Dominio público

Reforma laboral y deslocalizaciones

Unai Sordo

Secretario general de CCOO

Javier Pacheco

Secretario general de CCOO de Catalunya

Ramón Sarmiento

Secretario general de CCOO de Galicia

Agustín Martín

Secretario general de CCOO Industria

Uno de los trabajadores participantes en las protestas por el cierre de la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo). E.P./Carlos Castro
Uno de los trabajadores participantes en las protestas por el cierre de la planta de Alcoa en San Cibrao (Lugo). E.P./Carlos Castro

Mucho se ha escrito sobre la continua desindustrialización que viene produciéndose en nuestro país desde los años 90. Varios son los factores que han provocado una tendencia que ha lastrado nuestra economía hacia un desequilibrio en la balanza comercial y hacia una creciente terciarización sectorial.

En primer lugar, los diferentes gobiernos y las distintas administraciones autonómicas y locales asumieron que la reducción del peso de la industria podía ser compensada por un potente sector de servicios apuntalado por el turismo. Posteriormente, se apostó por canalizar el acceso a la financiación barata y los tipos de cambio estables, para generar un boom inmobiliario asociado a una burbuja de endeudamiento privado de dimensiones estratosféricas. El camino realizado hasta el presente ha demostrado que esas decisiones constituyeron un error sobre otro error.

Tras la resaca producto de la crisis financiera mundial y su especial afectación en España, el sueño de desarrollar polos de inversión empresarial e industrial, asociado a la innovación tecnológica, no acaba de alcanzarse por la falta de palancas de inversión, y por una posición subalterna de buena parte de nuestra industria respecto a decisiones de multinacionales cuyos centros de decisión están fuera del país.

Sabemos que las crisis fueron superadas mejor en países industrializados. Ya en nuestro país, las respuestas a las crisis varían en función de la composición del tejido productivo. Con una misma regulación laboral, las tasas de paro –por citar un ejemplo más llamativo– varían de forma acentuada entre unas comunidades y otras.

En la actualidad, la crisis de la COVID 19 lo ha vuelto a evidenciar en el plano internacional. Primero, para hacer frente a las necesidades básicas en la lucha contra el virus y sostener a la sociedad protegida en el confinamiento y abastecida de productos de primera necesidad. En segundo término, para poner en pie palancas de inversión que hagan frente a la insólita caída de la actividad económica que estamos viviendo. Los datos de medidas anticrisis son concluyentes. Según las fundaciones Delors y Bertelsmann, las medidas fiscales directas empleadas en la crisis representan aproximadamente el 2,2% del PIB anual de la UE-28 (incluyendo Reino Unido). Pero un 42% de esa cantidad lo realiza Alemania, la gran potencia industrial europea. Y si hablamos de garantías estatales para créditos blandos a las empresas, las cifras son aún más concluyentes: la media de la UE, sin el país germano, supone una cantidad de 1.485.000 millones de euros –equivalente al 9% de su PIB–. Y es que solo Alemania aporta garantías de crédito por valor del 50% de su PIB, cerca de 1,7 billones de euros.

No obstante, nuestro país tiene algunos polos industriales de una presencia importante y un peso relativo en la economía de los territorios donde está presente. El norte de España, Madrid o Catalunya, son algunos de estos ejemplos en los que todavía podemos impulsar una recuperación de la hoy añorada soberanía industrial. Además, los nuevos parámetros de economía sostenible e impulso de la digitalización en los que parece que se anclarán los fondos de reconstrucción económica de Europa, ofrecen una oportunidad para equilibrar el desarrollo productivo en nuestro país y sus distintos territorios.

Ahora debemos responder de manera ágil a la recuperación de la situación económica, laboral y vital del país, pese al surgimiento de iniciativas desarticuladas, arbitrarias y lejos del marco de un gran acuerdo. Es urgente impulsar un verdadero diálogo social con los agentes sociales y económicos en el que fomentemos políticas estratégicas que habiliten un marco regulador, financiero y de incentivos virtuoso.

