Decía ante los medios José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, que el empleado de limpieza del Ayuntamiento de Madrid fallecido en medio de la ola de calor "no era un trabajador municipal, sino un trabajador de una empresa contratada por el Ayuntamiento", y aprovechaba la ocasión para culpar de todo, uniformes incluidos, al Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz. ¿Cómo se puede ser tan miserable como para no sentirse ni un poquito responsable de la muerte de un asalariado (su nombre: José Antonio González) cuyo sueldo depende de tu consistorio y tus partidas presupuestarias? ¿Cómo puede un dirigente excusarse en que el trabajador lo es por vía de una empresa contratada por el Ayuntamiento? Más aún cuando la privatización de la limpieza de las calles madrileñas la llevó a cabo Ana Botella, alcaldesa de su mismo partido, allá por 2013. Más aún cuando, con la renovación de 2021 y hasta 2027, Almeida decidió seguir externalizando la limpieza madrileña, adjudicándola a empresas como OHL, FCC, Valoriza, Cespa y Urbaser.

El hijo del barrendero muerto declaró en una entrevista a El País, por su parte, estar convencido de que su padre "estaba dándolo todo con tal de demostrar que valía"; dándolo todo hasta desfallecer, con una temperatura corporal superior a los 41 grados. El alcalde del cual dependía indirectamente su contrato de un mes, o sea, el alcalde cuyas decisiones políticas eran condición necesaria para ese contrato de un mes, decidió mantener la externalización y las peores condiciones para los trabajadores. Se exculpa del todo, no interviene... y lo hace aludiendo a la privatización misma sin la cual una muerte así quizá no habría sucedido.

La política no tendría por qué ser un estrechamiento de la responsabilidad o una externalización de las culpas, sino todo lo contrario: si humana soy, nada de lo humano me es ajeno. Pero, para Almeida, la limpieza madrileña sólo le compete cuando se trata de prometer multas por botellones y grafitis. O sacar pecho por otorgar más dinero a las empresas a las cuales externaliza el servicio. O vanagloriarse de contratos millonarios cuyos efectos nadie ve. Ningún dirigente decente podría sentirse ajeno a la muerte en su territorio. Ni siquiera si esta sucediera en el marco de una empresa estrictamente privada y sin licitación pública.

Esta es casi la parte suave de lo que podemos decir. Hay mucho más. Porque el modelo de ciudad de Almeida, a largo plazo, es un modelo que favorece y prepara para la muerte. La promesa negacionista con la que se presentó a las elecciones, "acabaré con Madrid Central", era una promesa de muerte. El proyecto político en el que sustenta su mayoría, o sea, el apoyo de Vox, es el apoyo al negacionismo del cambio climático, a la inacción frente a las olas de calor, frente a un planeta cada vez más invivible.

La externalización del servicio de parques y jardines en una ciudad en la que se opta por cerrar sus oasis verdes en medio de las olas de calor es una decisión política y negacionista. El asfalto y su calor, la tala de árboles, no son sólo medidas que favorezcan (¡presuntamente!) su ciudad para los coches, sino también formas de hacer aquí y ahora de Madrid una ciudad más habitable, en la cual tragedias así puedan darse con mayor frecuencia. Porque no se trata sólo, que también, de adaptar los protocolos de riesgos laborales a la emergencia climática, o de fortalecer las inspecciones de trabajo (y qué perdida está esa izquierda que ha preferido estos días atacar a Yolanda Díaz por hablar de la emergencia climática en lugar de dirigirse al principal representante de la indecencia): la ciudad que a cada momento se construye, proyecta y licita puede ser más o menos vivible, puede adaptarse mejor o peor a la situación, puede fomentar más o menos este tipo de circunstancias insoportables, puede aspirar a una gestión de la muerte o intentar conservar algún tipo de vida.

Veía a mi amiga Margot Rot estos días comentar el libro de Luigi Ferrajoli Por una Constitución de la Tierra. Se trata de cambiar el enfoque: dejar de pensar muertes como las de José Antonio González como si fueran injusticias o cosas que pasan. Se trata de violaciones gravísimas "y, sobre, todo evitables" de derechos: como el derecho que tendría que tener cualquiera a no trabajar de sol a sol a 40 grados, a no agotarse, a no vivir para la muerte, a no morir desplomado dejando rotos a quienes forman parte de su familia. Porque no podemos sólo buscar la culpa penal o su ausencia en lo que haya podido hacer Urbaser o en su cumplimiento de los protocolos: en lo que insiste Ferrajoli es que en los crímenes de sistema (y muertes así rápidamente parecen convertirse en sistemáticas, estructurales, pero a la vez por algunos justificadas, como si tuviéramos que acostumbrarnos a ellas) subyacen responsabilidades políticas que se ocultan detrás de la ausencia de responsabilidad penal.

Quienes criticaban estos días a Yolanda Díaz por poner el foco en la crisis climática parecen no querer enterarse de que la responsabilidad política por estas muertes (y ya hay más por golpe de calor, como la de un trabajador en una nave de Móstoles) repercutirá más y más, en los tiempos que vienen, en quienes no actúen políticamente para posibilitar otro planeta distinto. Porque lo importante no es que haya quien muera o fallezca en las circunstancias actuales, sino que estas circunstancias matan, y que en esos asesinatos son cómplices quienes no hacen algo por cambiarlas o incluso fomentan su destrucción. No es sólo que Almeida sea un alcalde indecente: es que su modelo y su política, su ciudad ansiada, es un modelo necropolítico, un modelo asesino. Y toda postura que no lo señale es profundamente irresponsable, y no lo contrario.