El nacionalismo español se pone firme al toque de corneta. Buena parte de las tertulias de las radios y televisiones con sede en Madrid segregaban bilis el viernes por la mañana. El anuncio con nocturnidad de Pedro Sánchez del jueves pilló a algunos con el pie cambiado. El Gobierno eliminará el delito de sedición de un Código Penal en el que tomará protagonismo el delito de desórdenes públicos agravados. Esto último no acaba de convencer a algunos movimientos sociales ni en sectores de la izquierda. Un paso más de Pedro Sánchez en la normalización con respecto a Catalunya tras los acontecimientos de 2017 y la posterior represión del Estado al independentismo.

El nacionalismo español, sabemos, confunde ‘vencer’ con ‘convencer’, un enredo atávico. Que los golpistas del 36 sostuvieran durante décadas un régimen de odio y terror para acabar con cualquier disidencia política, es buen ejemplo de ello. Que las atrocidades cometidas por el franquismo hacia sus víctimas sigan sin juzgarse casi medio siglo después de la muerte del dictador, otro. El nacionalismo español no trata solo de vencer, que no convencer, a sus oponentes, sino también de humillar. Que los familiares de las víctimas del franquismo hayan tenido que soportar décadas de olvido, lo demuestra.

El 3 de octubre de 2017, en Catalunya se organizó un gran paro y huelga por parte de organizaciones civiles y sindicatos contra la represión policial al referéndum de dos días antes. El seguimiento fue masivo por parte de una sociedad, la catalana, herida por la humillación que supusieron las imágenes de los porrazos a votantes o de agentes de la Policía Nacional o Guardia Civil persiguiendo urnas. Aquel día hubo una sensación de desborde, de que algo se estaba agrietando.

A las 21 horas de aquella jornada comparecía el jefe del Estado, Felipe VI, para pronunciar un discurso ante la tensa situación que se vivía. La cacerolada fue monumental en Catalunya, en algunas calles de Barcelona era difícil escuchar las palabras del monarca ante el estruendo que se colaba por las ventanas. Felipe VI pronunció un discurso duro contra el independentismo, se alejó de un papel neutral que pudiera servir de moderación y arbitraje entre las partes en conflicto.

"Determinadas autoridades de Catalunya, de una manera reiterada, consciente y deliberada, han venido incumpliendo la Constitución y su Estatuto de Autonomía, que es la ley que reconoce, protege y ampara sus instituciones históricas y su autogobierno", aseguraba el monarca sobre unos hechos que todavía no habían sido juzgados. "Han vulnerado de manera sistemática las normas aprobadas legal y legítimamente, demostrando una deslealtad inadmisible hacia los poderes del Estado", juzgaba el rey.

El discurso continuaba: "Han quebrantado los principios democráticos de todo Estado de Derecho y han socavado la armonía y la convivencia en la propia sociedad catalana, llegando -desgraciadamente- a dividirla". "Esas autoridades, de una manera clara y rotunda, se han situado totalmente al margen del derecho y de la democracia. Han pretendido quebrar la unidad de España y la soberanía nacional, que es el derecho de todos los españoles a decidir democráticamente su vida en común", parecía sentenciar Felipe VI, jefe del Estado, ¿o jefe de la Nación?.

La sentencia del Tribunal Supremo condenó, en octubre de 2019, a los 12 dirigentes independentistas procesados a un total de 100 años de prisión por delitos, entre otros, como malversación y sedición. Las movilizaciones de repulsa fueron masivas durante aquel otoño en Catalunya. El 10 de noviembre de aquel mismo año estaban convocadas elecciones generales. Tras la victoria socialista, PSOE y Unidas Podemos pactarían un Gobierno de coalición pocos días después. Para ello, hizo falta una repetición electoral, Pedro Sánchez se negó a cogobernar con las izquierdas tras los resultados de los comicios del 28 de abril. Vox sacó unos resultados espectaculares en noviembre, tercera fuerza política, auspiciados por el alboroto generado en buena parte de los medios madrileños contra Catalunya.

Echamos la vista atrás para recordar que a las generales de la primavera de 2019 se llegó, también, anticipadamente. Sánchez, que había llegado al Gobierno en junio de 2018 tras la moción de censura a Mariano Rajoy, las convocaba cuando el Congreso echó para atrás los presupuestos socialistas. ERC se negó a votar las cuentas, exigían el inicio de un diálogo sobre la cuestión nacional y que este fuera supervisado. La palabra más repetida aquellos días era 'relator'.

El nacionalismo español, representado políticamente por PP, Ciudadanos y Vox, encendió la mecha y convocó una concentración unitaria el 10 de febrero en la madrileña Plaza de Colón. La protesta fue concurrida, pero no se desbordó. En abril, Sánchez ganaría las elecciones con 7,5 millones de votos, sacándole más de tres millones de diferencia a la segunda fuerza, el PP. Un mes después, haría lo propio en las municipales, autonómicas y europeas. Quedaba en evidencia una cuestión: el excesivo ruido mediático que la derecha consiguió en aquellos meses bajo el eslogan de "Sánchez felón" no se correspondía con la realidad expresada en las urnas.

Algo similar volvió a suceder en junio de 2021. Los dirigentes independentistas salían de prisión el día 23, indultados por el Gobierno de coalición. El día 13 de aquel mes el nacionalismo español se volvió a reunir en Colón, en aquella ocasión la convocatoria pinchó y fue mucho menos gente que dos años atrás.  El mentidero mediático de Madrid, evidentemente, también echó humo en los días previos y los que estaban por llegar.

Echar la vista atrás y repasar el pasado, el reciente y el más alejado, sirve para no repetir errores. Así, podemos concluir que, aunque muy escandaloso, el nacionalismo español no goza de mayoría ciudadana. Tiene la capacidad de generar mucho ruido que no se convierte directamente en adhesión. En los próximos días, tras el anuncio de la derogación del delito de sedición por parte del Gobierno, los decibelios subirán, y ya está.

De hecho, el Gobierno de coalición tiene motivos para felicitarse sobre su política con Catalunya. El Centre d’Estudis d’Opinió (CEO) de la Generalitat desvelaba esta semana su encuesta. Los partidos independentistas difícilmente conseguirían ahora una mayoría absoluta en el Parlament. Hoy, el PSC sería primera fuerza política en Catalunya, demostrando que al independentismo se le puede vencer desde la política, no desde la venganza.

Los números son muy elocuentes. El PSC ganaría las elecciones catalanas con entre 35 y 41 escaños; le seguiría ERC, que sumaría entre 30 y 36 diputados; Junts bajaría y podría perder hasta 13 parlamentarios, quedándose con entre 19 y 24 escaños. La cuarta fuerza en el Parlament sería el PP con 11-16 diputados; la CUP obtendría entre 8 y 12 escaños; En Comú Podem y Vox, entre 6 y 10; y Ciutadans se podría quedar fuera o entrar hasta con cuatro escaños.

El nacionalismo español ansía venganza, humillar al enemigo, en este caso al independentismo, aunque parece que eso no le sirve de nada en Catalunya viendo cuáles serían sus resultados allí. El Gobierno de izquierdas, liderado por los socialistas, con sus lentas medidas de desinflamación del conflicto catalán, conseguiría, sin embargo, que el PSC ganara las elecciones catalanas otra vez. En democracia no se trata de humillar al enemigo, sino de convencer para ganar en las urnas a un rival político. Así es el manual del Gobierno de coalición. Vendrán días de ruido, de mucho ruido. Habrá que ponerse tapones.