Las comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Madrid, Euskadi, Murcia, Catalunya, Andalucía, Galicia y la ciudad autónoma de Ceuta han mostrado su rechazo al plan del Ministerio de Ione Belarra llamado Acuerdo sobre Acreditación y Calidad de Centros y Servicios del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia y que consiste, básicamente, en dotar al sistema nacional de dependencia de la dignidad que merece, nunca conseguida desde que Zapatero dio luz verde a este cuarto pilar del Estado del bienestar. Navarra, Baleares, Aragón, Comunitat Valenciana, Canarias, La Rioja, Cantabria y la ciudad de Melilla estarían a favor del mismo, mientras que Castilla y León y Asturias se habrían abstenido en caso de haberse producido la votación.

Nuestros y nuestras mayores son la población mayoritaria dentro de ese sector de dependientes, y lo van a ser cada vez más conforme avance el envejecimiento de la población española, contra el que nos alertan todas las instancias internacionales. La crisis sanitaria del coronavirus demostró que el sistema actual de residencias para mayores no cubre los mínimos estándares exigidos para cuidar a estas personas y que el negocio de los geriátricos, a través de su privatización y concertación con las administraciones, solo sirve para dotar de mayor precariedad a estas residencias, sus trabajadores y los residentes.

Los fondos de inversión han visto en el cuidado (un decir) de los mayores el negocio del siglo en España, pero no solo, ya que como explica Manuel Rico en su libro ¡Vergüenza! El escándalo de las residencias (Planeta), también la Iglesia es una gran beneficiaria de este servicio que, como la sanidad, la educación o las pensiones, deberían estar al margen de cualquier posibilidad de lucro para empresas, es decir, solo en manos de las administraciones para hacerlo gratuito y universal. Iglesia y multinacionales, finalmente, se han aliado para gestionar a medias este negocio y, sorpresa, "quien más lejos ha llevado los negocios compartidos con el clero ha sido Florentino Pérez" (pp. 209-227 del libro de Rico, "Iglesia y multinacionales: negocios a medias") Así las cosas, y así las presiones de los lobbies, parece lógico que la ministra de Derechos Sociales, contra su empeño, haya visto pospuesto su proyecto de acabar con un negocio e instaurar un auténtico servicio público.

El modelo de los países nórdicos (Dinamarca, Suecia, Noruega, Finlandia, Islandia o Países Bajos) para el cuidado de los mayores ya fue presentado en un estudio de 2019 por el Instituto de Estudios Fiscales, dependiente del Ministerio de Hacienda, como el más ajustado a los parámetros de justicia social en los que se mueven -o deberían- los gobiernos socialdemócratas. El informe, llamado Atención a la dependencia en España. Evaluación del sistema actual y propuesta de implantación de un sistema basado en el derecho universal de atención suficiente por parte de los servicios públicos. Estudio de su viabilidad económica y de sus impactos económicos y sociales (Rosa Martínez, Susana Roldán y Mercedes Sastre son las autoras), aporta cuestiones muy interesantes para trabajar en el bienestar de nuestros mayores -y el nuestro, en definitiva, para las que lleguemos-, algunas sabidas y constatadas científicamente. Por ejemplo, que muchas de estas personas mayores desean seguir permaneciendo en su casa, solas o con otra familia, algo que en España se asume mayoritariamente echando esta carga sobre las mujeres, mientras que el modelo nórdico apuesta por la creación de puestos de trabajo especializados cubiertos por el Estado y que liberen a las cuidadoras no profesionales de esta responsabilidad.

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De entre todos los modelos nórdicos, con un nexo común de cobertura estatal, las investigadoras del Instituto de Estudios Fiscales apuestan por el de Suecia "por su liderazgo en política social" y  por ser un país ejemplar en su sistema de atención a las personas dependientes. La columna vertebral de este modelo es que sean los poderes públicos quienes asuman el papel protagonista en cuanto a los servicios de asistencia. Ni los fondos de inversión ni las multinacionales ni la Iglesia: el Estado, que no busca más beneficios con su inversión que el bienestar social, en este caso, de nuestros mayores, que es el de todas a corto, medio o largo plazo.

Entre las ventajas de este sistema, el estudio cita el aumento de usuarios con derecho a ayuda por dependencia, más plazas en residencias, más centros de día que combinen la asistencia domiciliaria con la fija, el empleo a tiempo completo de profesionales especializados, que supondrían una importante bolsa de empleo y una merma del gasto por desempleo del Estado o la liberación de las familiares que se encargan hoy, mayoritariamente en España, de estos cuidados no profesionales.

El plan de Belarra, tan radical y bolivariano como el sueco, requiere, obviamente, de una mayor inversión pública por parte del Estado y, sobre todo, de las comunidades autónomas. El informe del Instituto de Estudios Fiscales, aunque es de 2019, cifra en 12.000 millones ese incremento con respecto al actual para comenzar la transición del modelo español al nórdico, que exige asimismo un cambio cultural, de mentalidad, en cuanto al cuidad no remunerado, sobre todo, por parte de las mujeres.

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Las comunidades citadas al principio, que se resisten a este cambio, ni siquiera se plantean que la reforma fiscal profunda que aún tiene el Gobierno de coalición pendiente y los fondos europeos podrían financiar esta transformación o su comienzo. Otra cosa es que nuestros políticos se rindan a la presión de los lobbies y la apuesta por la privatización neoliberal a destajo de la (ultra)derecha. Pero entonces, retiren de sus programas los conceptos Estado de bienestar, justicia social y servicios públicos, porque ustedes está en otra cosa. Y nada buena.