Hay reflexiones y actuaciones que, como las bicicletas de la célebre obra de teatro de Fernando Fernán Gómez, son para el verano. Concretamente, para este verano. Que no pueden esperar. Que se lo pregunten a los trabajadores y trabajadoras autónomas. El desenlace de la desescalada y los primeros pasos de la ‘nueva normalidad’ se han visto atravesados por la incertidumbre económica y sanitaria, y la evolución epidemiológica, con los diferentes casos de rebrotes que han ido apareciendo y cada vez más nuevos contagios ha provocado que las tímidas expectativas de recuperación económica se vean más que ralentizadas. Nada hace pensar, además, que la situación vaya a mejorar en el corto plazo, por lo que si queremos que el esfuerzo por extender el escudo social desplegado durante el confinamiento no caiga en saco roto, es importante adoptar desde ya medidas que aporten certezas y protección a las y los trabajadores por cuenta propia.

Por primera vez en la historia, y tras haber aprendido la dolorosa lección de la crisis de 2008 (que se dejó un reguero de medio millón de autónomos en España), tras la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo se tomaron medidas de choque para contener las consecuencias del parón económico del confinamiento sobre el empleo. La prestación extraordinaria por cese de actividad para autónomos fue todo un hito, una conquista del movimiento organizado de trabajadores y trabajadoras autónomas, que a fecha de 30 junio -día en que expiraba su vigencia- había llegado a 1.466.123 autónomos, el 45,52% del colectivo. Los ERTEs por fuerza mayor, por su parte, han permitido conservar millones de puestos de trabajo como un balón de oxígeno para los y las trabajadores acogidos a los mismos, pero también, sin duda, para muchas y muchos autónomos empleadores. Junto a todo ello, los autónomos en situación de mayor vulnerabilidad pudieron acogerse al bono social y se arbitraron mecanismos de moratoria hipotecaria y de alquiler que, aunque fueron insuficientes y tuvieron un desarrollo limitado, permitieron, en la foto ‘final’ del conjunto de medidas, dar una respuesta de acompañamiento y de escudo social que sin duda sirvió para evitar una sangría mayor.

Los datos de la Encuesta de Población Activa del segundo trimestre, que conocimos a principios de agosto, revelan que se han perdido 36.100 autónomos respecto al trimestre anterior y 34.600 respecto al mismo período en 2019. Son cifras preocupantes, pero la bajada en el autoempleo ha sido menor de lo que hubiera ocurrido sin ese escudo social, y de hecho el trabajo autónomo ha aguantado la crisis mejor que el asalariado (la bajada de autónomos ha sido siete veces menor que la de asalariados). Esto, lejos de relajarnos, deberíamos considerarlo como un punto de partida, como una llamada a la acción para no desandar el camino andado, especialmente ahora.

Porque la situación actual, como apuntaba en el primer párrafo, es muy complicada. Y tenemos motivos para pensar no sólo en un horizonte inmediato sin recuperación económica cierta, sino en un presente en el que las nuevas medidas en vigor a partir del 1 de julio no están cumpliendo sus expectativas. A los datos oficiales del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones me remito: la nueva prestación compatible con la actividad, a la que pueden acogerse los beneficiarios de la anterior prestación extraordinaria, sólo había llegado a fecha de 31 de julio a 115.103 beneficiarios. ¿De verdad, con la que está cayendo, del casi millón y medio de autónomos que recibían la prestación extraordinaria, sólo hay poco más de ciento quince mil que no han podido recuperar su actividad con normalidad? Si nos fijamos en la prestación especial para autónomos de temporada, vemos que sólo se han acogido a la misma 1.168 beneficiarios... ¡de una estimación de más de 20.000 personas afectadas!

¿Qué está pasando? En el caso de los autónomos de temporada, la prestación especial que se ha habilitado para ellos exige unos requisitos de acceso demasiado rígidos que además han encontrado dificultades e interpretaciones extralimitadas por parte de las mutuas. Y, en lo que respecta a la prestación compatible con la actividad, probablemente haya habido un problema de precipitación y falta de información sobre su tramitación. No en vano desde la Unión de Autónomos UATAE ya denunciamos en su momento la tardanza durante todo el mes de junio del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en abordar el diálogo con las organizaciones de autónomos para plantear el escenario que se abría a partir del 1 de julio. Quizás lo más conveniente hubiera sido una prolongación de la prestación extraordinaria hasta septiembre, como en su momento solicitamos.

La economía española, y la vulnerabilidad en que se encuentran las y los trabajadores autónomos, no pueden permitirse nuevas dilaciones e inconcreciones. Es imprescindible tomar la iniciativa cuanto antes. El Gobierno debe mover ficha. En primer lugar, reformulando algunos de los requisitos de las medidas en vigor y flexibilizando su tramitación para garantizar el mayor alcance posible. Y, en paralelo, conscientes de que estas prestaciones actuales expiran a fecha 30 de septiembre, la prioridad debe ser evitar un apagón en la protección social a partir del 1 de octubre, y por tanto estas medidas deberían ampliarse como mínimo hasta el 31 de diciembre.

Claro que eso, en sí mismo, no es suficiente. Se hace imprescindible recuperar la prestación extraordinaria por cese de actividad específicamente para aquellos casos de sectores más afectados y golpeados, como el comercio. También es importante extender durante al menos un año más las líneas ICO de liquidez flexibilizando sus condiciones para los autónomos y micropymes (aumentando el aval público del 80 al 100% en esos casos).

De igual forma, para aquellos autónomos que puedan ir recuperando actividad, además de la prestación compatible, debería habilitarse un marco que combine ayudas y moratorias durante al menos un año para los gastos asociados a esa actividad (alquiler de local, suministros, etc.).

Pero no nos engañemos: los recursos públicos para atender todo esto son limitados. Es la hora, en justicia con los autónomos y pequeñas empresas, de un esfuerzo de quienes más tienen para que quienes peor lo están pasando puedan estar amparados por ese escudo social. En este sentido, no parece razonable meter en un cajón las propuestas de una mayor justicia fiscal: es el momento de un sacrificio mayor de quienes más tienen, de quienes están teniendo grandes beneficios incluso en estos meses. Grandes empresas, bancos, plataformas digitales: hay que redistribuir parte de que ganan para que llegue a los pequeños hoteleros, a la autónoma del pequeño comercio, etc. Y junto a ello, es la hora de que los bancos arrimen el hombro y establecer una moratoria de obligaciones financieras asociadas a la actividad de los autónomos (préstamos, rentings, leasings...) anteriores a la crisis, sin intereses de demora; esta medida, además, tendría un coste cero para el erario público y sería una manera de hacer que la banca "devuelva" el enorme esfuerzo colectivo de su rescate tras la crisis de 2008.

No podemos resignarnos a la frase final de la obra de Fernán Gómez: "Sabe Dios cuándo habrá otro verano". Hay que tomar decisiones hoy mejor que mañana.