Dominio público

Recaudar más y mejor para acabar con la pobreza extrema es posible (y factible)

Iñigo Macías-Aymar

Coordinador de Investigaciones de Oxfam Intermón

Una persona sin techo durmiendo en la calle. EFE
Una persona sin techo durmiendo en la calle. EFE

En su reciente visita a España el relator de la ONU sobre extrema pobreza y derechos humanos, el australiano Philip Alston, dibujó un país roto y desigual en el que la extrema pobreza, en sus diferentes formas, persiste a pesar de que en teoría este es uno de los países más avanzados del mundo. A la espera de un informe más detallado, su análisis preliminar apuntaba al débil e insuficientemente dotado sistema de protección social. Esta falta de recursos públicos, señalaba, es fruto de un sistema y políticas tributarias que no han hecho más que beneficiar a los que más tienen y/o ingresan.

Esta realidad pone de manifiesto que la pobreza y la desigualdad son resultado de decisiones políticas. Y como tal, es posible revertirlas. Con tan sólo unos pequeños ajustes en tres de los principales tributos del sistema impositivo español conseguiríamos los recursos necesarios para garantizar que nadie viva en la pobreza extrema en España. Lo demostramos en el informe La hora de rescatar a las personas, que acabamos de publicar en Oxfam Intermón. Además, el grueso de esta factura lo soportarían los más beneficiados durante los últimos años de bonanza.

Las tasas de pobreza española superan por mucho a la media comunitaria. Los 4,2 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza severa son la mayor prueba de que algo falla en nuestro sistema de lucha contra la pobreza. Somos el sexto país con mayor tasa de pobreza de la UE, a pesar de ser la cuarta economía más grande. Proveer a todas estas personas de una renta garantizada (valorada en torno al 30% del salario medio, además de otros complementos familiares en función de los hijos a cargo) que les permitiría salir del estigma de la pobreza extrema y romper con el círculo vicioso en el que transita su día a día, costaría en torno a los 6.405 millones de euros anuales a las arcas públicas. Una factura que supone apenas el 0,55% del PIB. Y por tanto posible de financiar si hay voluntad y de verdad avanzamos hacia un sistema tributario más capaz y más progresivo. El resultado es incuestionable: la pobreza extrema pasaría del actual 9,18% a un exiguo y marginal 0,67%.

Como destacó el enviado de Naciones Unidas, pero también otros organismos internacionales, en España recaudamos poco y mal. A pesar de la recuperación experimentada en los ingresos tributarios durante los últimos años de dinamismo económico, la presión tributaria aún se encuentra por debajo de la observada en 2007 y la brecha recaudatoria es de 4 puntos de PIB por debajo del promedio de la UE. Los ingresos tributarios en España son hasta un 16,9% inferiores de lo que cabría esperar dado su nivel de PIB per cápita. Además, el conjunto del sistema tributario español sigue depositando la carga impositiva en el trabajo y el consumo, frente a la riqueza y el capital. En estos momentos el 83% del total recaudado sigue recayendo sobre las familias (a través del trabajo y consumo, principalmente) frente a un 12% generado a través del impuesto de sociedades. Los ingresos generados a través de la imposición sobre la riqueza resultan apenas anecdóticos, desatendiendo sus funciones recaudatoria y redistributiva.

España tiene margen de maniobra para aumentar los recursos tributarios y hacerlo de manera que aumente su capacidad redistributiva. Realizando ajustes en tres impuestos principales (el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre la renta de las personas físicas) nos debería permitir levantar recursos más que suficientes para hacer que la pobreza extrema sea tan sólo un mal recuerdo.

Con un mayor control para evitar la evasión fiscal, una adecuada valoración de los activos a precios de mercado y una armonización a nivel de comunidad autónoma, que evitase la actual competencia existente, el impuesto sobre el patrimonio podría generar hasta 2.500 millones de euros adicionales. Más allá de aumentar los recursos, estos ajustes, además, conseguirían que realmente este impuesto cumpliese con sus objetivos redistributivos.

El impuesto sobre sociedades es otro de los tributos que ha ido perdiendo peso frente al resto. Del análisis de su naturaleza y del importe de los diferentes ajustes extracontables previstos en la normativa actual, actuando sobre tres de ellos: el referido a la exención por doble imposición interna e internacional, el que considera la reducción por ingresos procedentes de determinados activos intangibles (también conocido como patent box) y el del régimen especial de entidades de tenencia de valores extranjeros, generarían más de 4.000 millones de euros adicionales.

Finalmente, aumentar los tipos que se aplican a las rentas del ahorro en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, en la actualidad mucho más bajos que los que se aplican a las rentas del trabajo, supondría no sólo avanzar en la equidad, si no que generaría recursos adicionales por valor de 1.136 millones de euros.

En total, estos tres ajustes, teniendo en cuenta las reacciones de los agentes económicos a aumentos de la presión fiscal, supondrían un total de más de 7.700 millones de euros, cantidad más que suficiente para evitar que en su próxima visita, el relator de Naciones Unidas no tenga que volver a sacarnos los colores.