Dominio público

Los aliados

Vista del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. WIKIPEDIA
Vista del Palacio de la Moncloa, sede de la Presidencia del Gobierno. WIKIPEDIA

Tuvo que apuntarlo Emiliano García-Page (PSOE) cuando el domingo, durante su videoconferencia semanal, Sánchez empezó a tantear posibles apoyos autonómicos para una reedición de los idealizados Pactos de La Moncloa de 1977, aquellos que propiciaron una precariedad laboral que parece que marcó la senda media del empleo en España. Nuestro país nunca ha logrado ponerse a la altura del club del euro (aun compartiendo el euro) ni en número de empleos ni en salarios.

"Todavía no existían las comunidades autónomas en 1977, y ahora son imprescindibles", advirtió el presidente de Castilla-La Mancha a su secretario general, algo en lo que insistió el jefe del Ejecutivo castellano-leonés, Fernández Mañueco (PP), durante su turno de palabra.

Tanto Page como Mañueco se mostraron partidarios de reeditar estos acuerdos, este último pese a que Pablo Casado, presidente del Partido Popular, los ha rechazado de plano por entender que se trata de una propuesta-trampa del presidente del Gobierno: lo único que pretende Sánchez, según Casado, es mutualizar la culpa de su pésima gestión de la emergencia sanitaria por la COVID-19 con todos los partidos. Y además, reconocen en el entorno del líder del PP, lo primero que habría que plantearse para empezar a hablar de esos pactos es un cambio de Gobierno; un cambio de socios... de echar a Unidas Podemos del Ejecutivo, abreviando. Nada nuevo a la derecha del partidismo patrio.

Descontada, pues, en esos pactos, y como era más que previsible, la participación nacional del principal partido de la oposición (los 52 de Vox solo buscan devolver a España al previo a 1977, así que los excluimos por pura lógica), cabe preguntarse en qué momento alguien convenció a Pedro Sánchez de que el concepto "Pactos de La Moncloa" era siquiera práctico en la España de 2020; lanzado, además, por un Gobierno de izquierdas y de poder muy limitado frente a unas instituciones aun conservadoras, paridas, por cierto, en aquella Transición modélica (para las derechas).

Y si a esta curiosa estrategia de los pactos del 77, sumamos los torpes inicios de gestión de la emergencia sanitaria con respecto a la toma de decisiones unilateral y por sorpresa para autonomías y agentes sociales, diríamos que más que federalizar España, como se supone que busca el PSOE, lo que ha decidido ahora el Gobierno es recentralizarla y dar argumentos a los de la España ‘Una y Grande’.

La preocupación y la incertidumbre ante esta crisis sin precedentes en nuestra democracia postfranquista no debería hacernos caer en la nostalgia de unos tiempos en absoluto comparables al actual, por muy deprimidos que nos salieran los números entonces y nos estén saliendo ahora.

Lo mejor y lo peor que tiene España para su gestión política es su descentralización, y si alguien se hubiera ocupado de prever un estado de alarma en el país en que vivimos ahora y no en el de hace 40 años, no habría un "peor", porque desde el inicio de esta emergencia se habría puesto en marcha un sistema de coordinación territorial, competencias incluidas, que habría ordenado buena parte del caos inicial que proyectó la Administración central, pese al esfuerzo de los funcionarios que nunca podremos agradecer bastante.

Evolucionemos con España: unos pactos de reconstrucción, de recuperación o como quieran llamarlos (pero olviden, por favor y por salud, eso de "La Moncloa") deben empezar, en primerísimo lugar (no en el último y porque pasaban por allí), por contar con el apoyo y la aportación de todos los gobiernos autonómicos y de cada uno de los agentes políticos y sociales de los territorios, que no siempre coinciden con las delegaciones de los estatales.

Los acuerdos, si los queremos de luces largas, han de contar, además y poniéndolos en primera línea y a la altura de las autonomías, con los gobiernos municipales, cuyo papel en esta crisis parece estar circunscrito al anecdotario nacional, cuando hablamos de administraciones que están en contacto directo con el ciudadano, con su dolor y su impotencia.

Mucho es pedir ahora, supongo, que en esos pactos se empiece a pergeñar de una vez esa segunda descentralización del Estado siempre pospuesta, empezando a plantearnos cómo las comunidades autónomas pueden iniciar una cesión de competencias a los ayuntamientos en pro de la eficacia de unos servicios públicos, que deben de ser blindados contra el negocio y el lucro al modo del 135 constitucional, por lo menos. Cuanta mayor cercanía, más eficacia, nos cansamos de repetirlo, pero seguimos sin ceder las herramientas de gestión.

El éxito de los gobiernos de cada uno de los territorios de España será el éxito del Gobierno de toda ella, y viceversa. Parece mentira que a estas alturas haya que recordar dónde están las prioridades y los potenciales mejores aliados frente a la amenaza ultraderechista del nacionalismo español vertical, el de La Moncloa para abajo y para dentro.