quiero recordar que Podemos propuso, además, desvincular el mandato de la Fiscalía General de Estado del Gobierno de Turno, asegurando así su independencia de criterio y evitando polémicas como la generada ahora con el nombramiento de Dolores Delgado.

Todos estos cambios iban a ponerse en vigor en la inminente renovación; por  ello, y en paralelo, nos pusimos a negociar, a fin de poner en marcha inmediatamente las reformas. Pero el PP de Casado dinamitó la resolución de lo que considero una urgente necesidad; y lo hizo al grito de "La Justicia es mía y el Estado me da igual".

Así, los populares se niegan a la renovación para que no entren en vigor las reformas. Los beneficios (para el partido) de esta estrategia (partidista) son evidentes. Si el Gobierno nombra a Dolores Delgado Fiscal General del Estado, Casado hace unas declaraciones sobre lo que debería hacer el Consejo... porque ya sabe que el Consejo va a poner en duda mediática el nombramiento retirando la palabra "idónea" de su informe. La simbiosis es perfecta, y así debe ser para que la derecha, que ha perdido el poder, siga conservando resortes del Estado que puedan hacer oposición al Gobierno. A ese Gobierno que no han dudado en calificar de ilegítimo desde el minuto uno (como en Navarra, por cierto).

En el escenario actual, la guerra entre el poder ejecutivo y el judicial está servida. El Siglo XXI es el del poder judicial. Lo estamos viendo en el ámbito internacional, donde hay resoluciones que quitan y ponen gobiernos. Pero nuestro futuro como democracias avanzadas depende del mantenimiento del equilibrio de poderes, de la disolución de una casta judicial autoritaria que está por encima de las normas, el control democrático de las instituciones y el aseguramiento del pluralismo. Y a la derecha política y mediática no se la espera en esta reivindicación.