Dominio público

El virus que recorre el sistema político español

Reiner Wandler

Periodista

Un hombre, con una mascarilla casera con el escudo de la selección española de fútbol. REUTERS/Jon Nazca
Un hombre, con una mascarilla casera con el escudo de la selección española de fútbol. REUTERS/Jon Nazca

La crisis del coronavirus saca a relucir los trapos sucios. Después del conflicto territorial catalán de los últimos años, el sistema sanitario español y su estructura descentralizada han llegado una vez más a sus límites y, por extensión, la descentralización política del estado. Pero, a diferencia de la disputa sobre la independencia catalana, actualmente vemos que el país se resquebraja por doquier.

Por ley, desde 1986, la atención sanitaria es competencia de las 15 comunidades autónomas y las 2 ciudades autónomas que constituyen España. Hoy en día, estas autonomías están mostrando su cara más insolidaria. Cada una mueve cielo y tierra para conseguir material sanitario por su cuenta y casi no hay traslados de pacientes de comunidades que se han visto sobresaturadas a las menos afectadas por la pandemia.

Hay incluso comunidades que aprovechan la crisis para hacer oposición a la coalición de izquierdas de Pedro Sánchez y desviar la atención de su propia responsabilidad en la debilitación del sistema sanitario autonómico a través de la privatización, las políticas de austeridad y la corrupción. A la cabeza de estas comunidades se encuentra Madrid, gobernada durante décadas por el Partido Popular y hoy bajo el mando de Isabel Díaz Ayuso.

«Casi federal» o «un ejemplo de descentralización dentro de Europa» son términos que suelen esgrimir los políticos españoles a la hora de referirse al orden territorial que se estableció en España después de la muerte de Franco en 1975. Y es que, con los años, el gobierno central ha ido transfiriendo gradualmente competencias clave a las 17 comunidades autónomas.

Para aquellas comunidades que se consideran nacionalidades históricas, como el País Vasco, Cataluña, Galicia y también para Andalucía, fue un proceso de vía rápida, mientras que en el resto de comunidades fue por una vía más lenta. Hoy en día, el sistema educativo y el sanitario, entre otros, son competencia de las comunidades autónomas. Además, el País Vasco y Cataluña tienen su propio cuerpo policial.

Una mezcla de conceptos de Estado

Sin embargo, lo que a primera vista parece un estado en gran medida federal, no lo es. Basta echar un vistazo a la constitución para percatarse. Por un lado, la Carta Magna hace referencia a la «indisoluble unidad de la Nación española», mientras que, por otro lado «reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran y la solidaridad entre todas ellas». Con ello, la constitución de 1978 plantea una mezcla de diferentes conceptos de estado y refleja el consenso de diferentes escuelas políticas para hacer una transición de lo que era (un centralismo similar al francés) a lo que debería ser: una especie de sistema federal adaptado como el de Alemania. Y, para más inri, bajo una monarquía que nunca ha brillado por su espíritu democrático.

Las deficiencias de la descentralización española se hacen palpables en el sistema tributario. Con la excepción del País Vasco y Navarra, la mayoría de los impuestos se recaudan centralmente y luego se distribuyen a las comunidades desde Madrid. Este reparto no es transparente y siempre se intenta renegociar. Casi como regatear en un mercado persa en el que se venden lealtades y favores políticos. Las comunidades no negocian entre ellas para encontrar un sistema solidario entre ricos y pobres, sino que es el gobierno central de Madrid el que debe velar porque se mantenga un equilibrio a través de esta redistribución de la riqueza. El resultado: acusaciones del tipo «Madrid nos roba».

Esto no es federalismo. El verdadero federalismo nace desde abajo. Los estados federados legitiman el gobierno federal y no al contrario. Asimismo, el gobierno federal solo tiene las competencias que los estados no pueden o no quieren asumir explícitamente. Es decir, son, en todo caso, los estados federados los que transfieren competencias al gobierno federal y los que recaudan gran parte de los impuestos y pagan al gobierno central. No al revés.

En el caso de España se añade la inexistencia de una cultura federal. Los nostálgicos de la España grande y unida eran y siguen siendo los que llevan la batuta de la derecha española. Por otro lado, una gran parte de la izquierda estaba influida por el jacobinismo cuando se creó el Estado de las autonomías, mientras que los nacionalistas de las nacionalidades históricas del País Vasco, Galicia y Cataluña querían recuperar derechos especiales como los que les había otorgado la Segunda República de los años 30, que acabó con el estallido de la guerra civil. No les gustaba la idea del «café para todos».

Sin una auténtica identidad regional

Además, el resto de comunidades carecen de un sentimiento de identidad regional amplio y transversal. Mientras que el País Vasco y Cataluña construyen una realidad y un país propios, hay gobiernos autonómicos tanto de derechas como de izquierdas que defienden la España «auténtica», homogénea. Una actitud que atrae a muchos votantes.

El clientelismo compensa la falta de identidad regional. El PSOE y el PP se retraen a sus nichos de poder autonómico cuando están en la oposición a nivel estatal. Asimismo, no se olvidan de contentar a unas administraciones autonómicas que les permiten nutrir económicamente a sus élites: cuantas más competencias autonómicas y más presupuesto, más podrán lucrarse. Esto suele desencadenar en amplias tramas de corrupción, como los casos del PSOE en Andalucía o del PP en Valencia y Madrid.

Pero, volvamos al tema que nos ocupa: el coronavirus y el sistema sanitario. En la Comunidad de Madrid los conservadores privatizaron a diestro y siniestro. Por supuesto, favoreciendo a sus «amigos» siempre que fuese posible. El presupuesto en sanidad aumentó ya que los servicios privados son más caros que los públicos, mientras que la calidad del sistema sanitario público, accesible para todos, se ha deteriorado. La consecuencia: menos camas y menos personal. Según investigaciones judiciales, durante el proceso de privatización, el partido desvió millones de euros de los sistemas sanitario y educativo para llenar sus propias arcas.

Ahora que la crisis pone en evidencia a qué derroteros han llevado estas políticas neoliberales, los gobiernos autonómicos culpan al gobierno central de la escasez de material y de recursos. Lo que omiten es que el Ministerio de Sanidad español prácticamente no tenía poderes antes de que se declarara el estado de alarma a mediados de marzo. Todo era competencia de las comunidades.

Es poco probable que España pueda soslayar un debate sobre el sistema sanitario y el papel de las comunidades una vez se haya vencido al virus. La descentralización no consiste en el amiguismo ni en inaugurar obras faraónicas bajo un aluvión de flashes, sino que requiere de responsabilidad tanto en la salud como en la enfermedad.

Publicado originalmente en Taz
Traducción de Alicia Bueno Belloso y Laura Obradors Noguera