Opinion · Dominio público

Pescar en aguas revueltas

Miguel Ortega Cerdà
Coordinador político de OCEAN2012 en España
Ilustración Patrick Thomas

En el periodo 2007-2013 la Unión Europea ha destinado 4.300 millones de euros al sector pesquero a través del Fondo Europeo de Pesca, un 26% de los cuales han sido para España. Recientemente se ha iniciado la discusión sobre el nuevo fondo europeo marino y pesquero para el periodo 2014-2020 cuyo importe será de 6.567 millones de euros, y cuyas prioridades están en discusión.

La Comisión Europea ya ha realizado su propuesta y la ha presentado en Madrid. Algunos aspectos son claramente adecuados y dirigidos a acabar con problemas evidentes del marco de financiación anterior. Por ejemplo, medidas como asegurar que los recursos estén únicamente disponibles para aquellos estados miembros que cumplan los objetivos y las reglas de la política pesquera común; o el condicionamiento de la financiación a que los beneficiarios privados cumplan la reglamentación vigente; deberían ser medidas apoyadas ampliamente. En el pasado se dieron decenas de casos de embarcaciones, por ejemplo –pero no únicamente– españolas, subvencionadas y posteriormente capturadas realizando pesca ilegal. No tuvieron que devolver los fondos públicos, y en ocasiones fueron posteriormente aún subvencionadas de nuevo. Si nada cambia respecto a la propuesta actual, la situación no se repetirá con el nuevo marco financiero.

Pero no todo es tan claro en la nueva propuesta, y dada la importancia que tienen para España estos fondos parece sensato proponer una priorización que se adecue a nuestras necesidades, sin caer en el corto plazo ni ignorar la necesidad de transformar nuestra flota y sistemas de gestión para adaptarlas al siglo XXI. El actual statu quo no es una opción para España, un país donde tanto la ocupación como el número de embarcaciones no dejan de disminuir en las últimas décadas y que necesita un revulsivo que facilite una gran transformación, no el continuo lento decaer. Ante esta situación sería interesante priorizar y concentrar nuestros esfuerzos en tres ejes.

En primer lugar, conseguir que los recursos públicos se destinen en buena parte a usos públicos y de interés común. Dicho en otras palabras, antes que el apoyo a intereses privados puntuales sería preferible aumentar la financiación en algunos aspectos de gestión pública que resultan críticos para asegurar la viabilidad del conjunto del sector; tales como, un mejor conocimiento científico, más recursos para mejorar la gestión pesquera (por ejemplo para apoyar la creación de áreas de cogestión pesquera o los planes plurianuales a través de los cuales se deberán gestionar las pesquerías), y mayor financiación para un mejor control de la pesca ilegal, no registrada y no deseada, la más irresponsable de las modalidades pesqueras. Por ahora la propuesta de la Comisión Europea no es suficientemente ambiciosa, únicamente un 15% de los recursos se destinan a recopilación de datos y gestión pesquera. Deberíamos tratar de conseguir una proporción mayor y que los recursos no se puedan desviar a otros usos.

En segundo lugar se impone acabar con los fondos de usar y tirar. Hemos de dejar de financiar directa o indirectamente las flotas en las que existe una sobrecapacidad. La Comisión Europea reconoce la sobrecapacidad de la flota como una de las principales causas de sobreexplotación, y estima que en algunas pesquerías la capacidad puede llegar a ser dos o tres veces superior a lo que se consideraría sostenible. El problema es que no vincula suficientemente esta realidad a la nueva financiación. Sería deseable evitar, por ejemplo, financiar la modernización de la flota que poco tiempo después abandonará su actividad por exceso de capacidad. En el pasado se han realizado aberraciones. Por ejemplo, se ha subvencionado la modernización y la retirada de las embarcaciones con intervalos entre ellas inferiores a un mes. Por tanto, propongamos la condicionalidad de la financiación privada a un encuadre serio y coherente que acabe con la sobrecapacidad, y vayamos más allá de una discusión genérica sobre si son o no son necesarias las ayudas a los desguaces. Desde 1994 la Unión Europea ha destinado más de 2.700 millones para financiar desguaces sin conseguir el objetivo de acabar con la sobrecapacidad, lo que ha constituido una práctica que se ha mostrado inefectiva y plagada de irregularidades, según mostró recientemente el Tribunal de Cuentas Europeo.

Finalmente, apostemos por una distribución más equitativa de los recursos públicos. En el pasado los recursos se han concentrado mayoritariamente en pocas manos. Por ejemplo, a partir de los datos disponibles del Fondo Europeo de Pesca, podemos ver que para el caso español en el ámbito de la modernización el 20% de los mayores receptores usaron más del 77% de los recursos públicos, mientras que la mayoría de la flota no recibió nada o cantidades muy pequeñas (el 20% que recibió menos –algunos se quedaron sin nada– contaron con menos del 1%). El nivel de desigualdad en la distribución de los recursos públicos (medido a través del índice de Gini) es de 0,72, una barbaridad. Para hacernos una idea es una desigualdad mayor que la distribución de la riqueza en el mundo (0,55). Para evitarlo apostemos por establecer límites máximos en la cantidad que pueda recibir cada armador. Eso liberará recursos para distribuir de manera más equitativa entre el conjunto de la flota.

Prioridad para lo público, financiación condicionada a la no existencia de sobrecapacidad, y establecimiento de mecanismos de distribución equitativa deberían ser tres prioridades para la nueva financiación de pesca. Veremos si algunos intereses privados muy concretos no nos desvían de estas líneas de actuación.