Dominio público

Dos años de la reversión de Alzira. Más que nunca, sanidad pública

Vista del Hospital Universitari de la Ribera de Alzira (Valencia). EFE
Vista del Hospital Universitari de la Ribera de Alzira (Valencia). EFE

En un momento en el que se han hecho evidentes las consecuencias de los recortes en la sanidad pública para favorecer a la sanidad privada, bien sea con derivaciones, bien sea metiendo en la propia gestión de nuestra sanidad pública los intereses privados (como ha ocurrido en el modelo concesional de la Comunidad Valenciana), cabe recodar, por su simbolismo, acontecimientos como el que ocurrió hace dos años con la reversión del departamento de Alzira a la gestión pública, del principio del fin del modelo Alzira en la gestión sanitaria.

La gestión pública de la sanidad permite a los gobiernos actuar con una cooperación real y planificada entre áreas de salud. Aún hoy, con la que está cayendo, en los departamentos de salud de gestión privatizada mientras los trabajadores se dejan la piel en una situación  aún más compleja si cabe,  vemos a los CEO preocupados en manidas  políticas de marketing para tapar la cortedad del modelo; y se pone en evidencia que actúan de manera totalmente desconectada a todos los niveles (ni sus sistemas de información, ni sus estructuras de aprovisionamiento, ni sus mercados de trabajo, son congruentes con la estructura del Sistema Nacional de Salud). Pero, todo este discurso de la mal llamada colaboración público privada, es el pasado. A la gestión privada de la Sanidad Pública se la ha llevado por delante un test de estrés como el que se llevó en 2008 muchas de las ineficiencias de los sistemas financieros.

Debemos diseñar un futuro de promoción, protección y defensa del sistema sanitario público, de sus profesionales, de sus infraestructuras, de su investigación. Que la considere como lo que es: una inversión estable y fuerte. Que deje atrás los trasnochados e inútiles discursos que quieren plantear a la sanidad pública como un pesado gasto, cuando el gasto real se produce si la debilitas para derivar negocio a accionistas e inversores. Hemos aprendido en esta crisis que la salud individual y la colectiva están unidas y que las estructuras de salud deben proteger ambas. La gestión pública es la única que puede compaginar ambos objetivos, porque es la única que solo tiene los beneficios en salud como objetivo. No está para dar beneficios a empresas, inversores internacionales, o incluso fondos buitre llegado el caso.

La OMS lleva ya tiempo diciendo que frente a las epidemias la mayor garantía y protección de la salud está basada en una cobertura sanitaria universal dentro de un sistema sanitario público fuerte. Además de un sistema de vigilancia clave, que ahorra en servicios sanitarios 10 dólares por dólar gastado, y que sólo es posible dentro de la gestión pública integrada. La gestión pública de la sanidad, por tanto, tiene el más potente indicador de eficacia que se puede poner una sociedad: SALVA VIDAS.

En esta situación en la que nos estamos jugando tanto, como sociedad, en nuestras familias, en nuestros trabajos, con nuestra salud y la de los que queremos, la mano invisible de Adam Smith de apostar por el libre mercado, en el ámbito sanitario en este caso, se ha demostrado que no sirve, es más, es un gran estorbo.

Esta crisis sanitaria debería servir de punto de inflexión, en el que quedaran desterradas las grandes falacias de la eficiencia de la privatización, del ahorro a través de los copagos, de los recortes y la falta de inversión, y de la exclusión sanitaria (colocando la salud como privilegio y no como derecho).

Hoy hace dos años que empezó el principio del fin del modelo Alzira. Un modelo que ha hecho aguas cuando ha tenido que pasar el test de estrés de una emergencia sanitaria, y la necesidad de verdaderos sistemas sanitarios públicos fuertes por su integración. Ni el millonario marketing que usualmente acompaña a este modelo de negocio de la privatización sanitaria han podido tapar las carencias y la falta de capacidad de una sanidad que solo es posible a costa del sistema público, financiándose con un dinero público, pero sin la necesidad de rendir cuentas sobre su uso. Un sistema que gestiona la salud de la ciudadanía con los parámetros del negocio y el beneficio empresarial, y no de la garantía de los derechos de las personas, de la equidad y de los resultados en salud.

