Dominio público

El empleo en los tiempos del coronavirus. Una mirada desde Europa

Maria Eugenia Rodríguez Palop

Eurodiputada de Unidas Podemos

Juan Suárez

Asistente parlamentario en la Comisión de Asuntos Sociales del Parlamento Europeo

Una mujer camina ante una clínica dental que informa de su cierre debido al coronavirus, en Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada
Una mujer camina ante una clínica dental que informa de su cierre debido al coronavirus, en Zaragoza. EFE/ Javier Cebollada

Si hay algo difícil de negar es que el carácter excepcional de esta crisis requerirá medidas económicas expansivas igual de excepcionales. La Comisión Europea parece haberlo entendido, aflojando el dogma de la estabilidad presupuestaria y poniendo en cuarentena el mismísimo Pacto de Estabilidad y Crecimiento, pero las resistencias que estamos viendo estos días en el seno del Eurogrupo y del Consejo Europeo deberían servirnos de advertencia. Si no existe una presión democrática que oriente el gasto hacía la promoción y salvaguarda del bienestar común, habrá una transferencia incondicional del capital público al sector privado y empeorarán, aún más, nuestras condiciones de vida y de trabajo.

En ese contexto, es importante poner en valor la apuesta que está haciendo España por mantener el empleo y el tejido productivo en medio de un proceso de paralización repentina y generalizada de la actividad económica. De hecho, desde el Parlamento Europeo, el Grupo de la Izquierda Unitaria (GUE/NGL) está trabajando en las mismas prioridades: protección de los trabajadores, frente al riesgo sanitario, y del empleo, frente al ajuste económico; amparo de los colectivos que quedan fuera de nuestros actuales sistemas de protección (formas de trabajo atípicas y precarias en general); y fortalecimiento de los servicios públicos como respuesta frente a la crisis y como garantía de cohesión social y solidaridad. La izquierda europea está siguiendo con mucho interés las medidas españolas.

La respuesta del Gobierno se ha articulado primero en torno a los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTEs), un instrumento que ya existía en nuestra legislación laboral como mecanismo de alivio temporal de las cargas salariales de las empresas, pero cuya utilización ha potenciado el Real Decreto-ley 8/2020, afectando a dos millones de trabajadores en tan sólo dos semanas. Un instrumento que entronca con el kurzarbeit de la legislación laboral alemana y austriaca, tan alabado durante la crisis de 2008, y al que ahora han recurrido también países como Francia (chômage partiel ou technique) o Bélgica (chômage temporaire pour force majeure).

Los ERTEs se han complementado, además, con un veto temporal de los despidos por causas objetivas asociadas a la pérdida de actividad como consecuencia del COVID-19 (una medida similar a la que se había adoptado ya en Italia), incluidos los contratos temporales. En España, es el Estado el que asume la totalidad de los costes y paga las cotizaciones y la prestación por desempleo de los trabajadores, que ven mermados sustancialmente sus ingresos.

Con todo, ciertos sectores empresariales, encabezados por la patronal, han sido muy críticos con las medidas enfocadas directamente a la protección del trabajo. Con una lógica corporativista alejada de cualquier idea de corresponsabilidad, empezaron criticando la cláusula de salvaguarda del empleo (y eso que no define con precisión el modo en que las empresas tendrán que mantenerlo durante los seis meses siguientes a la reanudación de la actividad) y acabaron subiendo el tono con la limitación de los despidos aprobada la semana pasada. Esta lógica empresarial entristece, sobre todo si se considera que buena parte de las grandes empresas españolas son parasitarias del sector público, con cuyos recursos han venido financiando sus megaproyectos.

No hay que olvidar que las ayudas gubernamentales llegarán también a empresas que siguen generando beneficios, y que algunas de ellas están incluso ‘ganando’ con esta crisis: las grandes empresas de logística y distribución o las grandes cadenas de productos alimentarios que se posicionan frente al pequeño comercio, por ejemplo. La crisis del covid-19 va a generar una tensión fiscal sin precedentes, así que quizá deberíamos ir pensando también en una reforma fiscal que permita imponer a estas empresas una mayor contribución al esfuerzo común.

