Dominio público

Reindustrialización y seguridad humana en tiempos de pandemia

Enrique Santiago

Diputado de Izquierda Unida en Unidas Podemos

Cadena de montaje de una factoría de coches. REUTERS
Cadena de montaje de una factoría de coches. REUTERS

La pandemia ha vuelto a mostrar la incapacidad de las políticas neoliberales para garantizar condiciones de vida digna a las personas trabajadoras, para asegurar la seguridad humana. Ha sido muy irresponsable renunciar a la capacidad de intervención del Estado en la economía y confiar el funcionamiento de la sociedad a los mercados e intereses privados. Las decisiones adoptadas por el sector privado siempre priorizarán la obtención de beneficios para sus accionistas y, solo secundariamente, contemplarán intereses colectivos en la medida en que no reduzcan sus márgenes de beneficio. No corresponde a la iniciativa privada pensar o construir un proyecto inclusivo de país, menos aun cuando los grandes grupos económicos productivos se han transnacionalizado. Se trata en su mayoría de grandes multinacionales cuyos centros de decisión ni se encuentran en España ni priorizan las necesidades de nuestro país.

En los momentos más duros de la primera ola de la COVID19, comprobamos estupefactos que España no tenía ni producía EPIs o respiradores. La constante desaparición del tejido industrial -por sucesivas reconversiones que nunca han supuesto renovación industrial sino multiplicación de la economía de servicios- nos ha creado un grave problema de seguridad nacional, haciéndonos más vulnerables, un peligro mayor que, por ejemplo, el riesgo de padecer un conflicto bélico. La renuncia de los poderes del Estado a tomar "la iniciativa pública en la actividad económica"  (art. 128 CE) o a promover "eficazmente las diversas formas de participación en la empresa" (art. 129 CE) supone una amenaza para la vida. La precarización y desregulación laboral, las privatizaciones y recortes de servicios y recursos públicos también han contribuido a la pérdida de soberanía económica e industrial y, por lo tanto, política.

Ahora tenemos una oportunidad, quizás la última, para intentar reconducir esta deriva, para poner en marcha un proceso de reindustrialización que permita recuperar la soberanía económica -y por tanto política- de España. Que garantice el mantenimiento y crecimiento de una clase trabajadora especializada y numerosa, vinculada a una industria de nuevo tipo, conectada al desarrollo científico y técnico del mundo contemporáneo. Es un reto irrenunciable no solo para la izquierda, sino para cualquier demócrata.

Hay muchos intereses conjurados para impedir la puesta en marcha de un debate en España sobre la aplicación de los fondos europeos de reconstrucción y resiliencia, un mínimo de 140.000 millones de euros en su mayoría no reembolsables. No es un secreto que las grandes empresas del Ibex 35 aspiran a un reparto de la mayoría de estos fondos prorrateándolos entre ellas, reservando al Estado únicamente el papel de fedatario de su entrega y posterior auditor de la ejecución del gasto. El Ibex 35 propondría programas al Estado, quien nuevamente renunciaría a tener iniciativa en política industrial.

El debate sobre las políticas de reindustrialización que necesita España se ha convertido en una obligación patriótica. Un debate público en el que deben participar sindicatos, empresas de capital nacional, entidades de economía social y local, fuerzas políticas, centros académicos y expertos, medios de comunicación y cualquier sector social que quiera aportar a la construcción de una propuesta coherente y ambiciosa para recuperar soberanía económica, no para seguir perdiendo la poca que nos queda.

Los programas de reconstrucción y resiliencia se articularán sobre distintos ejes que permiten lanzar nuevas políticas de reindustrialización vinculadas a la económica del conocimiento, a la investigación, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías y procesos productivos. Transición energética, digitalización de la economía y la administración pública y biotecnología son vectores que nos permiten poner en marcha un tejido industrial que garantice un nuevo proyecto de país, en el que el peso de la industria en el PIB no sea como ahora escasamente un 23% frente al 74% del sector servicios, fundamentalmente turismo y sector bancario.

Los retos que nos marcamos exigen recuperar la capacidad de planeación del Estado - administración central, autonómicas y locales- a través de un organismo como la SEPI o similar, que desempeñe un papel de coordinación y dirección de los distintos actores de este proceso, a la vez que aporte una visión estratégica imprescindible para que el proyecto sea eficaz y, sobre todo, sostenible en el tiempo, con capacidad de readaptarse permanentemente a nuevas necesidades y oportunidades.

El éxito consiste en no caer en la multiplicación incoherente de proyectos aislados, ya sean sobre energías renovables, rehabilitación de inmuebles para su optimización energética o digitalización de las administraciones públicas. Se requiere la puesta en marcha de líneas productivas sostenibles impulsadas por empresas españolas del sector privado, público y de economía social. No es lo mismo producir energías alternativas que, además, construir los componentes tecnológicos necesarios para producir estas energías renovables y garantizar tanto su mantenimiento como el componente de innovación y desarrollo. No es lo mismo limitarse a digitalizar la administración pública y los servicios a los ciudadanos, que garantizar que los programas y maquinarias utilizadas en ello sean diseñadas y construidas en España. Y es más seguro contar con vacunas investigadas, desarrolladas y producidas en España que depender de volátiles contratos extracomunitarios y de las tensiones en un mercado internacional bio sanitario incontrolable para quien no produce.

Este proyecto estratégico debe, en primer lugar, recoger anteriores retos aun inconclusos pero presentes en la agenda de descarbonización y reindustrialización, especialmente respecto a las antiguas regiones mineras y siderúrgicas, donde existen importantes infraestructuras en desuso o infrautilizadas que deberían recuperar utilidad. Los fondos previstos para compensar el cierre de las centrales térmicas, de la minería del carbón y de las nucleares deben integrarse en el nuevo proyecto de reindustrialización, para aumentar su utilidad y garantizar una aplicación prioritaria en los territorios que han sido afectados por el cierre de estas importantes industrias. En segundo lugar, este proyecto estratégico debe contemplar la creación de empleo de calidad, que debe alcanzarse también a través de pequeñas y medianas empresas, en su inmensa mayoría empresas de capital nacional, que deberán trabajar en red entre ellas.

Nos enfrentamos al más importante reto para el futuro de nuestro país y de la clase trabajadora. Que Unidas Podemos, y por tanto Izquierda Unida, esté ahora en el Gobierno, tras 80 años de ausencia de fuerzas de izquierda transformadora, supone una oportunidad que España no puede perder ni infrautilizar. La derecha española y quienes desde otras opciones políticas aún defienden las políticas de desregulación neoliberal, han renunciado a poner en marcha un nuevo proyecto de país. Se encuentran sometidos a los intereses de las oligarquías económicas transnacionales y, en la práctica, optan por continuar favoreciendo los intereses de las anteriores, en lugar de trabajar por desarrollar un sólido tejido productivo y empresarial nacional. Previsiblemente continuaran trabajando para sacar del Gobierno a Unidas Podemos, para que la izquierda influya lo menos posible en estas trascendentales decisiones que vienen.

Que el programa de reconstrucción y resiliencia permita poner en marcha el ambicioso proyecto de reindustrialización al que aspiramos dependerá del resultado del debate que proponemos y de la construcción de alianzas que permitan que esta propuesta de recuperación de la soberanía industrial y de la iniciativa pública en la economía sea apoyada mayoritariamente por la sociedad española.