Estos días se ve como por parte de empresas de concesiones y aseguradoras el marketing siguen funcionando sin sonrojo, vídeos promocionales, suscripciones temporalmente gratuitas a consultas online, anuncios de test rápidos a módico precio y sin indicación ni priorización epidemiológica (mientras que no existía suficiente stock para proteger debidamente a los profesionales de la sanidad pública de primera línea), notas de prensa y contratación de espacios publicitarios con el mensaje de salvadores y pretendida colaboración público privada en una situación de excepción en la que, en realidad, existe un mando único residenciado en el Ministerio de Sanidad. Como ejemplo, hoy mismo vemos la noticia de los recortes de jornada y de salario del personal de laboratorio en una de las concesiones valencianas gestionadas por el grupo Ribera Salud, mientras el SNS necesita laboratorios para la realización de test Covid-19.

Este primero de abril, siempre va a tener un simbolismo especial para la sanidad pública española. Nos recuerda que hace dos años se empezó un camino, que hoy tenemos más claro que nunca la necesidad de seguir. Un camino por una sanidad pública integral, fuerte, universal, de calidad, con equidad, y como instrumento de cohesión social.

Firmantes del artículo

  • Carmen Montón. Ex Ministra de Sanidad, consumo y bienestar social. Embajadora observadora permanente ante la Organización de los Estados Americanos.
  • Justo Herrera Gómez. Actual vicerrector de Economía e Infrastructuras de la Universitad de Valencia.Ex Subsecretario de Sanidad, Consumo y Bienestar Social. Ex director general de Recursos Humanos y Económicos de la Consellería de Salud Universal y Salud Pública de la Generalitat Valenciana.
  • Ricardo Campos. Médico Oftalmólogo. Ex Secretario General del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.
  • Isabel González. Ex Jefa de Servicio de Radiología. Ex Profesora Asociada de Radiología Universidad Miguel Hernández de Elche. Ex Directora Gral. de La Alta Inspección de la C. Valenciana. Ex Gerente de los Departamentos de salud de San Juan de Alicante y La Ribera (Alzira)
  • Rafael Sotoca. Médico de Familia y ex director general de asistencia sanitaria de la Comunidad Valenciana.
  • Begoña Frades García. Psiquiatra Ex responsable de la oficina automica de salud mental. Jefa del área de salud mental del Hospital Pare Jofre
  • Enrique Ortega. Exjefe de Servicio de Enfermedades Infecciosas, Emergentes e Importadas. Ex Profesor Asociado del Departamento de Medicina de la Universidad de Valencia. Ex Director Gerente del Departamento de Salud Hospital General de Valencia
  • Ana BonedOmbuena. Técnico Superior de Salud Pública de la Consellería de Sanitat Valenciana. Máster en salud pública por la U. de Harvard y especialista en medicina familiar y comunitaria.
  • José Antonio López Cócera. Enfermero especialista en salud mental miembro de la comisión nacional de la especialidad
  • Antonia García Valls. Exdiputada. Asesora coordinadora en la Vicepresidencia Cuarta, Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
  • Pere Herrera de Pablo. Especialista MFYC. Médico SAMU. Exdirector Servicio Emergencias Sanitarias CV
  • Roser Falip Barangué. Doctora en Medicina. Especialista en MFYC y en Análisis Clínicos. Ex gerente del Departamento de salud de Alcoy.
  • Aurelio Duque Valencia. Médico de Familia y Comunitaria. Expresidente SoVaMFiC
  • Verónica Montón Alegre. Artista interdisciplinar.
  • Juan Domene. Médico Inspector. Servicio de calidad asistencial y seguridad del paciente. Ex gerente del departamento de salud Arnau de VilanovaLliria.