Las consecuencias sanitarias de la pandemia de la Covid-19 en Andalucía ha dejado hasta la fecha casi doscientos mil contagios acumulados y más de 3.000 muertes. Esto ha conducido a fuertes medidas de restricción que han supuesto la paralización de nuestra economía, generando ulteriores consecuencias más allá de las estrictamente relacionadas con la salud pública.

El FMI prevé un pronunciado decrecimiento de la economía mundial, mientras en el Estado español la contracción superará del -12,% en 2020 sin que se vislumbre la recuperación a niveles anteriores a la pandemia a corto plazo. La economía andaluza se ha mostrado tremendamente vulnerable debido a la dependencia de sectores de bajo valor añadido, temporalidad y a un marco de relaciones laborales caracterizado por la precariedad. Las previsiones de la caída del PIB andaluz este año son de hasta el 15%, lo que supone un giro económico extraordinariamente negativo y determinará una profundización de la fragilidad y el desequilibrio dependiente del actual modelo económico andaluz, con una consolidación preocupante de las brechas sociales y territoriales como efecto directo de las políticas de austeridad y de las reformas económicas y sociales en clave neoliberal que han sido muy duras para la mayoría social andaluza.

El Gobierno de la Junta de Andalucía, mientras reivindica la necesidad de una mejor financiación autonómica para Andalucía y un mejor reparto de recursos entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, deja intacto el sistema tributario andaluz que contrae duramente los ingresos en las arcas andaluzas. Las modificaciones a la baja en los diferentes impuestos de competencia autonómica sumadas a las reformas llevadas a cabo por el anterior Gobierno de Susana Díaz junto con el efecto fortísimo de la depresión que atravesamos reducirán los ingresos tributarios en Andalucía de forma evidente. Esto no solo es nocivo para la sostenibilidad de las arcas autonómicas, sino que también resulta perjudicial para Andalucía a corto, medio y largo plazo, considerando su menor poder económico, el mayor y más desigual impacto de la pandemia en nuestro territorio y la consiguiente inferior capacidad recaudatoria.

Pese a la financiación extraordinaria para gasto sanitario y educativo en 2020 a través de los fondos Covid y el adelanto de 2021, el gobierno andaluz mantiene una politica pasiva e inmovilista en materia fiscal que consolida la regresividad del régimen tributario. El sistema tributario requiere de una mayor presión fiscal, un mejor reparto del esfuerzo fiscal cargando la reforma hacia las rentas más altas, los grandes patrimonios y la herencia, para ganar progresividad, al potenciar los impuestos directos y los tramos y tipos en lo que Andalucía tiene margen de maniobra. En cambio, el proyecto de presupuestos presenta un carácter impasible ante la crisis pandémica, la crisis de modelo andaluz, el desempleo, y la depresión económica que no atienden la problemática social, sanitaria ni educativa, y que entregan a la iniciativa privada cada vez más fondos públicos con externalizaciones, privatizaciones y cooperación público-privada en general.

Andalucía ve ahondar así la divergencia territorial y social respecto al resto del Estado español y de Europa.

La Junta de Andalucía sí que pone estos presupuestos encima de la mesa para abrir la puerta a lo que llaman la "colaboración público-privada" que supone, en la práctica, apuntalar ese mantra neoliberal que pretende socializar las pérdidas y el riesgo y privatizar los beneficios frente a las que reivindicamos un papel activo de lo público en la regulación, la gestión y la dirección de los procesos económicos y productivos. Renunciar a la materialización de la banca pública andaluza que atienda al objetivo de un cambio de modelo productivo, financie la economía social y de proximidad y que apueste por nuevos nichos como las energías renovables o la agroindustria es traicionar al pueblo andaluz.

La esquilmación de las partidas destinadas a la Renta Mínima de Inserción (RMI) con la excusa de la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital (IMV) sólo es síntoma del mercadeo con los más vulnerables y la falta de compromiso de la derecha con las familias en riesgo de exclusión. El 30% de solicitudes del IMV en el conjunto del Estado han sido realizadas  por andaluces y andaluzas. Los ya conocidos y evidentes retrasos en su tramitación ponen de manifiesto la urgente necesidad de transformar la RMI en una verdadera herramienta para escapar de la pobreza, sin embargo,  las políticas de este Gobierno llevan el camino de su defunción en la práctica.

El presupuesto andaluz crecerá en 2021 tímidamente de hecho por las transferencias del Gobierno central. El aumento del techo del gasto quedará como una oportunidad perdida. Con su anuncio se abría una oportunidad para utilizar la deuda como una verdadera herramienta de transformación de nuestra economía y de nuestro modelo productivo. La Junta de Andalucía ha pecado de falta de ambición y de una ausencia absoluta de audacia a la hora de plantear los presupuestos dejando escapar esta oportunidad, apostándolo todo a unos fondos europeos que, por anunciados, no suponen más que un parche en un momento de urgencia extrema, pero que no son suficientes para emprender las reformas económicas que necesitamos.

Estos presupuestos son la expresión de un gobierno de la Junta de Andalucía que se muestra impasible, distante a los problemas, sin voluntad de acción, incapaz de afrontar los retos sanitarios, sociales, educativos o económicos y los hitos del futuro próximo, obsesionado con la "contención y el control del gasto público". Son unos presupuestos que carecen de cualquier impronta andaluza y que esconden un ejercicio oportunista para que lo público no protagonice las soluciones y si lo hace, lo haga para el beneficio de algunas empresas que optan al negocio de la cooperación público-privada.

En definitiva, estos presupuestos son una muestra de la dejación de la Junta para intentar solucionar los problemas estructurales de la economía y de la sociedad andaluza, ante los retos a los que se enfrenta. Un presupuesto para las mayorías sociales, no para las élites. Necesitamos mucho más.