Dominio público

Convenios y conflicto

Unai Sordo

Secretario general de CCOO

Trabajadores en una fábrica de producción. - EFE
Trabajadores en una fábrica de producción. - EFE

La negativa de CEOE a negociar un acuerdo razonable en materia salarial, para repartir los costes de la inflación y evitar su repercusión en exclusiva sobre las rentas salariales, nos ha conducido a un escenario de conflicto en numerosos convenios colectivos.

No era este el escenario ideal, porque desde CCOO sabemos que unas recomendaciones sobre subidas salariales que mandaten a las miles de mesas negociadoras de convenios colectivos, es una herramienta útil sobre todo para aquellos sectores más precarizados y/o menos sindicalizados. En ausencia de ese acuerdo salarial el riesgo de incrementarse las desigualdades salariales son grandes. Aquellos sectores y empresas con mayor organización sindical están en disposición de plantear un conflicto por las salarios mucho más ofensivo que aquellos que no lo están, como estamos comprobando.

La cerrazón de CEOE es conocida. Se oponen a una fórmula de subida de los salarios que hemos planteado desde los sindicatos que es razonada y es razonable. Ante incrementos de precios que van a terminar el año 2022 cercanos al 8%, debíamos pactar unos incrementos salariales iniciales importantes, y en el plazo del trienio que va hasta el año 2024 pactar sendas de recuperación del poder de compra de los salarios, que ya vienen deteriorándose en términos reales desde septiembre del año anterior producto de la inflación pre-guerra.

Las organizaciones empresariales se niegan a este esquema amparándose en que es inflacionista. Lo único cierto es que en este momento el incremento de los costes –energéticos, de materias primas, o de alimentos– está siendo repercutido a los precios al consumo por parte de las empresas. Ahí está para probarlo la inflación subyacente que se sitúa por encima del 6%. La estrategia empresarial es clara: tratar de imputar costes a precios finales, y a la vez dificultar las subidas salariales, para salvaguardar así los márgenes empresariales. A futuro, cuando se contenga la evolución de la inflación –pero no bajen los precios a niveles pasados– volverán a mejorarse los márgenes empresariales y los salarios habrán sido los únicos paganos de la crisis de precios. Intolerable.

Tenemos que entender que los términos de la actual disputa se formulan de forma simple. La cuestión es cómo se reparten los costes de la inflación entre rentas salariales, rentas empresariales y de capital, y recursos comunes. Como apelar a que todo el pato de la inflación lo pague la clase trabajadora "suena mal", se refuerza el mensaje de que sean los recursos comunes (el dinero del gobierno se dice), quien asuma el coste por la vía de bajadas generalizadas de impuestos. Este esquema es una trampa. Bajar los impuestos de forma permanente o general supone deteriorar los recursos públicos destinados a reforzar los servicios públicos, la atención a las personas, o la intervención pública en la economía en un momento donde la transición de nuestro modelo económico es decisiva para el futuro de España. Todo este relato anti-impuestos tiene como finalidad deteriorar el cuadro macroeconómico español –sería la antesala de futuras políticas de recorte y ajuste–, y por otro lado sacar de la ecuación del conflicto a las rentas empresariales, sus márgenes, sus beneficios o sus repartos de dividendos en las empresas con accionistas.

Para contrarrestar esta narrativa es por lo que los sindicatos hemos planteado la necesidad de tensionar la negociación colectiva bajo la premisa "salario o conflicto". Estamos demostrando que allí donde hay organización sindical y vínculo de las y los trabajadores a estrategias de conflicto, los acuerdos satisfactorios son posibles.

En estos últimos días los convenios del metal de Orense o Tarragona se saldaban con subidas salariales relevantes (15% en tres años) y clausulas de revisión de hasta el 18% en el caso gallego y el 85% de la inflación si esta supera lo pactado en el catalán. Además de medidas de reducción de jornada, o subrogación de las plantillas de empresas externas para favorecer la estabilidad en el empleo de la parte más debilitada de la clase trabajadora.

Por supuesto que si las patronales han firmado esos convenios lo hacen porque las empresas que representan lo pueden asumir. Pero, eso si, ha habido que arrancárselo con movilizaciones y huelgas. En situaciones similares están otros convenios, y no solo de sectores industriales, en otros territorios de España.

Buena parte de las movilizaciones están dándose en sectores feminizados, con bajos salarios y –en demasiadas ocasiones– en sectores que trabajan de forma concertada con las administraciones públicas, que como pagadoras de última instancia están siendo unas pésimas gestoras de servicios externalizados y muchas veces relacionados con el cuidado de personas (atención domiciliaria o residencias por nombrar dos ejemplos lacerantes).

CCOO va a seguir adelante con la idea-fuerza de que no sean los salarios los paganos de esta crisis de precios. Los excedentes y beneficios empresariales deben contribuir a través de los salarios y a través de las aportaciones a los recursos comunes. Esos que se demonizan económica, política y mediáticamente, pero que luego se reclaman bien será para exonerar las cotizaciones sociales en los ERTES, para financiar circulante, para transformar digital o energéticamente sus empresas, o directamente –en algunos casos– para expoliar en comisiones de mascarillas pandémicas.

Los datos sobre el impuesto de sociedades que facilitaba la Agencia Tributaria son concluyentes. Las empresas que más facturan son las que menos aportan porcentualmente al impuesto de sociedades. Las 205 con más de 1000 millones de euros anuales apenas contribuyen con un 5,11% de sus beneficios. El conjunto de las empresas lo hacen con el 10,12%. Si todas las empresas tuvieran que contribuir al menos con el 15% de sus beneficios reales –limitando por tanto la capacidad de reducir sus bases imponibles con distintas formas de ingeniería fiscal– la recaudación del impuesto de sociedades se incrementaría en 10 mil millones de euros. Distribuidos además de forma progresiva ya que las empresas de facturación media ya pagan por encima de ese 15%.

El 3 de noviembre hemos convocado una gran movilización sindical en Madrid. Será un hito dentro de la campaña "salario o conflicto", en la que pretendemos reafirmar esta idea de reparto de los costes de la inflación. Apelaremos ante todo a la patronal porque sabemos que la distribución primaria de la renta se hace a través del salario. Y renovaremos nuestro llamamiento al gobierno para que incida en una salida justa de esta crisis de precios. Subida del SMI, sostenimiento de rentas públicas como las pensiones o la prestación de desempleo, valentía fiscal para no sucumbir al desarme del estado cuando volverá a ser necesario, refuerzo de los servicios de responsabilidad pública, fundamentales para que las clases trabajadoras y populares tengan cubiertas necesidades vitales en un periodo incierto como el que tenemos por delante.