Sectores estratégicos como el turismo, la automoción, la industria agroalimentaria, la construcción, el transporte, las infraestructuras o los trabajos de atención a las personas, deben ser el motor de la recuperación en España.

Pero hay que pensar en hacerlo desde parámetros distintos. Históricamente, España ha tratado de convertirse en un lugar atractivo para la inversión vía reducción de costes, sobre todo laborales. El objetivo era convertir la industria española en una oportunidad de negocio para deslocalizar en el país determinadas fases de los procesos de producción. La mayor parte de las veces en el segmento medio-bajo de la generación de valor añadido.

En este momento nos encontramos con situaciones estructurales agravadas o utilizadas interesadamente a consecuencia de la crisis sanitaria, que amenazan con la deslocalización industrial, como son el caso de Alcoa en Galicia y Nissan en Catalunya.

Decisiones que van en dirección contraria de la necesaria recuperación del peso industrial en la economía, además de provocar la pérdida de miles de empleos. Dentro de la gravedad de ambos casos, nos debe preocupar el efecto del anuncio del cierre de Nissan en el sector de la automoción, sujeto a grandes transformaciones que planean sobre las plantas de producción españolas –no olvidemos que somos el segundo país productor de vehículos de Europa–.

En la lógica de incentivar "ventajas competitivas" por la vía de la devaluación de los salarios y la pérdida de garantías laborales para la clase trabajadora, se enmarca la reforma laboral de 2012 del PP, apoyada por CiU en aquel momento. Entre otras muchas medidas lesivas, eliminó uno de los instrumentos de intervención política en los procesos de reestructuración y cierres de empresas: la autorización preceptiva de la autoridad laboral competente, que en aquellos momentos eran los departamentos de Trabajo de las comunidades autónomas en los procesos que afectaban a una sola comunidad y del Ministerio de Trabajo cuando afectaba a más de una.

Aquella herramienta reforzaba las tutelas de los trabajadores y trabajadoras en estos procesos y permitía buscar alternativas a las decisiones empresariales. Desde entonces, con su desaparición, las empresas, sobre todo las grandes multinacionales, solo necesitan garantizar un procedimiento jurídico escrupuloso con la norma y la información y consulta, ya que finalizado el plazo establecido, pueden ejecutar sus decisiones empujando a los trabajadores a la encrucijada de elegir entre la indemnización propuesta o la ruleta de la judicialización de su despido. Un proceso totalmente desequilibrado, que facilita a las empresas multinacionales comprar su salida de nuestro país para optimizar sus beneficios. Así, tras explotar los réditos obtenidos en España se marchan en busca de países con salarios más bajos en la carrera imparable de una insaciable acumulación de riqueza.

El gobierno de España y los gobiernos autonómicos de Galicia y Catalunya han reaccionado con contundencia, al menos declarativamente, contra las decisiones de Nissan y Alcoa. Exigen a las multinacionales intervenir conjuntamente para la búsqueda de soluciones alternativas a los cierres. Han intensificado su trabajo en los últimos meses, anticipándose a las malas noticias que planean sobre los diferentes centros de trabajo afectados. De momento no han conseguido respuesta positiva de las dos empresas.

Pero pensamos que un país, sus gobiernos, no deben mendigar a multinacionales escenarios de trabajo para evitar la deslocalización industrial de sectores estratégicos para nuestra economía. Al contrario, deben utilizar todas las herramientas disponibles y normativas que las reglas globales les otorgan. Recuperar la autorización de la autoridad laboral está dentro de los modelos de los Estados miembros de la UE. En Francia por ejemplo, las empresas tienen la obligación de iniciar un proceso de información y consulta con un año de antelación, con los trabajadores y las administraciones.

Es urgente dotarse de mecanismos para evitar el cierre de Nissan y Alcoa y de muchas otras empresas que puedan derivarse de una dinámica de deslocalización en procesos de transformación industrial, en la estrategia hacia una economía sostenible y circular.

Es imprescindible en las próximas semanas un decreto de medidas urgentes que incorpore la autorización de la autoridad laboral en los Expedientes de Regulación de Empleo colectivos y evitar así el despido de miles de trabajadores.