Dominio público

Exprópiese

Jonathan Martínez

Los periodistas recogen las declaraciones de una dirigente política, en Madrid. EUROPA PRESS
Los periodistas recogen las declaraciones de una dirigente política, en Madrid. EUROPA PRESS

El viernes pasado, en la presentación del libro Medios y cloacas en Sevilla, Pablo Iglesias formuló una propuesta para evitar que la propiedad de los grupos de prensa se concentre en pocas manos. Se trataría de establecer un sistema de tres tercios donde el primer tercio correspondería a la propiedad privada, el segundo a la propiedad pública y el tercero a la propiedad comunitaria.

Este emplazamiento es tan generoso con los millonarios, dice con sorna Iglesias, que les permitiría seguir disponiendo de sus juguetes mediáticos. La primera diferencia es que el peso de los medios públicos sería más notorio y reflejaría en sus informaciones los distintos colores de la pluralidad parlamentaria. De qué sirve votar si un poder tan definitivo como el mediático escapa a los imperativos de la democracia.

La segunda diferencia se refiere a los medios comunitarios. Si la Conferencia Episcopal Española puede administrar una red de canales como Trece, la COPE, Cadena 100 o Rock FM, no hay obstáculo para que los movimientos sociales dispongan también de platós, cámaras y micrófonos. Igual que la Iglesia esparce su doctrina en las ondas, no tendría nada de extraordinario encontrar en el dial emisoras gestionadas por los sindicatos de clase, los colectivos estudiantiles o la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El derecho al sermón no es una prerrogativa de exclusividad católica.

En un primer impulso, me siento tentado a impugnar la idea de Iglesias por blandengue. Me sube la fiebre bolchevique y acuden a mi mente algunas ráfagas de un viejo discurso de Lenin ante el Congreso de la III Internacional. "Los capitalistas llaman libertad de prensa a la libertad de utilizar su riqueza para fabricar y falsear la llamada opinión pública". Verdad verdadera. "Esta libertad es un engaño mientras las mejores imprentas y las mayores existencias de papel sean propiedad de los capitalistas". ¿Y entonces? ¿Qué hacer? "Es necesario comenzar por privar al capital de la posibilidad de alquilar escritores, de comprar editoriales y sobornar periódicos".

Si por Lenin fuera, los millonarios se quedarían sin su tercio del pastel y sin pastelerías. Supongo que esa es la astucia de Iglesias: lanzar una idea que se aleja de cualquier maximalismo pero que de todas maneras sería tachada de intervencionista, comunista, que si papá Estado, que si cien millones de muertos, que si Paracuellos y el sello del PCE. Los estribillos neoliberales, aderezados con una burda palabrería neofranquista, han impregnado el discurso público como una lluvia lenta y boba. Será que los propietarios piensan como propietarios. Será que quien posee todo, posee también el miedo a perderlo todo.

Uno lee las leyes vigentes y resulta que repartir la propiedad de los medios de comunicación no solo es compatible con un régimen democrático sino que además constituye un requisito constitucional. Ocurre, sin embargo, que la Constitución española es carne de postureo y quienes más la invocan son quienes más la vulneran. El problema no se encuentra tanto en el texto, que todo lo soporta, como en sus intérpretes, que todo lo pervierten. Sobre el papel, "toda la riqueza del país en sus distintas formas y sea cual fuere su titularidad está subordinada al interés general" (artículo 128). En la práctica, no obstante, el interés general vive arrodillado ante los dueños de esa riqueza, que son cada vez menos y más ricos.

¿Qué hacen los poderes públicos para garantizar nuestro derecho a "recibir libremente información veraz" (artículo 20)? Lo pregunto porque los predicadores de bulos campan a sus anchas por las más pomposas tertulias de televisión, saborean la alfalfa de las subvenciones públicas e incluso terminan retransmitiendo entrevistas oficiales desde la moqueta presidencial de la Moncloa. Corrómpete y triunfa. Un ejemplo muy edificante para los estudiantes de periodismo.

La propuesta de Iglesias me ha hecho recordar un episodio de la Transición que ya casi nadie recuerda. Hubo un tiempo en que varios periódicos de larga tradición pudieron haber caído en manos públicas. Vamos por el principio. En 1940, Franco proclamó una ley que agrupaba todas las rotativas incautadas durante la guerra y concedía a Falange el control de la Cadena de Prensa del Movimiento. Muchos años después, con el fin del franquismo, los gerentes de la nueva era rebautizaron aquel emporio como Medios de Comunicación Social del Estado. Eran varias decenas de periódicos. Estaban el Marca, el Pueblo y el Arriba. Estaban el Levante-EMV de València y La Nueva España de Asturias.

Ya en 1978, UCD había planteado que el Estado vendiera las cabeceras al mejor postor. Después puso en marcha una ley privatizadora con la oposición de la izquierda parlamentaria. Pero entonces Felipe González ganó las elecciones y el PCE reclamó al gobierno en funciones que paralizara la subasta de los periódicos públicos. "Consideramos inaceptable que comience la aplicación de una ley precisamente cuando el electorado ha concedido la mayoría a un partido que manifestó su oposición a dicha ley". No sospechaban que el propio González iba a terminar liderando la privatización. En abril de 1984, El País daba cuenta de la escabechina: "Grupos periodísticos ya existentes y pequeños empresarios, entre ellos algunos del PSOE, se han repartido 14 de los 21 rotativos subastados".

Si todo lo público es privatizable, todo lo privatizado se puede publificar. Da igual que se invoque a Lenin, a Pablo Iglesias o a la Constitución del 78, donde se estipula que "los poderes públicos establecerán los medios que faciliten el acceso de los trabajadores a la propiedad de los medios de producción" (artículo 129). Quien dice "medios de producción" dice "medios de comunicación". Y si hubiera dudas, existe una ley de expropiación forzosa que arbitra conflictos entre el interés público y el privado "en consideración a la lógica prevalencia del primero".

En 2013, el PP defendió una reforma legal que agilizara las expropiaciones. Amantes de la velocidad, agilizad el reparto de platós, cámaras y micrófonos. Devolvedle al pueblo sus imprentas. Abrid un hueco en la frecuencia modulada a la voz de los sin voz. Bajaos el volumen y haceos a un lado, que tenemos prisa y lleváis cuarenta años de retraso.