RAFAEL ESCUDERO ALDAY

En los últimos tiempos se viene hablando cada vez con más fuerza de la existencia de un búnker judicial en España. Como se sabe, un búnker es una construcción subterránea que se utiliza en la guerra para defenderse de los ataques del fuego enemigo. Se recordará también que durante la transición española a la democracia se utilizaba la expresión búnker para referirse a los sectores franquistas más inmovilistas y contrarios al cambio social o político. Salvadas las distancias –cortas o largas es una cuestión a valorar por el lector–, lo cierto es que se detecta una fuerte resistencia por parte de los partidos políticos mayoritarios a abordar cambios en el Poder Judicial y en concreto en su órgano de gobierno: el CGPJ.

Esta resistencia incide en un panorama que no es precisamente muy halagüeño. Año tras año las encuestas confirman la pérdida de confianza de los ciudadanos en la institución de la justicia, motivada por argumentos como su exasperante lentitud (excepto, faltaría más, cuando afecta a la familia real), la baja calidad de muchas de las sentencias, su coste tan elevado para tratarse de un servicio público y, lo que ahora hace al caso, la politización de sus miembros.

Que las decisiones de los jueces sean decisiones políticas es una afirmación que no debería escandalizar a nadie. En efecto, las sentencias están regidas por principios políticos –juridificados, sí, pero clara expresión de voluntades políticas– como el respeto a la ley, la independencia o la imparcialidad. Lo que sucede es que se tiende a confundir politización con partidización; a mezclar lo que son decisiones de cariz político con decisiones nacidas en las sedes de los partidos políticos. Lo primero es inherente al ejercicio de la función judicial, como lo es de cualquier actividad que afecta al cuerpo social; lo segundo es utilizar la función judicial como un parapeto desde el que hacer oposición al Gobierno, reforzar las tesis del Gobierno o consolidar parcelas de poder. En suma, construir un búnker en los dos sentidos del término.

Puede afirmarse que los arquitectos del búnker judicial han sido los partidos políticos mayoritarios: PP, primero; y PSOE, después. Asistimos desde hace tiempo al lamentable espectáculo de la renovación del CGPJ, cuyos miembros llevan en funciones desde noviembre de 2006. Ahora que esta cuestión parece ir desembrollándose, conviene recordar su origen. En el año 2001 el entonces partido en el Gobierno, el PP, firmó con el PSOE el Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia. Por cierto, cada vez que se utiliza la expresión pacto de Estado se hace con un claro objetivo: dotar a su contenido de un poder reverencial cuya crítica o no aceptación destapa inmediatamente la caja de los truenos.

Este Pacto contenía –entre otros puntos jamás desarrollados– un sistema para la renovación de los miembros del Consejo. Dicho sistema se basaba en dos pilares: uno, los candidatos debían ser propuestos por las asociaciones profesionales o por un número importante de jueces y magistrados en proporción al número de afiliados y de no afiliados a las distintas asociaciones; y dos, para ser elegido, cada candidato debía obtener la mayoría de tres quintos de la cámara ante la que se presentara: Congreso o Senado. Ello implica el acuerdo entre los dos grandes partidos firmantes del pacto. Sin él no se puede ni nombrar los miembros del CGPJ ni tampoco que éste desarrolle la labor que la Constitución le asigna.
"De aquellos polvos llegaron estos lodos", dice el refrán. No sirve como excusa –propia de los firmantes socialistas– manifestar una cierta sorpresa e incredulidad ante la actitud del PP. Un simple vistazo a la acción de ese partido cuando estuvo en el Gobierno hubiera servido para hacer saltar todas las alarmas en los momentos previos a la firma. Tampoco cabe alegar que nadie lo advirtió. Asociaciones como Jueces para la Democracia y partidos como Izquierda Unida ya avisaron de lo que iba a pasar. Cuando uno ata su destino al de otro ha de estar muy seguro de su comportamiento. Quizá una mayor atención a los sectores políticos y judiciales no mayoritarios hubiera servido para rebajar el calor de ese compromiso mutuo.

Años después se ha cumplido lo que algunos ya denunciaron. El PP utiliza el CGPJ como correa de transmisión de sus políticas e intereses, aquellos que no pudieron triunfar en las urnas en el año 2004. Utiliza el hecho de que con la mayoría de sus miembros tenga una gran sintonía ideológica –la llamada mayoría conservadora– para paralizar la acción normal de uno de los poderes del Estado. Entre otros aspectos, el Consejo ha de adecuar el servicio público de administración de justicia a las nuevas realidades sociales. Lo que no se ha producido en los últimos tiempos.

A lo que sí se ha dedicado el Consejo con verdadera pasión es a emitir informes sobre los proyectos de ley del Gobierno. Hay que reconocer que sus miembros han dedicado tiempo y esmero a esta labor, dado que han emitido informes hasta cuando no era preceptivo que lo hicieran, como fue el informe sobre el Estatuto de Catalunya y el de los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin duda, este último es ya una pieza de inestimable valor para mostrar a los ciudadanos un ejemplo práctico de cómo el Derecho puede rozar el absurdo.

La mayoría conservadora del Consejo ha impuesto su criterio en todos los casos, cumpliendo así lo que de ellos se esperaba: ser fieles guardianes y defensores de los intereses del PP. Ahora que desde el PSOE parecen alzarse influyentes voces que llaman a reformar en profundidad el actual modelo del CGPJ, no estaría mal que escucharan a aquellos que desaconsejaron el inicio de las obras del búnker.

Rafael Escudero Alday es profesor de Filodofía del Derecho de la Universidad Carlos III.