Europa tiene claro que la transición digital, junto con la economía verde, son cruciales para abordar los retos inaplazables de futuro. Ya en el presente, el teletrabajo, las aulas virtuales y el comercio electrónico forman parte de nuestro día a día. Empujados por la pandemia, estamos inmersos en una cuarta revolución industrial, basada en la digitalización y los datos, llamada a cambiarlo todo de forma radical. Si ya en la última década la transición digital era imparable, durante la COVID-19 comprobamos que el futuro de la economía y sociedad pasa por adaptarse a las nuevas tecnologías. Por ello, desde el Gobierno de España se apuesta, de forma firme y acertada, por la digitalización. Como se recalca desde Europa, el liderazgo económico del siglo XXI está fuertemente unido a la transición digital. Las razones son claras. En palabras del presidente Pedro Sánchez, en la digitalización está la clave de un aumento de la productividad, que conllevará al crecimiento sostenido y sostenible, al empleo de calidad y, en consecuencia, a la prosperidad y el bienestar social. Europa se ha propuesto estar a la cabeza del mundo en digitalización y España quiere liderar en Europa la transición digital.

España cuenta con unos cimientos sólidos para lograrlo. Somos el primer país de la UE en despliegue de fibra óptica, tenemos una buena cobertura de banda ultrarrápida y lideramos el desarrollo de la tecnología 5G. Además, nuestro país está bien situado en la digitalización de las Administraciones, contamos con una alta cualificación de ingenieros y especialistas en tecnología, y somos el quinto país de la UE en ciberseguridad. Estamos en el buen camino, pero debemos afianzar nuestra posición ampliando la digitalización en la educación, reforzando las competencias digitales de la ciudadanía, aumentando la digitalización de las PYMEs o promocionando los niveles de inversión privada en I+D.

La transición digital se erige como uno de los pilares centrales del Plan de Recuperación de la economía española, destinando un 33% de su dotación. Para desplegar la hoja de ruta que impulsará la transformación digital, el Gobierno de Pedro Sánchez ha aprobado el Plan España Digital 2025, que prevé movilizar 140.000 millones de euros de inversión pública y privada durante los próximos cinco años. Se articula en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales de la UE, y se concreta en un conjunto de reformas estructurales que se desglosan en 48 medidas con 70.000 millones de euros a implementar en los próximos tres años. En los presupuestos se recoge una inversión de 20.000 millones de euros, de los cuales el 75% serán financiados a través de la UE materializados en nuevos programas e instrumentos de financiación. La acertada aprobación de los PGE para 2021 y los beneficiosos acuerdos con la UE, que se plasman en los fondos Next Generation EU con 140.000 millones de euros para España, harán que la financiación esté asegurada para este ambicioso Plan.

Esta Agenda se conforma como una política de Estado que supondrá una reforma estructural para el futuro. Después de eficiencia, transversalidad en su sentido más plural y amplio, es una de las palabras que mejor define esta hoja de ruta.  Primero, porque la Agenda España Digital 2025 aborda las diversas dimensiones de la digitalización. Por su transcendencia, cabe destacar las que acaba de presentar el Gobierno: el Plan de Conectividad Digital, la Estrategia para despliegue del 5G, la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, el Plan de Digitalización de Pymes y Administraciones Públicas y el Plan de Competencias Digitales. En segundo lugar, porque la amplitud y ambición de esta agenda, aunque coordinada por el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital de la Vicepresidenta Nadia Calviño, implica a un gran número de ministerios. En tercer lugar, porque será de aplicación holística. Tanto las Comunidades Autónomas como las Corporaciones Locales están llamadas a cooperar con el resto de Administración Públicas para hacer realidad este proceso de transformación. En cuarto lugar, por la estrecha e imprescindible colaboración público-privada. En el ámbito digital, las inversiones públicas (20.000 millones de euros) no son sino el motor para movilizar las importantes inversiones (50.000 millones de euros), que el sector privado abordará en los próximos años y que permitirán transformar y modernizar nuestra economía. En último lugar, porque la digitalización es una herramienta vehicular para favorecer la transición energética, combatir la brecha de género o las divergencias territoriales y sociales en nuestro país.

Una Agenda completa, contemporánea e inclusiva. Desde todos los ámbitos para todos los ciudadanos. La puesta en marcha de esta Agenda permitirá la completa transformación digital de España, en todas sus facetas, a través de un proceso humanista. Un proceso que pone a las personas en el centro, sobre la premisa de una sociedad plenamente inclusiva, que no deje a nadie atrás, y que permita avanzar hacia un desarrollo más sostenible, más igualitario y con mayor bienestar para sus ciudadanos.