Acabamos un verano complicado, intenso, difícil para muchas personas que han sufrido las consecuencias de la crisis sanitaria; un verano durante el cual han ido llegando, aunque en una proporción inferior a la del año anterior, jóvenes migrados solos. Se trata de jóvenes que llegan a Catalunya y se encuentran en una situación de vulnerabilidad absoluta a causa, sobre todo, de la legislación en materia de extranjería del Estado español (una legislación que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha cuestionado hace pocos días porque no se ajusta a principios fundamentales de un estado de derecho como el hecho de evaluar caso por caso y no crear categorías generales de personas en función del origen).

Para una persona joven, encontrar trabajo y conseguir la plena autonomía es difícil en nuestra sociedad. Y aún lo es más si esta persona es inmigrante y debe aprender muchas cosas de un nuevo país, sin el acompañamiento de la familia. Si, además, por el hecho de llegar de otro lugar le atribuyen características negativas y sufre una mirada estigmatizante, todo se complica más. Contra todo esto, nos esforzamos y ofrecemos políticas públicas, pero, por más esfuerzos que hagamos, tener o no tener papeles es condición sine qua non para poder trabajar y ser independiente.

Cabe recordar que al hablar de jóvenes migrados solos nos referimos, muchas veces, a jóvenes que huyen de la miseria y de la represión de su país, en busca de oportunidades para hacer frente a los problemas económicos que sufre su familia, tal y como miles de ciudadanos de nuestro país hicieron durante muchos años. A menudo, son los hijos los que emprenden una aventura incierta, llena de riesgos y peligros, para ayudar a los padres. No lo olvidemos.

Ahora, sin embargo, el problema es que la Ley de extranjería ?y la interpretación que hace el Supremo— ha pasado de ponerles unas condiciones muy complicadas a hacerlas imposibles de cumplir.

Primero: los jóvenes deben tener una autorización de residencia y una de trabajo cuando cumplen dieciocho años, pero esta última resulta casi imposible tenerla mientras son menores. Segundo: para dar este paso con la mayoría de edad, solo existen dos vías: o son ricos o tienen una oferta laboral a jornada completa para un año entero. Dicho de otro modo: deben demostrar que tienen unas rentas (no de trabajo) de 2.100 euros mensuales o que han recibido una oferta de trabajo que el mercado, hoy en día, no ofrece ni a los jóvenes más preparados formados en nuestro sistema educativo.

Además, a partir del 21 de septiembre ?y a medida que a los jóvenes se les agoten los permisos que tienen hoy— deberán pedir su renovación, que con toda seguridad les será denegada y no se les ofrecerá ninguna alternativa, lo que les abocará a una situación de irregularidad administrativa de la que no podrán salir, al menos, hasta pasados tres años mediante el procedimiento extraordinario del arraigo social. Así, un joven que se encuentre en esta situación tendrá las puertas cerradas del mercado de trabajo y solo le quedarán salidas como la economía sumergida, opción impropia de un país que quiere ser respetuoso con los derechos de las personas. La vulnerabilidad de estos jóvenes, la situación de complejidad social que puede existir en los municipios, la dificultad de formación y trabajo para los que se queden sin permiso y la frustración personal y social no tienen sentido. El gobierno Sánchez-Iglesias debería brindar una oportunidad de mejora en la situación de estos jóvenes, si es un gobierno con una mínima sensibilidad social. Pedimos que se apliquen soluciones como las regularizaciones extraordinarias que han hecho países de nuestro entorno y que el Gobierno español no ha querido llevar a cabo. Reclamamos que nos dejen terminar el trabajo que habíamos empezado: la acogida y la inserción laboral de estos jóvenes. Desde las administraciones catalanas estamos haciendo los deberes, que no son fáciles, con cero financiación estatal. Reclamamos, solamente, que no nos añadan trabas legales y burocráticas totalmente injustificadas e innecesarias, que pueden agravar problemas sociales que ya son de por sí bastante complejos. Reclamamos que no permitan que las leyes condenen a miles de jóvenes a la exclusión social, y que no dificulten más la respuesta de las administraciones más próximas a la ciudadanía en los barrios y pueblos con medidas que pueden alimentar el racismo y ser instrumentalizadas por la extrema derecha. La exclusión solo conlleva conflicto. La inclusión cohesiona los barrios. Un gobierno de izquierdas debe hacer políticas de igualdad, de fraternidad y de libertad. Debemos ser resolutivos y dar derechos a las personas que llegan a nuestro país buscando un futuro mejor. En definitiva, esto es lo que intentamos hacer los progresistas republicanos en el Gobierno de Cataluña y lo que nos gustaría que entendiera y compartiera la izquierda española.