Por las aguas de Sanxenxo vuelve a navegar el Bribón. El rey emérito Juan Carlos regresa a las regatas y a España.

En principio no debería ser noticia que un ciudadano español sin problemas con la justicia pase unos días en su país de origen. Sin embargo esta vez lo es y, además, lanza un pésimo mensaje a la ciudadanía.

Si la vuelta del rey corrupto es noticia se debe a que antes se fue. Abandonó el país hace dos años, acosado por investigaciones judiciales en Suiza e Inglaterra a las que de mala gana se sumó también la fiscalía española. Que se estuviera investigando el origen ilícito de la enorme fortuna que amasó siendo el rey de todos los españoles, y su persistente manía en defraudar a la hacienda pública, puso en una situación incómoda a la casa real. Se fue para alejar su creciente reputación de delincuente del rey actual, su hijo y heredero.

Fue una operación de relaciones públicas mal llevada desde el principio y que no podía acabar bien. En teoría el monarca habría podido ser imputado por cualquiera de los numerosos delitos que cometió en su desmedido afán por el lujo y la riqueza. Pero es en teoría. La casa Real nunca tuvo dudas de que los dóciles fiscales españoles antepondrían el "sentido de Estado" a su deber de perseguir los delitos y encontrarían la manera de archivar las investigaciones sin someter a juicio al monarca jaranero. El miedo era que fiscales de otros países, mucho más independientes y rectos, o los medios de comunicación destaparan delitos e irregularidades que dañaran definitivamente el prestigio de la monarquía. En ese caso, al alejar al emérito de los focos y confinarlo en un resort del inmenso desierto de Arabia, se lo sacaba del debate público cotidiano, escondiéndolo en lo posible.

Pero no podía acabar bien porque si algo ha demostrado Juan Carlos a lo largo de su vida es que no está dispuesto a sacrificar su buena vida dedicada al disfrute, el lujo y el sexo por el interés de la Corona o el país. Nadie creería razonablemente que fuera posible controlar a ese trueno.

Más allá, las salidas jurídicas son peores de lo que preveía el asesor real de comunicación que bendijo la operación de imagen. Es verdad que el fiscal suizo claudicó ante la imposibilidad de investigar en los países árabes el origen de las comisiones millonarias envidas a Juan Carlos y que este compartía con su familia y amantes. También es cierto que, como se dijo, la fiscalía española archivó las investigaciones, aunque no lo hizo porque el emérito fuera inocente de sus delitos: la justificación para librarlo fue que en algunos delitos no había pruebas suficientes, que de otros se había arrepentido espontáneamente y que por la mayoría no se le podía perseguir en razón de una descabellada interpretación que hace el fiscal de los privilegios reales. De una forma u otra parece evidente, y toda la sociedad española lo sabe, que el rey Juan Carlos cometió numerosos delitos movido por una codicia sin fin aunque vaya a quedar impune por ello.

Y aquí radica el problema de este regreso lúdico a la navegación y los clubes náuticos. Gran parte de la ciudadanía española lo vive como un bofetón sin manos. El rey que se embolsó millones de euros aprovechándose de su posición vuelve feliz como una perdiz a seguir su vida de lujo sin un atisbo de arrepentimiento o pudor.

El retorno del Bribón nos recuerda a todos la impunidad real. Vivimos en un sistema en el que el Jefe del Estado puede ser el máximo representante de la corrupción sin que sus delitos, por más evidentes que resulten, tengan ninguna consecuencia.

Lo más grave no es ya que Juan Carlos haya sido un delincuente campechano e impune. Lo verdaderamente grave es que la Casa Real se ha negado a reformar el sistema de inviolabilidad real aplicada incluso a los desmanes cometidos por el monarca en su vida privada. En estas condiciones, la vuelta a las regatas de Juan Carlos es un recordatorio de que el Rey actual podría estar cometiendo delitos parecidos, seguro de que nunca tendría que responder por ellos.

La monarquía española parece sentirse cómoda en la corrupción y poco dispuesta a dar el paso que la acercaría de algún modo a la democracia: someterse a la ley.