Hay cuestiones que no caben en la cabeza -ni en la boca- de cualquier persona que se considere una demócrata y que, además, alardea de vivir en un país acunado por una "democracia plena". Sabemos por una investigación publicada por The New Yorker, basada en estudios de los investigadores de The Citizen Lab, con base en Canadá, que decenas de líderes políticos independentistas catalanes y vascos, abogados periodistas o activistas vinculados con el procés en Catalunya han sido espiados entre 2017 y 2020 con el programa Pegasus, un sistema propiedad de la agencia israelí NSO Group y que únicamente se vende a los gobiernos para luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.

El escándalo es, naturalmente, de dimensiones internacionales, aunque ya en 2017, Público empezara a alertar con sus informaciones sobre las cloacas del Ministerio del Interior de la adquisición con fondos reservados en 2014, por parte del Gobierno de Rajoy, de alta tecnología para el espionaje, como los llamados Sprinter e InterApp, del Grupo Rayzone, también de Israel y vinculado a NSO, que posteriormente se conocerían con el nombre de Pegasus.

El excomisario José Manuel Villarejo empleó este sistema para sus grabaciones en la Operación Cataluña, una trama corrupta y antidemocrática de políticos del PP y policías del departamento de Interior de Jorge Fernández Díaz, que fabricó pruebas falsas contra los dirigentes independentistas catalanes y de la que este periódico ha dado buena cuenta con sus exclusivas a lo largo de años.

Mientras la Comisión Europea ha tachado de "inaceptables" estas acciones sin cobertura legal alguna denunciadas por The New Yorker y ha conminado a su investigación profunda, el Gobierno de Pedro Sánchez ha saltado con la peor y más sorprendente de las reacciones: "Aquí no se espía", ha subrayado la ministra y portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, para advertir a continuación de que el Gobierno "no acepta que se ponga en cuestión la calidad democrática de nuestro país". Al más puro estilo Almeida con el hachazo de los comisionistas a las arcas de los y las madrileñas, el Ejecutivo pretende sacarse de encima un tema que no solo pone en cuestión la calidad de nuestra democracia, sino que deja en el lugar de un Estado bananero a todos los organismos que pueden estar implicados en este asunto y cuya legitimidad se tambalea de lado a lado al dejar en el aire su implicación en comportamientos propios del otrora KGB de Putin, ese ‘antiejemplo’ de hoy por excelencia. Hablo de las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado, del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) o de las Fuerzas Armadas, aparte del propio Gobierno, que no queda libre de sospecha, ni mucho menos.

Es una vergüenza pretender despachar el asunto Pegasus con una actitud de falsa dignidad herida cuando lo que están en juego son los derechos políticos de los ciudadanos y sus libertades fundamentales. Los políticos y políticas espiadas han sido elegidos por ciudadanos españoles para que les representen y este espionaje revela, cuando menos, una discriminación ideológica de facto, una estrategia -pongamos que alegal de momento- que sitúa a partidos democráticos, legales e, insisto, elegidos en las urnas, en el punto de mira del Estado, el cual, si nos atenemos a los usos que NSO da a Pegasus, sospechan de ellos como si fueran terroristas o integrantes del crimen organizado.

Necesitamos respuestas y las necesitamos ya. Después de la trama infinita de las cloacas de Interior con Villarejo al frente, del blindaje del Estado a un rey y jefe del Estado corrupto por parte de todos los gobiernos desde el fin de la dictadura, de los crímenes de los GAL, de una memoria histórica que sigue yaciendo en las cunetas o de la vil entrega del Sáhara a Marruecos, España no puede perder ni un minuto más en apostar de una vez por la transparencia y la rendición de cuentas de sus instituciones, mucho menos con un Gobierno progresista de coalición al frente. Es una emergencia.