Dominio público

Aquí no hablamos de follar

Ana Pardo de Vera

España ocupa el primer puesto de Europa y el tercero del mundo en consumo de sexo comprando a mujeres prostituidas. Estamos en el triste pódium de cantidad e intensidad de puteros o, lo que es lo mismo, lideramos la cultura de la mercantilización sexual del cuerpo femenino. Teniendo en cuenta la historia de este país y su machismo estructural, no deben sorprendernos estos datos.

Los defensores y defensoras de que la prostitución sea un actividad mercantil más con el mantra neoliberal de que las mujeres hacen con su cuerpo lo que les da la gana, olvidan que casi la totalidad de las mujeres que ejercen la prostitución lo hacen porque no tienen alternativa de ingresos económicos u obligadas por proxenetas o mafias criminales, que las engañan y explotan de la forma más cruel imaginable.

Si hombres y mujeres hiciéramos con nuestros cuerpos lo que nos diera la gana, la venta de órganos humanos, por ejemplo, no estaría prohibida. ¿Por qué no voy a vender yo uno de mis riñones si me da la gana y es mío y quiero tener más dinero en mi cuenta bancaria? Es obvio que en el mercado negro existen estas prácticas, al margen de la ley, pero nadie entendería que un Gobierno legislase para regular la venta de órganos, que abriría un amplio abanico en la totalidad de la mercantilización del cuerpo humano, donde incluyo los vientres de alquiler y la prostitución.

Sí, todo esto ya lo he escrito aquí varias veces, pero hay que insistir en que con una legislación que regularice a los puteros, al mercado legal se le abren unas posibilidades que nos asoman al abismo, sobre todo a mujeres y niñas, el sector de la población más marginado históricamente. Iríamos al neoliberalismo rampante llevado a su máximo exponente: el comercio con cuerpos humanos, que ya existe, por descontado, fuera de los límites de la legalidad (el mercado negro) o en legislaciones muy laxas, como la esclavitud laboral. Sí, también en España. Y no porque haya gente dispuesta a trabajar doce horas diarias por 400 euros ante la falta de alternativas, el Gobierno debe dejar de intentar poner fin a esa esclavitud.

Y de eso se trata con respecto a la prostitución. Abolir no es prohibir, parece mentira que haya que repetirlo a estas alturas. Abolir es, primero, garantizar a todas las mujeres sus derechos, con una asistencia integral del Estado que incluya formación y búsqueda de empleo. La inmensa mayoría de las mujeres prostituidas que no son víctimas de trata lo hacen desde la precariedad más absoluta, por pura necesidad y condenadas a someterse al putero. Y además, la inmensa mayoría del total de mujeres prostituidas son víctimas de trata. El panorama es desolador, solo hace falta informarse un poco.

¿Están las libertades individuales por encima de todo? ¿Quieren regular un sector muy mayoritariamente golpeado por el crimen, las violaciones de derechos humanos y la precariedad en base a un porcentaje minoritario de mujeres que dicen haber elegido esta actividad? Esa no es la función de un Estado de derecho, al menos, no en los términos que yo lo entiendo: las leyes están para garantizarnos el bienestar, la seguridad y la justicia a los y las ciudadanas, para protegernos, y si convertimos a los proxenetas en empresarios de sexo con todos sus derechos y avalando que la mercancía sea un cuerpo humano femenino utilizado como objeto sexual, el salto cultural hacia atrás será tan grande que todos los postulados feministas podemos empezar a romperlos y tirarlos por el váter de la Historia. Tanto apelar a la perspectiva de género y se ‘olvidan’ de aplicarla justo ahora.

En un país ideal, es posible que existiera el intercambio de sexo por dinero sin mayor problema entre dos personas adultas y no harían falta leyes para abolir ni regular nada porque en una España ideal no habría machismo, ni violencia derivada de éste. Por eso, la prostitución de hombres (el otro mantra simplón) no tiene nada que ver con la de mujeres; porque las mujeres no matamos a los hombres por el hecho de ser hombres ni los contemplamos como objetos, sino como iguales: por parte de la mujer o de otros hombres no existe un componente intrínseco de deshumanización del hombre por ser hombre. Puede existir racismo, xenofobia, clasismo, aporofobia... pero no una discriminación de género. Todo esto, además, al margen de las consideraciones morales y/o religiosas de cada cual, que no tienen nada que ver con el debate que nos ocupa, por más que quienes quieren convertir a los proxenetas en empleadores y a los puteros en compradores de mujeres por horas tachen el abolicionismo de puritano en un claro afán por confundir a la opinión pública. Aquí no hablamos de follar; hablamos de igualdad entre hombres y mujeres, nada más y nada menos.

La defensa de los derechos humanos, por tanto, no se entiende en este caso si no se ejercita de forma colectiva sobre las mujeres, un sector que supone la mitad de la población y que ha estado históricamente discriminado como ciudadanía de segunda. Regularizar el comercio de sexo como una actividad laboral más sin haber resuelto en España el problema estructural y cultural que tenemos con la desigualdad entre hombres y mujeres nos aboca a una fractura aun más abierta y honda; es un dislate, y me parece imposible que quienes legislan a favor de esto se hayan sumergido en el mundo de la prostitución y sigan a favor de ese comercio.

En este sentido, me gustaría que vieran este documental del compañero asesinado en Burkina Faso, David Beriáin, mientras hacía el mejor periodismo. Vaya mi agradecimiento y homenaje a David y a todas aquellas personas que siguen luchando por los derechos humanos, aunque se equivoquen a veces.