Dominio público

Garantizar el derecho a la vivienda exige cambios estructurales

Luis Zarapuz

Economista de CCOO

Paula Guisande

Secretaria confederal de política social y movimientos sociales de CCOO

Viviendas en construcción en Valdebebas (Madrid). EFE/Fernando Alvarado
Viviendas en construcción en Valdebebas (Madrid). EFE/Fernando Alvarado

La crisis provocada por el COVID-19 ha impactado con dureza en las condiciones materiales de la población en España. Si antes de la pandemia ya era necesario un cambio en la política de vivienda, ahora más. Es urgente impulsar cambios estructurales para garantizar el derecho a una vivienda digna, que pasan por limitar el precio máximo del alquiler, poner en marcha un programa de alquiler seguro y asequible e impulsar un amplio parque público de alquiler.

Acceder a una vivienda en España ya era muy difícil, e incluso imposible, para muchos hogares antes de la pandemia. La situación se ha agravado en apenas unas semanas para millones de personas que han visto reducidos sustancialmente sus ingresos y empeorado su horizonte vital. Todo ello pese a las medidas extraordinarias adoptadas por el Gobierno central y las distintas administraciones para paliar la pérdida de ingresos y la vulnerabilidad de la población, paralizando desahucios y estableciendo moratorias en el pago de alquileres e hipotecas.

Las medidas coyunturales deberían haber sido más ambiciosas y haber priorizado la protección de la población vulnerable más que a garantizar a bancos y propietarios el cobro de hipotecas y alquileres. Pero la solución de los graves problemas de acceso de la vivienda en España solo se alcanzará si el Gobierno no se limita a medidas coyunturales y actúa sobre las causas estructurales de la carestía de la vivienda, algo que de momento no parece estar en su agenda.

La política de vivienda lleva muchos años desatendida en España, con un presupuesto infradotado. La iniciativa pública es un instrumento muy poderoso al que le cuesta mucho ponerse en marcha. Urge disponer de un diagnóstico de la situación, para lo que es imprescindible hacer públicos ya los datos del índice de precios de referencia del alquiler y conocer la realidad sobre la que ahora impacta la crisis. Demorarse o escatimar recursos va a provocar que, una vez más, lleguemos tarde a ayudar y salvar a millones de hogares.

El lobby inmobiliario quiere condicionar al Gobierno para mantener su negocio y plusvalías a costa de los recursos públicos y del derecho a la vivienda. Desde Comisiones Obreras nos oponemos a que una vez más el derecho a una vivienda digna y asequible sea sacrificado para proteger los intereses de grandes propietarios, fondos buitres e inmobiliarias. La colaboración público-privada es bienvenida siempre que esté supeditada al interés general y ayude a impulsar el alquiler asequible permanente a cambio de un beneficio razonable, pero si su objetivo es salvar sus beneficios a costa del presupuesto público, nos tendrán enfrente.

A principios de marzo CCOO y UGT presentamos públicamente la Iniciativa Sindical por el Derecho a la Vivienda, una propuesta que sigue siendo válida en la realidad social, económica y laboral post-covid-19 que se avecina. La iniciativa sindical se basa en dos ejes: mayor regulación del mercado del alquiler y parque público de alquiler.

La nueva regulación del alquiler pasa por limitar el precio máximo en las zonas tensionadas y ajustarlo a los ingresos de los hogares a través de la Ley de Arrendamientos Urbanos, impulsar un programa de alquiler seguro y asequible para rehabilitar y movilizar viviendas privadas, gravar las viviendas vacías y la especulación inmobiliaria, y regular las viviendas turísticas.

Consolidar un parque público de alquiler pasa por movilizar los recursos públicos a tal fin, incluyendo todo el suelo público disponible y, lo que es más efectivo a corto plazo, impulsar la compra pública de viviendas ya construidas para incorporarlas al parque público de alquiler. De manera complementaria, el esfuerzo privado de construcción de vivienda protegida debe concentrarse en la vivienda protegida de alquiler, que tendrá esa calificación con carácter permanente no descalificable, para consolidar un parque de vivienda asequible de alquiler.

El cambio estructural requiere de una acción pública decidida, donde el Gobierno central asuma su responsabilidad y competencias (como regular los precios máximos del alquiler en la LAU) y aumente sustancialmente el presupuesto público, y que comunidades autónomas y corporaciones locales se sumen a este mayor esfuerzo. El presupuesto estatal de vivienda debe multiplicarse y alcanzar el 0,3% del PIB en la legislatura, 3.600 millones al año (actualmente no llega a 500 millones). Parte de este incremento saldrá de recuperar los niveles de gasto en vivienda previos a los recortes de hace una década. El resto saldría de sustituir las actuales bonificaciones fiscales a la actividad inmobiliaria (más de 2.000 millones al año) por fondos destinados a la política de alquiler. Disponemos de los recursos materiales, legislativos y fiscales para garantizar el derecho a una vivienda digna. No hay excusas.