Dominio público

La postura española ante Kosovo

MANUEL DE LA ROCHA Y BORJA LASHERAS

dominiokosovoblog.jpgAhora que comienza una nueva legislatura, en la cual el electorado ha revalidado sobradamente su confianza en el gobierno actual, es un buen momento para plantear una reflexión constructiva y serena sobre algunas cuestiones en apariencia menos importantes para el día a día de mucha gente, pero que también tienen relevancia para el progreso de este país en el sentido más amplio de la palabra. Cuestiones como algunas perspectivas dominantes sobre la política exterior, que se han reflejado en la posición española sobre la independencia de Kosovo, son el objeto de este artículo.

La postura del Gobierno español ante la declaración de la Asamblea de Kosovo del pasado 17 de febrero se basó en el argumento de que este acto vulneraría la legalidad internacional. Ello, en principio, sería coherente con la política de un Gobierno que, entre otras razones, llegó al poder con la defensa del orden internacional. A nuestro juicio, existen no obstante algunos motivos que conducirían a la necesidad de reconsiderar esta postura a medio plazo.

En primer lugar, lo cierto es que existen sólidos argumentos en ambos sentidos. Es cierto que el derecho internacional clásico prima principios como la soberanía e integridad territorial de los Estados, reflejados en la Carta de la ONU y tantos otros documentos, como la resolución 1244 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (S/RES/1244) de 1999, en cuyo preámbulo se reconoce en efecto la soberanía de la antigua República Federal de Yugoslavia (RFY). Sin embargo, también es verdad que la parte dispositiva de esta misma resolución, fundamental para entender la situación actual, privaba a la entonces RFY de sus atributos de gobierno sobre la provincia de Kosovo, al ordenar la retirada indefinida de todas sus tropas (elemento de soberanía por excelencia) y establecer una administración internacional transitoria; administración que supervisaría el desarrollo de unas instituciones kosovares de autogobierno también provisionales, dejando la resolución final del status definitivo de Kosovo a un proceso político –sobre el cual la 1244 no fijaba casi límites–.
Esta decisión del propio Consejo de Seguridad era tajante, única y motivada por los crímenes del régimen de Milosevic ante el patético papel de la comunidad internacional en las trágicas guerras que culminaron en la desaparición de la antigua Yugoslavia. Este argumento simplemente pone de manifiesto, como hicieron algunos miembros del Consejo el pasado febrero, que, por así decirlo, el tema viene de largo.

Asimismo, también hay que tener en cuenta que el derecho internacional contemporáneo, por medio de tratados, resoluciones de la Asamblea General de Naciones Unidas e incluso decisiones del Tribunal Internacional de Justicia, ha venido reconociendo una serie de límites al principio de soberanía clásico (como son los derechos humanos, el principio de libre autodeterminación de los pueblos, etc.). Kosovo, siendo un caso particular, no representa tampoco la primera vez que una minoría, partidaria de la secesión de un Estado que ha conculcado masivamente sus derechos más básicos, acaba constituyendo un nuevo Estado independiente y tras una intervención exterior. Los ejemplos de Bangladesh, Timor Leste o quizá el norte de Irak o el sur de Sudán en unos años, con mayores o menores diferencias, apoyan esta idea básica.

Toda posición sobre Kosovo, en uno u otro sentido y a la luz del derecho internacional del siglo XXI, debe ser por ello matizada. Identificar legalidad internacional únicamente con el Consejo de Seguridad de NNUU es pues incorrecto y, por otra parte, muy discutible, dado que supone legitimar una lógica de profunda desigualdad y de poder, reflejada en los intereses de los cinco del 45 –algunos de dudosa calidad democrática–. No hay que olvidar que este último aspecto es objeto continuo de cuestionamiento, también por la propia ONU, organización internacional que no se diseñó para frenar movimientos de secesión internos. Ello se debe, en parte, a que algunas concepciones ortodoxas de la Carta y del principio de soberanía están en la base de hechos como el genocidio de Ruanda en 1993 o las barbaridades en Bosnia.

Es evidente –y en cierto modo comprensible– que razones de índole interna, en periodo preelectoral, también han jugado un factor de peso, ante las demandas nacionalistas y su previsible utilización del caso de Kosovo (como, lamentablemente, mostró en el debate el candidato conservador). Pero es contraproducente que de cara a la comunidad internacional hayan destacado los temores a nuestros propios separatistas. Esto se interpreta como debilidad de convicciones y conduce a la errónea conclusión de que somos una sociedad incapaz de debatir. Ambos efectos son justo lo que desean algunos nacionalistas, quienes siempre buscan comparaciones en el exterior (en los kurdos, los colonialismos, etc.). Estas tensiones internas las tienen –y más graves– algunos de los países europeos que han reconocido Kosovo, como el Reino Unido o Bélgica. Lo que es más importante, pueden ser perfectamente gestionadas dentro de las instituciones de un Estado europeo moderno, sujetas al ejercicio de responsabilidad política, como muestran los resultados electorales en País Vasco y Cataluña.
Los efectos de la independencia de Kosovo desde el punto de vista geoestratégico son difíciles de prever. El énfasis ahora para España debe ser la estabilidad en la zona, el respeto a las minorías, el imperio de la ley y, en general, los estándares europeos, reflejados en el Plan Ahtisaari –que es un informe ONU, y que justifican la nueva misión europea, EULEX.
Pero a largo plazo, sería conveniente ir abandonando esta dinámica de abordar cuestiones de política internacional desde una óptica doméstica, para el caso de Kosovo y otras futuras crisis. Adoptar puntos de vista algo menos dogmáticos y más acordes con el complejo marco global en el que vivimos redundaría en beneficio no sólo de la política exterior, sino también de la fortaleza democrática de este país.

Manuel de la Rocha Vázquez y Borja Lasheras son miembros del Observatorio de Política Exterior (OPEX)
de la Fundación Alternativas

Ilustración de Javier Olivares