En el escenario europeo llama la atención el caso de Dinamarca, donde la cultura del empresariado parece ser otra. El Gobierno y los agentes sociales han llegado a un acuerdo que les hace a todos corresponsables. Durante los próximos tres meses de cuarentena, será el Estado quien asuma el pago del 75% del salario de las personas que vean amenazado su puesto de trabajo en aquellas empresas en las que el parón de actividad lleve al despido de, al menos, un 30% de la plantilla, o de 50 empleados o más. Se trata de una cobertura pública similar a la que se ofrece a las empresas en el caso de los ERTEs españoles, que alcanza al 70% del salario, solo que, en Dinamarca, ellas se ocuparán del 25% que el Estado no cubre. O sea, que no solo no se pierde el empleo, sino que tampoco hay pérdida de salario. Los trabajadores, por su parte, renuncian a cinco días de vacaciones durante este año; es decir, trabajarán cinco días más sin remuneración adicional.

Evidentemente, esto tiene que ver con el modelo danés de relaciones laborales, que se sitúa en las antípodas del nuestro. No sólo porque su cultura de negociación sea más integradora, característica del corporativismo nórdico, sino por la prominencia y centralidad que tiene la negociación colectiva en la regulación de las condiciones laborales. El modelo español, tradicionalmente marcado por la centralidad del Estado en la regulación de tales condiciones, ha ido erosionando cada vez más la capacidad negociadora de los trabajadores. La reforma de 2012 agudizó esta tendencia y sumó, además, una mayor descentralización de la negociación colectiva (con más peso de la negociación en la empresa) y un preocupante debilitamiento sindical. Es cierto que en países como Dinamarca también se presenta una tendencia a la baja del sindicalismo, pero aún está cerca del 65%, la más alta de la Unión Europea, y muy distante de la española, que se sitúa en el 13,7%.

Por supuesto, hay otras razones más que explican estas diferencias y una de ellas es, sin duda, el contexto laboral de cada país. En España está vigente una reforma laboral que ha contribuido a precarizar el empleo y que ha limitado los derechos de los trabajadores. De hecho, a pesar de las medidas que se han adoptado, la afiliación cayó en marzo en 834.000 personas (y eso que, hasta la instauración del estado de alarma el día 15, la evolución del empleo no había sido negativa). Hay que señalar que esta caída viene posibilitada, entre otras cosas, por una tasa de temporalidad del 27%, casi el doble de la media europea.

Que uno de cada cuatro contratos eventuales que se firman en este país tengan una duración inferior a una semana ilustra claramente la mala calidad de nuestro mercado laboral. No, no somos Dinamarca.

Por eso, hay que reconocer el esfuerzo que se está haciendo por sostener los ingresos de los hogares que carecen de protección con el subsidio para los trabajadores temporales que sean despedidos durante estos días, independientemente de que hayan cubierto o no el periodo mínimo de cotización necesario, y con el merecido reconocimiento a las empleadas de hogar y cuidados. Una reconocimiento que, lamentablemente, no podrá suplir la ausencia de ratificación del Convenio 189 de la OIT, que las hubiera igualado en derechos; ni corregir, al menos por ahora, un Sistema Especial que no les reconoce prestación por desempleo, pero que supone un paso adelante para este colectivo.

La vigente reforma laboral, el deficiente funcionamiento de nuestro mercado de trabajo y la falta de solidaridad y corresponsabilidad del empresariado en momentos críticos nos obliga a recurrir a medidas que mitiguen la angustia y el deterioro vital que están padeciendo lo más vulnerables. Habrá que ir pensando en un ingreso mínimo para dar cobertura también a aquellos sectores del precariado –como los temporales con contratos de menos de dos meses– que no podrán beneficiarse del subsidio extraordinario del Gobierno, o a quienes obtienen sus ingresos en la economía sumergida. Su implementación inicial, dada su urgencia, podría llevarse a cabo ahora a través de la fusión de los actuales subsidios asistenciales, considerando que la creación de un instrumento nuevo se antoja, de momento, imposible.