24/10/201121/10/2011

 

Manuel de la Rocha

Diputado socialista en la última legislatura

Ilustración de Javier Jaén

Durante la segunda mitad del siglo XIX y primera parte del XX, las fuerzas políticas y sindicales de la izquierda analizaban las relaciones sociales desde la perspectiva de la lucha de clases, como expresión de la explotación en que una minoría dirigente, the ruling class, la clase dominante, tenía a la mayoría de la población, a los trabajadores. Hoy, la consolidación de la democracia representativa y el desarrollo del Estado de bienestar en Occidente y en España han llevado a la izquierda a superar de alguna manera esa visión tan enconada del conflicto social.
Y sin embargo, con cierta frecuencia aparecen en toda su crudeza hechos que nos muestran hasta qué punto la desigualdad de clases sigue latiendo en el fondo del modelo social del capitalismo que vivimos. Una de esas manifestaciones, tan actual estos días, es el diferente tratamiento de todas las cuestiones que afectan a las retribuciones e indemnizaciones de los administradores y altos directivos del sector financiero, bancos y cajas de ahorro.
La derecha económica, y muchas veces la política, y la gran patronal, incluida claro está la banca, vienen clamando de forma sistemática por una rebaja de las indemnizaciones por despido de los trabajadores, además de insistir en la necesidad de un ajuste salarial. La CEOE acaba de plantear que el próximo Gobierno debería bajar la indemnización por despido de 45 a 20 días por año trabajado. Hasta el Gobernador del Banco de España nos ha venido predicando que la culpa de que no salgamos de la crisis la tienen los trabajadores y los sindicatos que no aceptan flexibilizar sus condiciones laborales, ajustar salarios y reducir el coste del despido.

Pero ese planteamiento se olvida cuando se trata de los suyos, de los banqueros y de quienes administran y dirigen las cajas de ahorro. En este caso las cosas son distintas, muy distintas.
Hace dos años supimos que Gorigolzarri, al cesar como consejero delegado del BBVA, iba a cobrar una indemnización en forma de pensión vitalicia que suponía 53 millones de euros. También supimos que Amusástegui y Corcóstegui, anteriores copresidente y vicepresidente, respectivamente, del Banco de Santander, cobrarían como indemnización por cese 108 millones y 44 millones de euros cada uno. Más tarde supimos que Alfredo Sáenz, exconsejero delegado del Banco de Santander, percibiría 85,7 millones, y que Francisco González, actual presidente del BBVA, cobrará cuando se jubile 80 millones como pensión de jubilación, es decir, más de 13.000 millones de las antiguas pesetas. En todos los casos siempre a cargo de las cuentas de resultados de esos bancos.
También tuvimos información de que la propia CEOE pagó una indemnización multimillonaria a quien fuera su secretario general, simplemente porque el entonces nuevo presidente no lo quería en su equipo.
Y ahora hemos sabido que en dos cajas de ahorro, Novacaixagalicia y la CAM, gestionadas de forma nefasta y que han tenido que ser recapitalizadas por el FROB con cantidades muy importantes de 3.628 y 2.800 millones de euros, respectivamente, se han producido también indemnizaciones multimillonarias. En la primera el anterior director general José Luis Méndez cobró el año pasado 16,5 millones de euros de indemnización, equivalentes a 2.745 millones de pesetas, y otros tres directivos han recibido la suma de 23,5 millones, a la vez que se anunciaba a los sindicatos que la obra social de la caja era insostenible. Y en la CAM López Abad percibió 5,4 millones y la última directora general María Ángeles Amorós, cesada por su mala gestión, pretende cobrar una pensión vitalicia de 370.000 euros anuales, que equivale a un capital cercano a 10 millones de euros (1.666 millones de pesetas).
Hay en todo esto, sin duda, una cuestión moral, de indecencia ética y desprecio a los trabajadores, los depositantes y los accionistas de los bancos que responde a la hipocresía moral que una parte de la derecha española viene arrastrando desde hace siglos.
Pero hay sobre todo un problema social y, por tanto, político, aún más grave en una época de profunda crisis económica generada en su origen por el propio sistema financiero internacional y en España incrementada por el bucle inmobiliario, en el que tanta responsabilidad han tenido bancos y cajas, especialmente las ayudadas e intervenidas con dinero público.
Es escandaloso que se propugne un tratamiento tan profundamente desigual, que exige recortes de indemnizaciones para los trabajadores a la vez que impone y comparte elevadísimas cifras para los banqueros y los dirigentes de las cajas, como si estos fueran otra clase, otra casta a la que no cabe aplicar las reglas generales. Como abogado laboralista, me pregunto cuántos cientos de años de antigüedad a 45 días por año tendrían aquellos directivos para devengar esas indemnizaciones.
Por eso la cuestión hay que abordarla políticamente. Hay que decir basta. Hay que exigir responsabilidades políticas a los gobernantes de las comunidades autónomas, ambas del PP, que no han controlado los sueldos y las indemnizaciones que han devengado los directivos de las cajas bajo su control y que al final se acaban pagando, estas sí, con dinero público. Y hay que exigir responsabilidad a estos directivos que tan negativamente han gestionado estas entidades semipúblicas, para que devuelvan las cantidades que se han llevado y se ajusten a los criterios generales de todos los trabajadores.
Y hay que decirle de nuevo a la CEOE que no tiene legitimidad moral ni social para hablar de recortes en el despido mientras acepte que en su cúpula y en la de los bancos y cajas los directivos cobren estas indemnizaciones tan escandalosas. ¡No más desigualdades de clase !