Todo empezó, recuerden, en noviembre de 2018, cuando se filtró el mensaje del portavoz del PP en el Senado, Ignacio Cosidó, enviado a un chat de parlamentarios de su partido donde confirmaba que la elección del presidente de Poder Judicial y del Supremo, Manuel Marchena, perejil de todas las salsas de la controversia, iba a permitir al Partido Popular de Pablo Casado, entonces en la oposición, controlar por la puerta de atrás la sala de lo Penal (un lugar especialmente inquietante para los casos de corrupción del PP), el Alto Tribunal y el Poder Judicial en pleno. Marchena era el presidente de la sala segunda del Supremo ... y ahí se quedó porque la publicación del mensaje de Cosidó acabó con sus aspiraciones y las de sus promotores.

Hoy estamos en las mismas, sin renovación y con un bloqueo del Consejo General del Poder Judicial por parte del PP y de sus magistrados afines, que llevan cuatro años incumpliendo la Constitución porque no les da la gana de aceptar la mayoría soberana que dio el Gobierno a PSOE y Unidas Podemos. Pero viendo el PP y su consorte Vox que Pedro Sánchez va adelante con sus leyes, entre ellas, desbloquear el Constitucional y el Poder Judicial, han decidido subir un escalón del despropósito y tratar de parar una votación vía Tribunal Constitucional porque no les gusta el procedimiento parlamentario. A mí tampoco; es precipitado y hasta chapucero, pero ni se me pasa por la cabeza que, por ello, alguien intentara arremeter contra una votación en la sede de la soberanía popular, que es lo más sagrado que tenemos los y las demócratas.

No es que el PP no hubiera intentado antes bloquear una renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando gobernó el PSOE, que sí lo hizo durante casi dos años con Zapatero, pero nunca se había llegado a cruzar la sagrada línea roja, la del intento de veto al voto en el Parlamento. Y es aquí donde se produce un punto de inflexión y los presuntos demócratas se han arrancado las caretas, mostrándose como lo que son, jueces autoritarios (la palabra conservador/a me merece todo el respeto democrático) que se incluyen en la estrategia antidemocrática del PP y Vox, los cuales -y da lo mismo si es con Casado, Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal- han decidido no reconocer la legitimidad del Gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Y da igual si éstos pactan con ERC, Bildu o el sursum corda; lo hicieron con el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, inventando una conspiranoia inhumana con los atentados del 4 de marzo de 2004 en Madrid y sus víctimas, y lo están haciendo con Pedro Sánchez y Yolanda Díaz intentando, literalmente, que no gobiernen, nada más y nada menos que aquello para lo que fueron votados.

Ya no hay disimulo. Ni guante blanco. Ya no hay finezza ni vergüenza. La (ultra)derecha política y judicial se han dejado de medias tintas y han actuado exactamente como se espera de ellas cuando se sienten acorraladas: avasallando, atacando y arrasando la herramienta más preciada que tenemos los ciudadanos/as, representados por los parlamentarios en las Cortes: nuestro voto.

La rápida actuación, sobre todo, de Unidas Podemos, pidiendo la recusación de los dos magistrados del Constitucional cuyo mandato ha caducado, entre ellos, el presidente Pedro González-Trevijano, ha impedido que el intento de "amordazar al Parlamento", en palabras del presidente Sánchez, se consumara. Mientras, el PP sigue erre que erre: el presidente del Gobierno intenta reformar el Código Penal mediante dos enmiendas a una ley que nada tiene que ver. Y es cierto, pero esto ya ocurrió antes -y lo hizo el PP en el Gobierno-, se recurre al Tribunal Constitucional y no pasa nada. Pero se vota primero, y ésa es la peligrosa novedad: pedir cautelarísimas para frenar una votación. Es más, una votación en el Congreso, sede de la soberanía popular, la tuya y la mía; sede del corazón de la democracia.

Con el intento de bloqueo del voto parlamentario (el tuyo y el mío, insisto), jueces reaccionarios y PP (Vox hace tiempo que va a cara y pecho descubiertos) se arrancaron las máscaras a la vez y enviaron un mensaje clarísimo: "Miren, ya está bien, que ustedes no pueden seguir intentando renovar las mayorías de la cúpula judicial, porque ésta nos pertenece y -parafraseando a Dolores de Cospedal- 'o nosotros, o el caos'. Convoquen elecciones y dejen paso".

La revuelta judicial y del PP-Vox ha conseguido frenarse a tiempo, y no llegaron ni la sangre al río ni las togas al Parlamento: el jueves se pudieron votar las dos reformas del Gobierno al Código Penal. El pleno del Constitucional, no obstante, ha sido convocado para el próximo lunes y la votación de las reformas del Código Penal estará el jueves en el Senado. Todo sigue siendo posible, pues, con una (ultra)derecha política y judicial echada al monte, en una actitud inédita en los 40 años de democracia, así que eviten arrellanarse en el sofá, que a lo mejor hay que ir hasta el Senado para asegurar que nuestro voto se respeta.