Dominio público

Ministros de Estado o Estado de ministros

Ana Pardo de Vera

El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y la de Justicia, Pilar Llop, durante la celebración del LXXII Aniversario de la Declaración Schuman con motivo del Día de Europa, en el Senado. E.P./Alejandro Martínez Vélez
El ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, la de Defensa, Margarita Robles, y la de Justicia, Pilar Llop, durante la celebración del LXXII Aniversario de la Declaración Schuman con motivo del Día de Europa, en el Senado. E.P./Alejandro Martínez Vélez

En estos momentos, con un Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ilegítimo por caducado hace tres años, el poder del Estado con más posibilidades de torpedear al poder Ejecutivo es el Judicial. Lo comprobamos a diario, pero el ejemplo más preocupante ha surgido con el escándalo Pegasus: un juez del Supremo autorizó que se espiara al vicepresidente de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, cuando ERC negociaba con el PSOE (y el vicepresident hablaba directamente con Pedro Sánchez y otras figuras muy relevantes de nuestra política, como el expresidente Zapatero y seguro que muchos/as otros).

El pinchazo de Aragonès con Pegasus, sobre todo, es un escándalo político del más alto nivel; encima, cuando la Unión Europea debate si prohibir la utilización de un malware de origen israelí tan agresivo, que arrasa contra los derechos fundamentales como el de la intimidad o el de la legítima defensa y la información, al espiarse también a abogados y periodistas. Pretender subsanar la crisis generada con los socios del Gobierno (y el Gobierno entre sí) con el cese de la directora-secretaria de Estado del CNI, Paz Esteban, es un humor negro. Del malo.

Hubo un tiempo en la historia de nuestra democracia postfranquista en el que los partidos mostraban grandes reticencias y asumían terribles riesgos, decían incluso ellos mismos, cuando incluían en sus listas a jueces o juezas (las menos, siempre es así). Las razones de esos riesgos eran confusas para el común de los mortales, no se explicaban bien. ¿Por qué los jueces causaban problemas y los técnicos superiores de la Administración, militares, policías, abogados del Estado…, no? Con el caso de Baltasar Garzón, e incluso el de menor impacto de Ventura Pérez Mariño, se empezó a confirmar que la judicatura, mejor en su poder que en el de enfrente. En el PSOE, al menos, estaban convencidos.

Pero hoy, el Gobierno de Pedro Sánchez, no se sabe si encandilado por los cantos de sirena de su traumática experiencia como secretario general del PSOE de ida y vuelta, ha dado de bruces con eso que llaman ya en sus propias filas el problema del "Estado de ministros/as". Me lo explicó un dirigente socialista de pura cepa, que está más cerca del presidente del Gobierno de lo que aquí pudiera parecer por su convicción frente a la "tragedia" (sic). Juan Carlos Campo, Pilar Llop, la sucesora de este, y Margarita Robles son el perfecto ejemplo de ese "mal" que llaman "Estado de ministros", esto es, dirigentes políticos más preocupados por su posición futura en el poder que les es original, el todopoderoso Judicial, que en los Ejecutivo y Legislativo donde batalla la política pura y dura. Donde lucha todos los días la democracia representativa, que no es solamente el Estado de derecho, como cacarean los incluidos en el "Estado de ministros y ministras" sin tener en cuenta la acción y la responsabilidad políticas que les es propia.


No es lo mismo el Estado de derecho que autorizó judicial y legalmente el espionaje de Pere Aragonès por parte del CNI, desde luego, que la responsabilidad política que debería haber impedido un pinchazo al máximo responsable de que el actual Gobierno de coalición, al que pertenece ese CNI, sea un hecho.

No es lo mismo el Estado de derecho que (nos contaron, porque desconocemos el informe del Supremo) cumple por "imperativo legal" la denegación del indulto a María Salmerón, culpable de un ‘delito’ continuado (y no de muchos delitos iguales) de proteger a su hija de un maltratador condenado, que la responsabilidad política del PSOE con un feminismo de base que ha demostrado por activa y por pasiva que un condenado por violencia machista no es un buen padre.

¿Por qué no se ha renovado el CGPJ todavía? ¿Acaso los ministros del ramo, sean Campo antes o Llop ahora, están tan preocupados por sus carreras en la magistratura que no creen conveniente molestar a los actuales moradores de una institución derechizada hasta la náusea que les va a acoger en sus soberbios brazos?


¿Por qué Robles insiste tanto en su defensa y respeto a funcionarios del CNI, aunque se equivoquen claramente bajo su responsabilidad; de las Fuerzas Armadas, del Alto Tribunal, de la Corona, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y se escabulle de defender alguna vez el pacto político que sostiene a su Gobierno con Unidas Podemos en la coalición y con otras fuerzas de izquierdas para la investidura? ¿Por qué es ministra Robles, por aquellos o por estos?

Sánchez tiene un problema, y no se resuelve con la destitución de una funcionaria del CNI y su sustitución por otra, sino asumiendo los errores políticos de una ministra que está más pendiente de su futuro en lo judicial que de su presente en la política.