Dominio público

Derechos y garantías para quienes trabajan en la cultura

Sofía Castañón

Portavoz adjunta de Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común

Mar García Puig

Portavoz del grupo en la Comisión de Cultura

Un vigilante de seguridad cierra la puerta del Museo Reina Sofía, en Madrid, por la pandemia del coronavirus. REUTERS/Juan Medina
Un vigilante de seguridad cierra la puerta del Museo Reina Sofía, en Madrid, por la pandemia del coronavirus. REUTERS/Juan Medina

"No concibo una cultura separada de la vida." Con esta declaración denunciaba Antonin Artaud la artificiosa separación entre vida y cultura. Qué reales suenan estas palabras cuando ante un inesperado confinamiento el arte en todas sus formas ha acudido a salvar nuestras horas, no solo como entretenimiento, sino, como diría el dramaturgo francés, como "medio para comprender la vida y ejercerla".  La cultura se nos ha revelado como instrumento imprescindible de vida, para disfrutarla, para sentirla, para transformarla. Hoy más que nunca la cultura se yergue como el lugar en el que encontrar herramientas de supervivencia y de intervención ante una realidad que se nos antoja aterradoramente compleja. Aquello que dice la poeta Martha Asunción Alonso, que es aplicable no sólo a la poesía sino a cualquier disciplina artística: "nos sirve para sentirnos y estar menos solas".

Es por ello que debemos seguir reivindicando, si cabe con más intensidad, el reconocimiento de la cultura como un bien de primera necesidad. Esto implica garantizar su acceso a la ciudadanía como un derecho. Debemos proteger y potenciar la creación cultural en toda su diversidad, porque si el acceso a la cultura es un derecho, lo será realmente en la medida en que ésta sea tan diversa como la sociedad en la que se inserta. Para ello es imprescindible proteger a quienes la hacen posible: los y las trabajadoras de la cultura. En España hablamos de unas 700.000 personas empleadas en el sector, personas que se han volcado estos días en hacer accesible la cultura a toda la población. Pero su esfuerzo, el de tantos creadores y creadoras y otros agentes culturales que comparten estos días su trabajo, no puede entenderse en clave de gratuidad, sino como una vocación de servicio público. Cuando se agradece el trabajo comprometido y expuesto de quienes siguen haciendo que todo funcione y que el confinamiento de tantas personas -vital para hacerle frente al virus- sea posible, se habla de profesionales y en algún momento se menciona (y nombrar es importante porque lo que no se nombra no existe) a la gente de la cultura. Esa gente son profesionales que están ofreciendo su trabajo porque el acceso a la cultura es un derecho. Y no podemos olvidarnos de ellos y ellas cuando decimos que al salir de la crisis generada por esta pandemia no puede quedar nadie atrás.

El Estado debe por tanto diseñar un conjunto de medidas específicas para el sector cultural capaces de mitigar la crisis que la alerta sanitaria por la Covid-19 ha abierto ya en el sector. Esta crisis se augura en la cultura de proporciones épicas. Hablamos de un sector ya muy castigado, al que la crisis de 2008 dejó muy tocado, y de un sector también con especifidades propias, como puede ser la intermitencia en el trabajo, que requieren medidas especiales en las políticas públicas.

Dentro de las medidas a adoptar por el Ministerio de Cultura hay tres urgentes e inaplazables que afectarían a todo el sector. En primer lugar se necesita un estudio de impacto socioeconómico. Distintas asociaciones y entidades han publicado ya sus estimaciones, que deben concretarse y completarse cuanto antes. En segundo lugar, deben aplicarse medidas de compensación de las pérdidas previstas hasta septiembre de 2020. Por último, y en coherencia con el Estatuto del y de la artista aprobado por el Congreso de los Diputados, deben tomarse medidas que den cobertura a las personas que trabajan en el sector, como crear una prestación extraordinaria dirigida a trabajadores y trabajadoras intermitentes.

Nos enfrentamos a una crisis sin precedentes. Es por ello que aquí no servirán solo las demandas clásicas del sector cultural, sino que entre todas deberemos pensar en formas innovadoras para hacerle frente, formas con agilidad burocrática que puedan resolver un primer impacto brutal. Para ello los ayuntamientos se convierten en un pilar básico, pues son ellos los que más conocen los ecosistemas culturales locales. Tanto el gobierno del Estado, a través del Ministerio de Cultura y Deportes, como las Comunidades Autónomas, deben trabajar en completa coordinación con los ayuntamientos, y diseñar estrategias conjuntas con urgencia. Un buen ejemplo de ello son las medidas ya anunciadas por el Ayuntamiento de Barcelona. En el caso del libro, por ejemplo, se ha presupuestado un millón de euros en compra de libros para bibliotecas, que se realizarían especialmente en librerías de proximidad. En el ecosistema del libro, el eslabón más débil en esta crisis en un primer momento van a ser las librerías, y si no acudimos a su rescate muchas de ellas se verán obligadas a cerrar. Además, en función de cómo afecte en un primer momento la crisis a las librerías, ésta repercutirá en mayor o menor grado al resto de  agentes, como distribuidores, editores y autores. Así pues, tal y como proponía el editor Bernat Ruiz en su blog hace algunos días, el traspaso de fondos del Estado a los ayuntamientos para realizar compras de este tipo es una herramienta que por su efectividad y posible rapidez debería considerarse a la mayor brevedad.

En unas semanas en las que nos hemos acostumbrados a los conciertos, recitales, conferencias que se comparten desde plataformas digitales como Facebook o Instagram, que ni remuneran esos trabajos ni tributan en el Estado español, urge poner en marcha una plataforma digital pública. Porque igual que sabemos que el mundo de la cultura no funcionará como lo conocíamos hasta ahora, tampoco el de la recepción de esa cultura va a ser el mismo tras este tiempo de confinamiento y en el largo camino del día después hasta ese cada día más extraño del "recuperar la normalidad". Y ahí hay que saber si queremos continuar una línea que puede acercar la cultura a lo casi fungible (¿no tenemos la sensación de que muchas series, películas, poemas, imágenes o canciones casi parecen en estos días de "usar y tirar"?) o si de todo esto saldremos con una mayor participación democrática que garantice el acceso a la cultura para la ciudadanía y los derechos y la dignidad para quienes la hacen posible con su trabajo.

En 2017 la editorial Rayo Verde publicaba el libro Politizaciones del malestar, cuyo objetivo era visibilizar cómo se politiza el desasosiego o la angustia, y cómo el arte es la mejor herramienta para ello. Ante el nuevo paisaje que nos ha traído la crisis sanitaria de la Covid-19, estas reflexiones son más actuales que nunca, y las palabras que en dicho volumen escribía Amador Fernández-Savater resuenan con fuerza: "Las lágrimas que no se tragan, sino que se comparten y se elaboran, pueden metamorfosearse en acciones colectivas, en procesos de ayuda mutua, en la creatividad de nuevas imágenes y palabras, en gestos de rechazo y desafío." Para compartir esas lágrimas, para no tragarlas en soledad, pensemos y actuemos juntas en la cultura. Es la utilidad de esas lágrimas la que está en juego.