Opinión · Dominio público

25 años de la ley de sanidad

ÁNGELES AMADOR

El día 11 de junio de 1985, el ministro de Sanidad del Gobierno de Felipe González, Ernest Lluch Martín, presentaba ante el Pleno del Congreso de los Diputados el proyecto de la Ley General de Sanidad con las siguientes palabras: “Creo que defender aquí este proyecto de ley tiene una razón fundamental, al menos para los socialistas; es defender un proyecto de ley que extiende la sanidad a todos los ciudadanos, es conseguir en un Estado democrático algo que está en el prefacio de la Constitución, que dice que no solamente queremos construir una sociedad democrática sino que queremos construir una sociedad democrática avanzada, y una de las concreciones de una sociedad democrática avanzada es, a partir de que esta ley se apruebe y se ponga en marcha, que todos los ciudadanos de este país tendrán derecho a una sanidad pública”.

La Ley General de Sanidad, impulsada y defendida contra viento y marea por el ministro Lluch, superó las enmiendas de totalidad que solicitaban la devolución del proyecto de Ley al Gobierno, presentadas por todos los grupos parlamentarios de la Cámara. La ley fue finalmente aprobada por las Cortes Generales y promulgada el 25 de abril de 1986.

Hoy todos deberíamos celebrar el 25aniversario de su promulgación, porque el Sistema Nacional de Salud que la ley creó y que garantiza la protección de la salud de todas las personas, responsabilizando a los poderes públicos de la efectividad de ese derecho constitucionalmente reconocido, debería ser un patrimonio compartido.

La sanidad, una de las más complejas responsabilidades asumidas por el Estado, tiene al menos dos dimensiones básicas: la primera es la garantía de la igualdad sustancial ante la necesidad; la segunda es la regulación de un bien, el acceso a los servicios de salud, que ha escapado a los mecanismos de regulación del mercado.

La sanidad pública es, por tanto, un factor fundamental de cohesión social. Contribuye decisivamente a la reducción de las desigualdades sociales. Genera confianza y seguridad porque ahuyenta el miedo a los imponderables de la enfermedad. Somos más libres cuando sabemos que ante un problema de salud no quedamos abandonados a nuestra suerte. Su rentabilidad social es por tanto muy alta.
La ventanilla sanitaria es hoy el principal sensor para detectar los problemas de la sociedad en la que vivimos. En ella se perciben de manera privilegiada las desigualdades sociales, las carencias educativas, culturales, económicas, afectivas. Y también las carencias sociales de la organización política.

Lo que conmemoramos es una gran conquista social porque la desigualdad ante la salud es la más insoportable de las desigualdades. Y por ello conviene alertar sobre los riesgos de algunas propuestas políticas que, lejos de consolidar y mejorar nuestro Sistema Nacional de Salud, lo ponen en riesgo.

Algunas de las amenazas que acechan a nuestro modelo son las desigualdades en el acceso a las prestaciones sanitarias en las distintas comunidades autónomas, las reducciones del presupuesto sanitario, la propuesta de introducir barreras económicas para acceder a los servicios de salud, la transformación del modelo de gestión del servicio público –con consecuencias, en algunos casos, sobre elementos esenciales del propio servicio público porque transfieren responsabilidades a manos privadas– y las demoras y carencias en la atención sanitaria, que vacían de contenido el propio derecho de los ciudadanos a la protección de la salud y llegan a comprometer la vida de los pacientes por falta de medios.

Todos esos riesgos son consecuencia de decisiones políticas que traducen, sin hacerla suficientemente explícita, una concepción distinta de cuáles deben ser las funciones del Estado y qué prioridad debe darse al reconocimiento efectivo de los derechos sociales. La salud como problema individual y los recursos públicos menguados.

Es momento de recordar que ninguna conquista social es irreversible. Y que no es verdad que el mantenimiento y la mejora del sistema sanitario público estén garantizados, con independencia de quien gobierne.
En España, la sanidad pública ha sido siempre objetivo de la sociedad progresista. El Sistema Nacional de Salud, establecido en 1986 y que ha ido consolidando el modelo sanitario público, proporcionó cobertura sanitaria a siete millones de españoles que carecían de ella. Financiado mediante ingresos del Estado –las cotizaciones sociales se dejan para atender las prestaciones contributivas de la Seguridad Social–, el sistema garantiza el acceso equitativo a los servicios de salud (iguales prestaciones para iguales necesidades), es gestionado por las comunidades autónomas y tiene encomendada la protección efectiva de nuestra salud mediante la integración de la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, la curación y la rehabilitación.

El compromiso del ministro Lluch con la consecución de una sociedad democrática avanzada le costó la vida. Su Ley General de Sanidad ha mejorado la vida de millones de ciudadanos a lo largo de estos 25 años. Y nos permite reconocernos como una sociedad digna de tal nombre en un mundo convulso donde todavía tantos seres humanos están abandonados a su suerte.

Ángeles Amador fue ministra de Sanidad

Ilustración de Javier Olivares