Dominio público

“Que caiga España”, manual del miserable

Ana Pardo de Vera

Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Andalucía, Juanma Moreno, Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Murcia, Fernando López Miras, con el del PP, Pablo Casado, en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, tras su reelección como presidenta de Madrid, en junio de junio de 2021. E.P./Jesús Hellín
Los presidentes de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, Andalucía, Juanma Moreno, Galicia, Alberto Núñez Feijóo, y Murcia, Fernando López Miras, con el del PP, Pablo Casado, en la toma de posesión de Isabel Díaz Ayuso, tras su reelección como presidenta de Madrid, en junio de junio de 2021. E.P./Jesús Hellín

Andalucía, gobernada por el PP y Ciudadanos: 1.916 millones de euros.

Catalunya, gobernada por ERC y Junts: 1.579 millones de euros.

Madrid, gobernada por el PP: 1.213 millones de euros.

Comunitat Valenciana, gobernada por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem: 1.055 millones de euros.

Castilla y León, gobernada por el PP y Cs: 742 millones de euros.

Galicia, gobernada por el PP: 681 millones de euros.

Estas seis comunidades autónomas son, según datos oficiales, las que lideran la recepción de fondos europeos transferidos por el Gobierno de coalición. Solo una, la valenciana, está cogobernada por el PSOE.

El reparto se hace desde la Administración General del Estado (AGE) a comunidades y entes locales a través de convenios y subvenciones que deben tener como objetivo las políticas públicas de uno de los cuatro ejes considerados prioritarios e impulsados por la Unión Europea, esto es, la transformación digital, la transición ecológica, la cohesión social y territorial, y la igualdad. Leyes como la 28/2003 general de subvenciones controlan que el reparto de la AGE sea riguroso.

En líneas generales, el proceso de transferencia territorial de los fondos Next Generation, como ha ocurrido con otros procedentes de la UE durante años, está todo lo bien controlado que permite un Estado como el nuestro. Hay toneladas de información al respecto y cualquiera pueda enterarse de cómo funciona el tema, aunque es verdad que los tecnicismos lo inundan todo y para las profanas en la materia, se echa en falta mayor pedagogía y simplificación de la materia por parte del Gobierno, para que este proceso crucial pueda ser trasladado a la opinión pública con la claridad meridiana de quien te habla de tu dinero, de tu futuro y del de tus hijos y nietas.

Frente a la complejidad de un asunto de cuya gestión no solo se ocupa Pedro Sánchez, sino infinidad de funcionarios y trabajadores públicos alejados de las dinámicas partidistas, el PP ha decidido coger el manual del miserable, basado en la simplificación, la mentira y la falta de pruebas, siquiera indicios, y ha emprendido otra batalla contra el Ejecutivo en Bruselas. Los de Pablo Casado, empezando por él, van cantando por toda España que el Gobierno reparte más fondos a las comunidades gobernadas por el PSOE que por el PP, cosa tan fácil de desmontar como hago en mis primeras líneas del texto. Miente que algo queda y a ver quién gana, si Vox o el Partido Popular.

Al PP, ya lo demostraron Aznar y Rajoy, solo le importa el poder y está dispuesto a traspasar todos los límites, incluidos los de tumbar la imagen internacional de España, bastante tocada ya hoy gracias a Juan Carlos I, y poner en riesgo la llegada de unos fondos tan necesarios para todos y todas, unos fondos que deben atacar de raíz el problema estructural de desigualdad que arrastra España, tal y como denunció Oxfam esta semana. Qué más da: "Que caiga España que ya la levantaremos nosotros". Porque ésta de Cristóbal Montoro, exministro de Hacienda con Rajoy, y no otra es la premisa central del manual de estrategia de la calle Génova. Caiga quien caiga, caigamos quienes caigamos, el PP tiene que estar en La Moncloa sí o sí. Democracia de medio pelo.

¿Alguien sabe cuál es exactamente el punto en el que el principal partido de la oposición considera que se está vulnerando la normativa a la hora de transferir los fondos a las comunidades que justifique un ataque tan feroz ante la UE? Yo tampoco.