Dominio público

Villarejo son los padres

Ana Pardo de Vera

Directora corporativa y de relaciones institucionales de 'Público'

Parece imposible no perecer intentando desentrañar este laberinto sin salida en el que nos ha metido el juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, al pedir la imputación del vicepresidente y líder de Podemos, Pablo Iglesias, por la pieza Dina (separada del caso Tándem). Gracias a las  investigaciones de Patricia López y Carlos Enrique Bayo en este diario sobre el entramado político, mediático y judicial de las cloacas del Estado (recuerdo cuando solo Público las llamaba así) tal vez pueda ponerse algo de luz en lo que, en apariencia, parece una actuación mesiánica de García-Castellón, sin encomendarse ni a la Fiscalía ni a la Audiencia Nacional de la que forma parte y que decidió hace solo tres semanas devolver a Iglesias la condición de "perjudicado".

Lejos de dar la razón a SU Audiencia Nacional, en primer lugar, García-Castellón, en un escrito de 63 páginas que transpira mucho enfado (¿frustración?), acusa a al vicepresidente segundo de hacerse el perjudicado, esto es, la "víctima" para "lograr rédito electoral" con la persecución de las cloacas. Porque todos sabemos -en pleno esplendor de la Kitchen que lleva el mismo García-Castellón como otra pieza separada de la Tándem- que lo de las cloacas, Villarejo, el informe PISA, las cuentas falsas en Suiza de líderes independentistas filtradas por la UDEF a sus satélites mediáticos, las grabaciones de Fernández Díaz, Cospedal, su marido,... no son más que una inoportuna pesadilla de los españoles que nunca ocurrió, y aun menos, con Podemos como objetivo. ¿Pablo Iglesias víctima de las cloacas? Qué estupidez.

Vayan algunos hechos que no por conocidos son irrelevantes: García Castellón sabe -porque el director de OK Diario así lo reconoció a Público- que una parte de la información procedente del móvil robado a Dina Bousselham fue entregada a Inda tres días después de la sustracción (1 de noviembre de 2015) tras ser incluida en el llamado informe PISA (el dossier falso de la UDEF sobre la presunta financiación de Podemos), del que hubo dos versiones para los medios a los que se filtró, por cierto: con la información del móvil y sin la información del móvil sobre una cuenta bancaria de Iglesias en Bruselas, donde estaba entonces como europarlamentario. La DAO de Fernández Díaz, dirigida por el imputado Eugenio Pino, sabía dónde se metía si desvelaba que era responsable -como todo apunta- del robo del móvil a la exasesora de Iglesias. Más detalles sobre este capítulo de la pieza Dina, aquí. 

El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón. EFE
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón. EFE

Hay, pues, una relación contrastada y real entre al menos parte del contenido de la tarjeta del teléfono de Bousselham, las cloacas policiales de Interior y OK Diario. La conexión no es una invención de Iglesias ni "un hecho inexistente", como dice el magistrado, y que el entonces candidato a la Presidencia del Gobierno por Unidas Podemos la usara como munición electoral contra la derecha, madre de esas cloacas, entra dentro de la normalidad partidista; es más, es de primero de partidos políticos y a García-Castellón no le es ajeno si ocupa el puesto que ocupa. Tampoco consta que sea delito.

Si a ese vínculo sumamos que durante la investigación Tándem que dio con Villarejo en la cárcel (donde continúa),  también dio en las oficinas del excomisario con archivos copiados de la tarjeta del móvil de Bousselham, resulta difícil dar coherencia al relato de García-Castellón, empeñado en convertir a Iglesias en el culpable de que le fuera sustraído un móvil a su ex asesora y filtrado su contenido, que encima no ha beneficiado en absoluto ni a Iglesias ni a Podemos. Los hechos son los que son (detalles cronológicos en el cuadro de esta información de Público) y lo que expone García-Castellón son interpretaciones sobre un hecho que, criticable o no, parece menor -tal y como advirtió la propia Sala Segunda de la Audiencia Nacional al magistrado- en comparación con el entramado policial e institucional corrupto que envuelve la pieza Dina, en particular, y el caso Tándem, en general: el porqué Iglesias se quedó con la tarjeta del móvil de Bousselham que le entregó personalmente el presidente del Grupo Zeta, Antonio Asensio, tiene al magistrado en vilo. Aunque el vicepresidente lo explicó, poniendo por delante que podía haber sido un error: quiso proteger a su ex asesora, sometida a una gran presión. Efectivamente, un error de proteccionismo machista muy común en demasiados hombres poderosos (y que no lo son), pero no un delito. Descartado asimismo, con pruebas científicas y hasta en dos ocasiones, que el daño a la tarjeta lo infligiera Iglesias y sin indicios que conozcamos para elaborar otras acusaciones que justifiquen su imputación, como la construcción de una trama para, además de beneficiarse electoralmente, "perjudicar a OK Diario" (¡"Perjudicar a Ok Diario" Iglesias!, recuerden aquí), como expone el juez en su escrito, el empeño de García-Castellón se torna aun más incomprensible, salvo, me decía un jurista esta tarde, que quiera "dar argumentos a Podemos sobre la persecución institucional contra sus dirigentes".

ESPERANDO AL SUPREMO

Son muchos los juristas y expertos en Derecho consultados este miércoles que se muestran perplejos con la petición del juez al Supremo (Iglesias es aforado y solo el Alto Tribunal puede juzgarlo) Además, en el Ejecutivo tampoco ha pasado desapercibido el momento elegido por García-Castellón para dar a conocer su exposición razonada (cuando el presidente Sánchez presentaba su plan de reconstrucción en La Moncloa, con invitados virtuales de todos los ámbitos, desde el Ibex 35 hasta el Padre Ángel); la presión del Gobierno para que se renueve el Poder Judicial (lleva en funciones dos años), incluso apuntando a la posibilidad de modificar las mayorías de elección si el PP no negocia; el choque entre el muy conservador presidente Carlos Lesmes con el Ejecutivo a cuenta del rey;...

Las lecturas de este hecho pueden y deben hacerse por elevación. En política no existen las casualidades y las tensiones crecientes entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, precisamente, cuando tantas investigaciones periodísticas y judiciales nos están mostrando las miserias de unas instituciones carcomidas por la corrupción (del rey abajo... casi todas) para salvar los privilegios de los bendecidos por el régimen del 78. Que hay una rebelión ultraconservadora por mantener el sistema tal y como se gestó tras el franquismo es un hecho reconocible en todos los ámbitos, esperable si se tiene en cuenta lo que hay en juego para tantos poderosos (y algunas -as).

La presión social -representada en el Parlamento- es cada vez mayor, y no tiene solo que ver con la forma de Estado, el modelo territorial o el dinero público: tiene que ver con una modernidad que debe abrazarnos a todos/as en igualdad de condiciones y oportunidades y ha de superar retos como la desigualdad sangrante en España, objetivos que son incompatibles con determinados privilegios. Ver estas ansias como un ataque a las esencias nacionales y otras abstracciones similares es amargarse por gusto. La resistencia conservadora a los cambios es comprensible, pero el fin no justifica los medios; ningún medio, por poderoso que sea éste y por muy elevada que considere su causa, llámenle monarquía, unidad de España o sexo de los ángeles.